Cada vez el tiempo para cruzar ahí es mayor sin tomar en cuenta que entre los pasajeros de vehículos particulares y camiones de los llamados foráneos viajen adultos mayores, niños y personas vulnerables de todo tipo
LA COLUMNA de El Diario / miércoles, 23 diciembre 2020 |
-Ni baños en un Precos innecesario
-Desolada la subasta del lujoso Bell 429
-Siguen en pleito por las designaciones
-Hoy quieren al magistrado en la cárcel
En el conflicto por el agua de la presa La Boquilla quedó establecido por enésima vez que los militares son muy peligrosos para la sociedad en tareas policiacas. Mataron a una mujer y dejaron gravemente lesionado a su marido tras protestas masivas.
Desde hace muchos años los conductores de la carretera Juárez-Chihuahua, de norte a sur y de sur a norte, deben lidiar con el carácter agresivo de los militares instalados en el llamado Precos del kilometro 321; ahora también con los soldados ¿o elementos? de la Guardia Nacional.
Cada vez el tiempo para cruzar ahí es mayor sin tomar en cuenta que entre los pasajeros de vehículos particulares y camiones de los llamados foráneos viajen adultos mayores, niños y personas vulnerables de todo tipo.
Es común observar las dificultades enormes de los adultos mayores y niños salir de los vehículos y buscar algún arbusto entre los arenales de Samalayuca para desfogar urgencias fisiológicas.
Ni por Covid ni por medidas sanitarias han sido instalados ahí baños y/o algún puesto de socorro médico al menos básico para gente que enferma con esperas de una a tres horas.
Las consideraciones por salud son cero. Es un simple puesto militar, además feo; de pésimo aspecto en muchos sentidos. Descuidado. Menos que tercermudista. Y por supuesto, incluye vendedores ambulantes.
Irónicamente los soldados argumentan a los conductores que las revisiones son “por su seguridad”, para evitar tráfico de armas o de drogas, pero someten a inspección a todo mundo como si todo mundo portara armas y traficara drogas.
Pero luego son de risa y enojo los “protocolos”: “¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿A qué se dedican?, “Bajen del vehículo para revisarlo”.
La moderna herramienta de inspección es un desarmador de paleta con el que pican al vehículo por todas partes. Hay que abrir las maletas o pasarlas por unos supuestos “rayos gama” que no cargan historial de haber detectado cargamento ilegal alguno. Al transporte de carga lo tratan peor que los estadunidenses al transporte de carga en los cruces internacionales.
Allá en las oficinas centrales de la Cuarta Transformación saben mejor que nadie –muchos de ellos son hijos del ´68- que el Ejército podrá ser coadyuvante en desastres naturales o en algunos temas de seguridad nacional pero de ninguna manera para asuntos policiacos.
Por eso en Delicias mataron a una mujer, por eso no saben cómo tratar, ni cómo valorar, ni cómo interrogar a los civiles en un retén como el de Samalayuca. Por eso los grandes cargamentos de droga, cuando son decomisados, son descubiertos en Juárez
No vale la pena el tiempo y el gasto perdido ahí.
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La venta de la flotilla aérea de César Duarte fue uno de sus principales compromisos de campaña y anuncios formales con todo el boato que la ocasión ameritaba.
Se desgañitó y rompió vestiduras en público, casi casi, en el marco de una guerra santa por la austeridad que se convirtió en la propia versión Javier Corral; pero, oh sorpresa, prolija en gastos superfluos y banalidades, que hoy tienen a la administración estatal con la mano extendida por un préstamo millonario de último momento para terminar la administración.
Como era de esperarse, fue un rotundo fracaso la mentada austeridad, las aeronaves continúan dándole servicio al titular del ejecutivo estatal como en los mejores tiempos del duartato, en opacidad completa y negando las solicitudes de transparencia.
De Chihuahua a México, a Mazatlán, al sur de los Estados Unidos, a donde haya menester, faltaba más.
Y así será hasta que se llegue el momento en que deba entregar la gubernatura, porque por más subastas que se organizan las aeronaves no salen.
Tronó ayer de nuevo la convocatoria pública de venta del Bell 429, la SH/DBMYM/06/2020 que se supone ya estaba apalabrada. Será que hubo pluma cuata en el sobreprecio de 640 mil dólares en relación con la última subasta, por cierto, también desierta.
Ni una mosca se paró a las oficinas del Centro de Capacitación mejor conocido como CECADE, allá en el centro de Chihuahua. Debe haber corrido como reguero de pólvora la manipulada en el precio base de la puja, en un procedimiento manoseado a más no poder.
Cuatro largos años de deterioro de las aeronaves estatales por el uso inclemente al que son sometidas, 24/7, todo con irresponsable costo de los ciudadanos, que deben pagar los platos rotos.
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Pese a los últimos resolutivos del Consejo Estatal del PAN, cuyos cinco puntos muy claros pueden verse en una imagen que mostramos en la versión digital de La Columna, hay panistas que parecen interesados en profundizar la división interna.
Ya se aprobaron las alianzas con candados específicos: que no haya designaciones directas, sino procesos abiertos para seleccionar candidatos y que las coaliciones lleven, invariablemente, abanderados panistas.
No obstante, la guerra interna sigue y con claros ataques a la aspirante puntera, la alcaldesa Maru Campos.
Desde el Comité Directivo Estatal han puesto a circular notas y documentos que muestran cómo en 2016 Campos optó por la designación directa y no pidió proceso interno. Pretenden con eso exhibir la supuesta incongruencia ahora que ella y su gente piden y han logrado procesos abiertos a la militancia.
Pero no les cabe en la cabeza que eran otros tiempos hace ya cinco años, cuando hubo gran cantidad de reuniones de diálogo entre aspirantes, auspiciadas por la dirigencia estatal de Mario Vázquez.
Ahora ni un café ha invitado la dirigente, Rocío Reza, a todos los involucrados en el proceso. Ha sido incapaz, no ha querido o no la han dejado sentarlos en la misma mesa. Ayer llegó tan temprano a una reunión en Palacio con el patrón Corral que se creyó era la encargada de abrir las puertas.
La dirigente, quien por su cuenta ofreció elecciones abiertas a la militancia cuando contendió por el cargo que ahora tiene, se ha asumido ya como parte de un bando y no como árbitro de la batalla.
Rebasados todos los topes que le han impuesto a Campos Galván desde el Palacio de Gobierno, las intentonas por descarrilarla siguen, debido a que le favorecen todos los pronósticos para que el 24 de enero, fecha de la elección interna del PAN para elegir candidato a gobernador, se alce con el triunfo.
La apuesta del grupo que representa Reza, en calidad de integrante de una facción y no como lideresa del partido, podría darle resultados en el objetivo de debilitar a la alcaldesa; pero con candidato ya electo en Morena y a más de un mes de una decisión dentro del albiazul, la campaña panista comenzará con una gran desventaja.
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En la Fiscalía General del Estado consideraron un fracaso la medida cautelar que le fue impuesta el domingo al destituido magistrado duartista, Jorge Ramírez. Es que el juez Rigoberto Flores Gómez lo envió a su casa con brazalete en vez de mandarlo al Cereso de Aquiles Serdán.
Por eso es que hoy, cuando se ha programado la audiencia de vinculación o no a proceso por enriquecimiento ilícito, querrán darle de nuevo el susto a Ramírez Alvídrez.
Las apuestas están parejas entre si habrá de doblarse o no el juez de Control penal para reforzarle a Ramírez la cautelar.
Independientemente de los tecnicismos jurídicos, la pelea que se libra en el Tribunal Superior de Justicia del Estado es política. Es sobre quiénes están dispuestos a seguir como jueces de consigna de la Fiscalía y quiénes ya quieren quitarse el estigma. Flores Gómez fue de los segundos.
La prisión se supone que es la última alternativa del sistema de justicia penal, que debe privilegiar otras medidas previas y posteriores al juicio.
Sin embargo, en esta administración se ha utilizado como una constante para castigar desde antes de una sentencia firme y para obtener confesiones. Ha sido la moderna tortura y además con un matiz de legalidad.
Por eso es que en el caso del duartista, la Fiscalía habrá de insistir en que se le retire el beneficio del arraigo y el brazalete, lo que sin duda llevará ese aspecto del proceso a las instancias de la justicia federal.
