Encapuchados, sin porte de armas… sin placas

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Otra vez regresa el desorden que directa e indirectamente favorece al crimen; eso es lo que se teme en las fuerzas estatales ahora que se materializan los cambios en la estructura de seguridad

LA COLUMNA / de El Diario / lunes, 14 septiembre 2020 |

• Encapuchados, sin porte de armas… sin placas 

• Hubo videos y VoBo de Lomas para Santinas 

• Resucita “la CTM de Morena” 

• Amenazan con boicotear al subsecretario 

La operación desaseada del secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, ha echado por la borda todo lo que allá muy pero muy al principio de la administración estatal había sido alcanzado en el control de las armas entre los miles de elementos que conforman las fuerzas estatales.

La actual administración duró tiempo en poner cierto orden en el porte de armas y las actividades realizadas por los agentes de la Policía Ministerial (FGE) y las divisiones de la Policía Estatal (SSPE-Comisión Estatal de Seguridad). 

Al comienzo del gobierno era un verdadero revoltijo. Los agentes andaban de escoltas, comisionados; desaparecidos, unos en filas, otros en operativos especiales, en fin. El porte de armas era otro problema, la licencia colectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba desactualizada y se traficaba con ella como si fueran chicles. Años se llevó retomar el control dado que son miles de elementos, miles de altas y bajas y otros movimientos que deben hacerse con agilidad y a la vez con mucho cuidado. 

Pues bien, anda por esas el caso del agente procesado por dar muerte a una psicóloga de la Fiscalía de Derechos Humanos, Alejandra N. Fue un caso lamentable ocurrido hace poco más de dos semanas en la capital del estado. El ahora detenido usaba, como al menos otros 50 que han ingresado tras la llegada de García Ruiz y Galván, porte del Estado Mayor Presidencial, órgano de la Sedena ya desaparecido. 

No estaba en la licencia colectiva de armas e incluso parece que ni sus armas estaban registradas. Otra vez regresa el desorden que directa e indirectamente favorece al crimen; eso es lo que se teme en las fuerzas estatales ahora que se materializan los cambios en la estructura de seguridad. 

Su jefe García anda más metido en el negocio de los uniformes en los Ceresos, elaborados por los propios reos, que en otra cosa. Vuelven a Seguridad y a la Fiscalía de Justicia las camionetas “oficiales” sin placas, regresan los agentes encapuchados y sin órdenes de cateo… vuelven las armas sin permisos regulares. Ha sido parte de los grandes “descuidos” a lo largo del régimen corralista, que sólo de inicio tuvo un adecuado control de armas y exámenes de confianza a los agentes. 

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Uno de tantos directores de la Coordinación de Comunicación Social, Enrique Lomas Urista, también resultó involucrado en los materiales gráficos que se produjeron en Palacio de Gobierno para un negocio privado. En otras imágenes que presentamos en la versión de La Columna –adicionales a las que ya fueron vistas el pasado sábado– aparece el funcionario de la dependencia a cargo de Manuel “Igor” del Castillo. Supervisa las tomas que se hacen en días y horas hábiles, actividad que provocó le echaran el ojo desde la Secretaría de la Función Pública. 

Lomas Urista aparece en el organigrama oficial como director de Mercadotecnia e Imagen Gubernamental. Desde 2016 ha pasado por la estructura de Comunicación como si fuera su casa, con apenas 50 mil pesitos al mes de sueldo, sin actividades definidas más allá de pasajeras ocurrencias gubernamentales y acoso, mucho acoso contra empleadas del área. Ahora al parecer desquita tan escaso sueldo en producciones privadas, bendecidas, auspiciadas, patrocinadas o como quiera llamarse, desde la dependencia que encabeza Del Castillo. El funcionario no es el único que la nómina pública de Comunicación destinó para las fotos y videos de la tienda de ropa Santinas. 

También participaron como modelos Fedra Ortiz, secretaria, y Myriam Saldívar, la relativamente nueva conductora televisiva oficial del corralismo. 

Tres empleados de Del Castillo en tan delicada misión para una empresa privada desde luego levantan sospechas sobre el nivel de compromiso del funcionario con la tienda de ropa, que presume sus creaciones y las modelos en tan importante escenario. 

El Palacio de Gobierno, por cierto, está cerrado al público desde abril de este año. Nadie entra sin autorización del alto mando con el pretexto de la pandemia. Obvio no cualquiera pudo dar luz verde a esa producción. Sólo los jefes. 

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Hoy por la mañana en el Sanborns de Paseo Triunfo de la República será presentada la nueva estructura de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCEM). En términos llanos es “la CTM de Morena” que resucita, para acabar pronto. La unión es parte de la Federación Sindical Mundial fundada en 1949 por organizaciones de izquierda de diferentes países. 

La competencia del corporativismo tricolor nació justamente tras el abandono de las causas sociales por parte de la Confederación de Trabajadores de México. La “nueva” central obrera agrupó a facciones de grandes sindicatos nacionales, como los petroleros, ferrocarrileros y mineros, entre otros. También aglutinó a la Confederación Única de Trabajadores (CUT) y a la Alianza de Obreros y Campesinos de México (AOCM). Con la suma se volvió la rival más fuerte de la central priista, aunque en los últimos sexenios poco brilló. Con la llegada de la 4T y el avance de la izquierda, la unión comenzó a consolidarse como la expresión sindical más fuerte en el país. 

Las banderas del grupo de sindicatos recuerdan viejos tiempos y esas causas olvidadas por los laboralistas de todas las corrientes, como el derecho a huelga, la libertad de asociación, completar la inacabada reforma agraria, luchar contra la intervención imperalista, etc. 

Con una organización impulsada desde el poder federal, seguramente, están resueltos sus líderes, encabezos por el oaxaqueño Valentín González Bautista, a revivir las banderas sepultadas por el neoliberalismo y la tecnocracia. 

Aquí, a nivel estatal encabezará la UGCEM el ingeniero juarense Ricardo Viescas, quien precisamente hoy habrá de presentarse junto con su plan de acción y comité estatal. 

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De la Secretaría de Gobernación aclaran que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, vendrá a Chihuahua pero no para hacerse cargo de una negociación global en el conflicto del agua. Su misión es exclusivamente dialogar con las familias de la fallecida Jessica Silva y el lesionado Jaime Torres, la pareja agredida presuntamente por agentes de la Guardia Nacional la semana pasada. 

Con amplias facultades para llegar a un acuerdo reparatorio de los daños, el subsecretario buscará previamente garantías con el Gobierno del Estado debido a que existen versiones de que los diputados panistas y productores de la región afines pretenden boicotear su visita. 

Desde la reunión de legisladores en Delicias frente al 66 Batallón de Infantería, los diputados comenzaron a convocar a la gente a impedir que Encinas convenza a las familias de los afectados a buscar un acuerdo. Han interpretado los legisladores y sus afines (esa idea han puesto a correr también), que el subsecretario viene a comprar el silencio de los afectados. Que viene a callar a las familias a billetazos federales para que ya no le muevan a la investigación y se olviden del proceso penal que tras el crimen inició el fiscal estatal César Augusto Peniche. 

Por eso Encinas buscará diferenciar el problema de derechos humanos que representa la agresión sufrida y el conflicto por el agua, con innumerables aristas. 

No viene con un cheque ni una maleta de dinero, sólo con alternativas factibles de un acuerdo reparatorio debidamente enmarcado en el procedimiento jurídico que busca acompañar la Subsecretaría a su cargo. Pero es evidente que hay corrientes que no quieren un acuerdo, sino que sigan las tensiones en aumento. 

Como si una muerte no bastara y no obligara bajarle presión al problema. Como si más gasolina necesitara el incendio.