Se han vuelto escenas comunes durante el último mes las que pueden ver pobladores de Camargo, San Francisco de Conchos y otros municipios en la zona sur del estado
LA COLUMNA / de El Diario / viernes, 16 octubre 2020 |
-Van por ‘La Reina’ por las buenas o por las malas
-Casi medio equipo de Cabada reporta contagios
-Ingrato golpe a la nómina de Salud
-Deberán demostrar que no nacieron muertos
Se han vuelto escenas comunes durante el último mes las que pueden ver pobladores de Camargo, San Francisco de Conchos y otros municipios en la zona sur del estado.
Son los militares y agentes de la Guardia Nacional que se han instalado en campamento en la presa derivadora Las Pilas, que da servicio a La Boquilla. Hay imágenes de muestra en la versión digital de La Columna.
Barricadas, caminos cerrados en media docena de comunidades camarguenses que incluso impiden el tránsito de camiones recolectores de basura, entrada y salida de transportes militares, así como aterrizajes constantes de helicópteros se han vuelto parte del paisaje.
Eso ha hecho presumir a la población que el Gobierno federal se prepara para recuperar el control, por las buenas o por las malas, de la presa La Boquilla, tomada desde el 8 de septiembre por grupos de productores y liderazgos de distintas corrientes políticas, que pretenden impedir la extracción de más agua.
Fuera del círculo del conflicto -que ha llegado hasta los más altos niveles, a la confrontación del gobernador Javier Corral y el presidente López Obrador- confirman que en efecto hay planes de ir por “La Reina”, como le llaman en el argot militar a la presa, en una especie de juego de ajedrez.
No irán solos en el operativo Ejército y la Guardia Nacional, cuyos elementos desplegados en la zona suman más de mil 500, de acuerdo con algunas versiones.
Se planea algo conjunto con el Ministerio Público Federal (Fiscalía General de la República) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Según los planes que se han conocido sin que se hayan oficializado, irán con la Ley de Aguas Nacionales en la mano, que faculta a la Federación en la administración del vital líquido contenido en toda la infraestructura hidráulica del país. También con el Código Nacional Penal, por lo que haya falta.
Se supone que a estas alturas sólo falta el visto bueno y acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para darle mayor soporte y legitimidad a la acción de la autoridad.
Total que la suerte ya está echada, sin que haya fecha clave o límite para actuar. Se da por sentado que México cumplirá con el Tratado Binacional de Aguas de 1944 con o sin La Boquilla, pero no se puede dejar esa instalación estratégica en manos de particulares por más tiempo.
***
Prácticamente todas las dependencias municipales de Juárez ya reportan contagios de Covid-19; de ahí la vuelta a las restricciones que anunció el alcalde Armando Cabada en días pasados.
La situación se ha vuelto grave porque se han disparado hasta cuatro veces las incapacidades solicitadas y autorizadas de cada dependencia. Además varios de los directores han debido aislarse en la última semana, por sospecha o confirmación de contagio.
Los mayores niveles -incluso con los titulares fuera de circulación o trabajando desde casa- se encuentran en la Dirección de Salud, que encabeza Daphne Santana; Servicios Públicos, que dirige Daniel Pando; Oficialía Mayor a cargo de Marco Lara; Instituto de las Mujeres que lleva Verónica Corchado y Asentamientos Humanos, dirigida por Arturo Ayala.
Le siguen Desarrollo Social, cuyas riendas lleva Laura Domínguez, una de las que más insistió, casi con prueba en mano, que no tenía contagios; después Miguel Mendoza del Instituto de Cultura y el área de Patrimonio Municipal, con Óscar Palacios a la cabeza.
En otro grupo con alta incidencia dentro del Ayuntamiento se encuentran la Tesorería Municipal, a cargo de Gerardo Ronquillo, además de la Secretaría Técnica donde despacha Víctor Valencia de los Santos y la Dirección de Redes, de Austin Quezada.
Esas dependencias, que en conjunto representan la mayor parte de los empleados municipales sin contar a las corporaciones de seguridad, son las que concentran a la mayoría del personal contagiado, lo que da una idea de la difícil situación que enfrenta la administración municipal y la misma ciudad.
***
Cientos de empleados del Congreso del Estado y de la Secretaría de Salud amanecieron con la ingrata novedad de que esta quincena (ayer) no les había llegado su pago.
Algunos afirman que fueron más de mil los afectados en la entidad, otros que casi llegó a esa cantidad, pero el caso es que la Secretaría de Hacienda le pegó directo a la nómina, en uno más de sus tantos yerros administrativos.
Los empleados del Legislativo no hicieron mucho escándalo, pero sí escalaron los reclamos hasta el secretario de administración, Jorge Issa, quien debió avocarse a resolver el entuerto desde primera hora de la mañana y hasta mediodía.
El retraso comprobó la queja que en corto han externado hasta los legisladores del PAN, en el sentido de que no existe autonomía ni independencia del Ejecutivo, pues Hacienda maneja los recursos a su antojo. Ahí quedó demostrado que el área de finanzas estatales convierte en mera ficción la mentada división de poderes.
El que batalló más fue el secretario de Salud, el no médico Eduardo Fernández Herrera, quien debió enfrentar a los sindicalizados del Instituto Chihuahuense de la Salud, quienes enardecidos ya estaban llamando a un paro de labores que logró abortarse antes de las 12:00 horas de ayer.
El caso de Salud es especial, por la ingratitud mostrada a los trabajadores que más se arriesgan en esta contingencia sanitaria. Ingratitud a cambio de su entrega en la peor crisis de salud de toda la historia.
Además no se descarta que haya sido un detallito armado desde la oficina del exjefe de Fernández Herrera, el titular de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por el pleito casado que tienen los berrinchudos secretarios.
Tras la crisis de unas horas, Fuentes Vélez salió muy campante a decir que ya se había arreglado el problema, sin dar explicaciones de tan vil retraso en el pago.
***
No fueron cinco pero sí tres los nuevos partidos cuyo registro ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dejó fuera definitivamente al proyecto México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Casualmente de los tres partidos que revivieron son aliados directos e indirectos de la 4T: Fuerza Social por México de expriistas, Encuentro Solidario de evangélicos y Redes Sociales Progresistas, del magisterio aliado a la exdirigente Elba Esther Gordillo, que sigue siendo la maestra más influyente del país.
Cuestionable sin duda la decisión del Tribunal luego de que el Instituto Nacional Electoral les diera una recortada por diferentes motivos. Ahora tendrán una bolsa de millones de pesos para gastar el año próximo, cortesía del erario que se encuentra en la mayor crisis económica, financiera y de salud de la historia.
Pero hay buenas noticias también. La primera es para Acción Nacional, que al no contar con la competencia de los Calderón-Zavala, sin duda podrán fortalecerse y no fragmentarse más de lo que están en las elecciones del año próximo.
La otra buena es que los nuevos partidos tienen prohibidas las alianzas formales (aunque habrá coaliciones de facto, eso ni dudarlo) a las que antes recurrían como parásitos para obtener un nivel mínimo de votación que les permitiera conservar el registro.
Ahora los minipartidos recién creados y aprobados deberán demostrar lo que valen en la confianza del electorado, sin poder asirse de los grandes para subsistir. Tendrán que demostrar que no nacieron muertos.
