Son policías pero tenían miedo de alzar la voz

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La forzada renuncia de Mendoza realmente apaciguó las aguas entre la tropa de ministeriales que, inconformes desde hace años, demandaban un cambio de director para dejar de sentir su bota en el cuello

LA COLUMNA de El Diario / lunes, 05 octubre 2020 |

• Son policías pero tenían miedo de alzar la voz

• Insólito, nomás Salud condena reducción

• A Morena ni un espacio más en la nómina

• Reelección en el Tribunal será provisional

No es broma, no escapan al miedo ni los policías estatales llamados de investigación, ésos que cargan las órdenes de aprehensión y deben comparecer en audiencias judiciales acusando a narcos chicos, medianos y del tamaño que sea necesario.

Así lo dicen en un texto que presentamos este lunes en La Columna (versión digital) y que ellos mismos hicieron circular en redes sociales: “por miedo a represalias y amenazas no levantábamos la voz”, dicen con todas sus letras.

Así reaccionaron varios grupos y unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones al concretarse la salida de Hugo Mendoza Castellanos como titular de esa área dependiente de la Fiscalía General del Estado.

Desde el jueves pasado fue formalmente relevado por el comisario Álvaro Serrano, policía federal “con permiso”.

La forzada renuncia de Mendoza realmente apaciguó las aguas entre la tropa de ministeriales que, inconformes desde hace años, demandaban un cambio de director para dejar de sentir su bota en el cuello.

Por fin se les hizo, en momentos que más necesidad existe de hacerle frente a la inseguridad y a la violencia que han marcado a la entidad.

Tras el cambio, los ministeriales pusieron a circular algunos mensajes con las fotos de sus pequeños festejos. Pueden verse unas muestras en la edición digital de La Columna. Aunque satisfechos por la remoción de uno, mantienen señalamientos contra algunos mandos que siguen en la AEI, específicamente Alberto García Ocaña en la Zona Centro, Efraín Ordóñez en la Zona Sur y al menos dos en Ciudad Juárez.

En los mensajes intercambiados entre los agentes hacen acusaciones graves. Van desde arreglos de sus jefes con el bajo mundo criminal hasta la imposición de obstáculos a las investigaciones relacionadas con asesinatos de sus propios compañeros.

Asimismo enlistan un rosario de quejas por las decisiones cuestionables que tomó el comisario Mendoza Castellanos, el gasto exagerado en viáticos de sus allegados y el ocultado desfalco en combustibles que ahora se sabe está entre los motivos del retiro forzoso del extitular de la AEI.

Los elementos se dicen dispuestos a buscar al nuevo director de la agencia, porque en verdad esperan un cambio favorable y buenos resultados de ese movimiento que se concretó a principios de este mes.

Sobre todo esperan que cesen los castigos físicos y psicológicos a los que eran sometidos durante la gestión de Mendoza; así como que sean investigados los recursos mal gastados en uniformes innecesarios, las muertes de los oficiales y las secuelas de atentados que enfrentan algunos. Todo tiene relación con la mala operatividad del exfuncionario y de sus comandantes predilectos.

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El secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, fue el único que hizo pública su postura de rechazo a una reducción del 20 por ciento que anunció el gobernador Javier Corral la semana pasada. Calificó de imposible la medida, inaplicable. En privado con su equipo dentro de la dependencia sólo agregó que era impensable en estos momentos cualquier recorte.

Fernández fue el único que habló abiertamente, mas no el único inconforme. Con sus colaboradores de confianza también se quejaron el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz y el secretario de Educación, Carlos González Herrera. Al menos de esas áreas ha trascendido información en ese sentido, falta que otras secretarías estén igual.

En el caso de Fernández Herrera se entiende porque está disparado en más de mil millones el gasto presupuestado para el Instituto Chihuahuense de la Salud, Servicios Estatales de Salud, Régimen Estatal de Protección en Salud (en proceso de liquidación) y la estructura administrativa de la Secretaría de Salud. Esos son todos los entes que componen el ramo.

Salud tenía proyectado más de 7 mil 500 millones en 2020, pero su ejercicio real rondará al cierre de diciembre los 9 mil millones, con todo y fallas, deficiencias, mentiras y simulaciones que hay en el opaco gasto estatal.

En el caso de Educación también se comprende la postura de González Herrera, por otra razón distinta: el grueso de su gasto es inercial. Es la nómina magisterial que debe pagarse sí o sí. Bachilleres, colegios, institutos, universidades grandes, medianas y chicas son minucias en comparación con los más de 20 mil millones de pesos destinados a sueldos de los maestros del sistema básico.

Se entiende, pues, que Educación y Salud sean y se crean los irreductibles del presupuesto. No así la Secretaría de Seguridad, que nació este año como mera ocurrencia y terminó por desmantelar buena parte de la Fiscalía General del Estado. Esa no ha dado resultado alguno.

Salvo la garantía de la nómina policiaca preventiva, no tiene por dónde más considerarse irreductible García Ruiz, por más que quiera colarse a ese renglón del sufrido gabinete estatal.

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Si antes al coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, le habían ofrecido llevar mano en algunas posiciones legislativas, la nueva instrucción es que ni se entere de movimientos ni se le cedan espacios, por más modestos que sean.

Así, las tres chamaqueadas que le han dado al diputado –dos veces le negaron la Presidencia y una vez la Junta de Coordinación Política– no serán las últimas.

Hasta la semana pasada tenía la oferta de intervenir en la designación del titular del próximo Órgano Interno de Control, todavía inexistente en el Legislativo, y en posiciones menores de las tres secretarías que llevan la administración del Congreso. La oferta caducó desde la pelea por la Jucopo en la que fue otra vez vencido por la mayoría panista y de minipartidos que encabeza Fernando Álvarez Monje.

El tema pasa de lo anecdótico a lo sustancial, porque si antes estaba pintada la oposición morenista en el Congreso, ahora será inexistente. Si antes medio influía o era tomada en cuenta para alguna negociación, ahora ni de chiste será invitada a la mesa de las decisiones.

La situación a la que Colunga ha llevado a su bancada es un verdadero círculo vicioso. Los diputados morenistas siempre se han movido a su antojo, negociado a sus espaldas, buscado acuerdos fuera de los intereses comunes de la fracción parlamentaria. Por ello el grupo se encuentra tan devaluado como tal y sigue pagando las consecuencias de eso.

Invariablemente seguirán por el mismo camino, cada vez tomados con menos seriedad por el resto de las fuerzas políticas.

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Sin contratiempos operó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, para lograr su reelección. Reunió todos los votos necesarios dentro de un Poder Judicial que apenas se sacude el aletargamiento que le trajo la pandemia.

La gestión que hoy comienza González Villalobos será la de su primer período completo, dado que sólo concluyó el de su cuestionado antecesor, Julio Jiménez Castro, quien fue impuesto por el corralismo sin el cuidado de las formas y luego fue obligado a retirarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegó, pues, en uno de los episodios más oscursos de la Judicatura estatal, que ya es mucho decir.

El magistrado pudo seguir porque convenció políticamente al tener el aval del Palacio de Gobierno, aunque a la gestión corralista le quedan unos cuantos meses. En lo administrativo también logró consensos por los proyectos más recientes que ha logrado concretar el TSJE, como tribunales de narcomenudeo, los especializados en justicia para las mujeres, la inversión en nuevas instalaciones y otros rubros.

La independencia real del Poder Judicial en relación al Ejecutivo fue de los grandes cuestionamientos que encontró González Villalobos en su camino por la reelección. Política y financieramente sigue sometida la Judicatura por una influyente y cerrada Secretaría de Hacienda, que hace lo que le viene en gana incluso cuando por norma está obligada a entregar recursos sin dilación a los otros poderes.

Lo político y el sometimiento financiero serán puntos claves para la nueva gestión. Tanto que desde hoy puede afirmarse que será una reelección provisional, pues no hay gobernador que no caiga en la tentación de mover a su antojo el Poder Judicial y seguramente en 2021 no será la excepción.