El mandatario y el fiscal optaron por guardar silencio sobre lo ocurrido en Casas Grandes, que es sólo una pequeña parte del enorme cementerio clandestino en que se ha convertido esa extensa región del estado
LA COLUMNA de El Diario / lunes, 16 noviembre 2020 |
• Se hacen los occisos ante más de 10 cadáveres
• App de Salud, colapsada y riesgosa
• “Morena, sin límites…” será la campaña azul
• Sería revocación materialmente imposible
Tras dos años de exigida su presencia en Parral, el fiscal César Augusto Peniche y su patrón Javier Corral aparecieron el sábado desde la comodidad de las redes sociales para anunciar la captura del presunto asesino del empresario Uriel Loya Deister.
Antes llamaron al padre de quien fuera presidente de Coparmex en aquella ciudad para darle la supuesta buena noticia. Luego salieron festivamente al Facebook a pregonar el gran logro.
Durante 26 largos meses (el crimen fue el domingo 23 de septiembre de 2018) se acumuló la falta de resultados no sólo en el caso del asesinato del joven dirigente empresarial, sino en otros miles más.
Eso y más, como otros crímenes impunes y unas autoridades estatales omisas, reclamó la gente en las mismas redes de Corral. La muestra, en la versión digital de La Columna.
Sin atender esos reclamos, el mandatario centró su mensaje en el profesionalismo con el que se manejó el caso por parte de los investigadores, quienes no se dieron por vencidos hasta identificar y dar con el paradero del acusado, identificado con el mote de “El Cabezón” o “El 309”.
En otra vertiente del triunfalista discurso dado por las redes, Corral refirió la falta de apoyo federal, para variar. Su trillado pretexto para todo, incluida la inseguridad que priva en el estado, no podía quedarse fuera.
El Estado hace milagros, hasta atiende crímenes del fuero federal y ni por eso le apoyan, fue la esencia del mensaje con claro sesgo político-partidista.
El anuncio de la detención se dio horas después de la ubicación de una narcofosa en el ejido Guadalupe Victoria en el municipio de Casas Grandes, cuyas investigaciones llevaron por su cuenta la Fiscalía General de la República, la Marina y otras áreas federales. Ante ese hallazgo Corral y su fiscal Peniche se hicieron los occisos.
De esos más de 10 cadáveres ni una palabra hubo de parte de las autoridades estatales. Claro, han incumplido desde hace años con el decreto que creó precisamente una Fiscalía Zona Noroeste, que existe sólo en el papel porque no ha sido dotada de presupuesto y menos puesta en marcha, pese a la urgencia de frenar el crimen en esa vasta zona de la entidad.
Seguramente porque el incumplimiento continúa y cualquier mínimo avance se usa como mecanismo publicitario, el mandatario y el fiscal optaron por guardar silencio sobre lo ocurrido en Casas Grandes, que es sólo una pequeña parte del enorme cementerio clandestino en que se ha convertido esa extensa región del estado.
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Presumida desde sus inicios como lo máximo en telemedicina, la app Salud Digital ya colapsó igual que todo el sistema sanitario estatal.
La aplicación fue creada por la gestión corralista para la atención a la pandemia; fue medianamente funcional hasta finales de septiembre, pues daba respuesta a la mayor cantidad de requerimientos de consulta remota y atención a casos sospechosos de coronavirus, pero desde hace algunas semanas la saturación es tal que hay miles de consultas sin atender y sin resolver, pese a la gravedad de los pacientes que la usan.
En la actualidad posee alrededor de 3 mil casos a los que de plano ya no da respuesta. Si antes a cada registro se le llamaba por teléfono y se le orientaba sobre los pasos a seguir en el supuesto de que necesitara atención médica, ahora la app ni siquiera enlaza al 911. En términos sencillos deja a los usuarios en manos de Dios, porque se traba al menor intento de seleccionar cualquier opción de las pocas disponibles.
Para colmo, ni los pacientes más pacientes aguantan el “lag” de la dichosa herramienta en cuyo desarrollo se invirtieron cientos de miles de pesos.
Esa es la razón de tan mala calificación en la Play Store de Android y la App Store de iOS. Ahí están de muestra las imágenes de las malas opiniones en la versión digital de La Columna.
Si lo anterior no fuera suficiente motivo de preocupación para el Gobierno del Estado, la situación de la app se complica tras una advertencia que envió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la cual asegura que los datos personales de 65 mil chihuahuenses fueron puestos en riesgo con esta herramienta, que es altamente vulnerable a cualquier ciberataque. Dicha advertencia la conocen en la Secretaría de Salud y el área de Tecnologías de la Información estatal, lo que ha llevado a valorar la posibilidad de desaparecerla.
Tal vez en sus inicios tuvo algo de valor la aplicación digital, antes de que la realidad de la pandemia rebasara a la autoridad estatal de Salud hasta en el mundo virtual. Ahora en estos momentos nada se perdería si es deshabilitada, porque servicio no está dando pese a los recursos públicos que se gastaron en su desarrollo.
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El senador Gustavo Madero y los diputados federales panistas de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, María de los Ángeles Gutiérrez, Mario Mata y Patricia Terrazas Baca, no van a dejar pasar la paliza que la mayoría morenista les puso en San Lázaro a todos los opositores con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
Desde el búnker azul lanzarán la campaña “Morena, sin límites…”, que busca concientizar a la población sobre los riesgos de un gobierno sin contrapesos como es el de Andrés Manuel López Obrador. Ya se vio que hizo y deshizo con el gasto federal programado para el año próximo, sin detenerse a pensar o a dialogar con las demás fuerzas políticas.
Claro que de paso la campañita ayudará al senador Madero a su posicionamiento con miras a la gubernatura, no se vaya a caer su popularidad ahora que ya va para dos semanas que el presidente no lo menciona en sus mañaneras.
Para entrar en materia los panistas van a exponer el recorte más grande de la historia en materia de aportaciones, convenios y subsidios para Chihuahua; igual la desaparición de fondos y fideicomisos, de programas específicos de apoyo a diversos grupos sociales y las nuevas disposiciones que centralizan como nunca el ejercicio del gasto.
Van directo, pues, sobre las decisiones polémicas y cuestionables del Gobierno federal de López Obrador, ante cuyas propuestas se han doblegado casi todos los legisladores morenistas, locales y federales. No han sido capaces de lograr un cambio de opinión, menos de rumbo de una administración que corta a machetazos lo que debería cortar con bisturí, como debería ser con el gasto en todos sus rubros.
Los panistas van por el desgaste de la marca que representan Morena y López Obrador, pues pasada la batalla por el presupuesto y la consiguiente derrota, ahora no hay otra cosa en la agenda que la selección de candidatos y el armado de un bloque opositor fuerte que logre doblegar la imagen presidencial en las elecciones del año próximo.
Será la urgencia de límites a Morena lo que se pretenda vender desde ahora por parte de los principales liderazgos panistas de la entidad.
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Sin presupuesto para cerrar el año y sin expectativas de un gasto aceptable para 2021, en el Instituto Estatal Electoral pretenden aventar la toalla en varios proyectos fuera de su elemental misión de organizar las elecciones locales. Entre esas tareas en riesgo está el ejercicio de la revocación de mandato con el que tan encaprichados están los enemigos del alcalde juarense, Armando Cabada.
La nueva suspensión de plazos en la recolección de firmas, la anulación de miles de éstas por irregularidades y los tiempos que se llevan los procesos jurídicos ligados al procedimiento, sólo abonan a la idea de algunos consejeros del IEE de declararse en una situación de incompetencia ante la enorme carga de trabajo.
Si se suman los tiempos perdidos entre las firmas irregulares, cuya cantidad es de alrededor de 20 días de labores de los promotores de la revocación, más los tiempos alargados por la contingencia sanitaria, el resultado es de un retraso monumental de unos dos meses y medio.
Si a todo se le suma, además, el empalme de la revocación con lo que es propiamente el proceso electoral que comenzó en octubre y los números rojos en que se encuentran las finanzas públicas, ya se está en un escenario en que lo primero es materialmente imposible de realizar.
Hacia esa definición, de hecho, apunta un predictamen interno del IEE que no ha visto la luz, pero que puede surgir en cualquier momento.
Más que a Cabada Alvídrez una resolución en ese sentido favorecería a los promotores del ejercicio y al organismo electoral. Los primeros ya tendrían justificación para bajar una bandera con la que ya no van a poder los siguientes meses, si es que vuelve a haber luz verde para seguir con la junta de firmas; el IEE, por su cuenta, se desharía de los excesos democráticos que le trajo la Ley de Participación Ciudadana.
