GPS / Columnalunes, 09 noviembre 2020 | 05:00
-La corrupción 2016-2021 no se castiga
-Pérdidas estratosféricas por encierro
-Inquietos por encuentro “Pony”-Madero
Mal gusto y colmo, la gorra y el tarro de cerveza en el rincón de su oficina en Palacio de Gobierno por parte del coordinador de gabinete de la administración estatal, Jesús Mesta. “Castigados”, le puso infantilmente.
Los chihuahuenses están de luto y llorando a sus muertos, con la crisis y el drama de las pérdidas económicas palpables y el funcionario estatal, por cierto co-responsable en tema Covid, con su sueldazo mensual de más de cien mil pesos, jugando en redes sociales.
Es el mismo que se ha gastado cientos de miles de pesos en viáticos por todo el mundo sin resultado alguno para los chihuahuenses.
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No sólo dejaron pasar más de medio año sin tomar las medidas necesarias para comprar equipo, hacer contrataciones de personal o adquirir insumos, sino que el sistema de salud fue criminalmente omiso en el mantenimiento y cuidados al equipo fundamental e indispensable para hacer frente al Covid.
Es muy difícil pensar de otra manera, cuando trasciende en radio pasillo de Pensiones Civiles del Estado que el tomógrafo, el aparato necesarísimo para determinar la gravedad del colapso pulmonar, está sin funcionar.
En todo podrá estar Alberto Herrera, el flamante director de la institución, menos donde debiera, cuidando el seguimiento puntual del equipo.
Para suplir la deficiencia no hubo de otra, nos dicen, que abrir la cartera de par en par, y se está subrogando el servicio, apoyado por otras unidades hospitalarias del sector público, pero principalmente del sector privado.
Como se sabe, Pensiones Civiles enfrenta una terrible crisis económica, porque no han podido recuperar cuotas de distintas instituciones estatales, que le adeudan cientos de millones de pesos.
En esas condiciones de quiebra, es inaudito que se presenten condiciones de falla elemental en equipo, que en el caso de los tomógrafos, es la prueba principal para detectar o confirmar daños Covid.
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Pocas posibilidades tiene un expediente de investigación iniciado en la administración corralista de llegar, ya no digamos a una sanción, sino al inicio de un procedimiento sancionatorio en la Secretaría de la Función Pública Estatal.
De más 400 expedientes abiertos de octubre de 2016 a la fecha, pocos son los que han concluido, y menos en los que se ha llegado al final, en los cuales sin rubor se ha determinado que no existen elementos para sancionar.
Eso sí, el documento cuya imagen mostramos y es resultado de una solicitud de información, la número 018442019, deja muy en claro una cosa, que las denuncias presentadas antes del corralismo, son perseguidas y sancionadas con especial eficiencia.
Hay un celo irreductible en contra de la corrupción, pero sólo en aquellos casos que no involucran a funcionarios o servidores públicos actuales. Y en las pocas excepciones, las sanciones son irrisorias.
Multas, inhabilitaciones y hasta destituciones, a los de antes, pero en la comisión de faltas durante el actual gobierno, pocos son esos casos.
Si eso ocurre en funcionarios de distintos niveles, no queremos pensar lo que ocurre con los altos mandos.
Por eso el boletín de Comunicación Social enviado a media semana, donde la Secretaría de la Función Pública niega haber archivado la denuncia contra el Gobernador por actos de corrupción en el uso dispendioso de vuelos, presentado por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, es mera retórica.
No sólo está archivada dicha denuncia, sino que se encuentra refundida en alguna caja fuerte y sellada con tres candados. No caminará ni un milímetro, hasta que se decidan simplemente a desecharla.
Mientras tanto hay que hacer tiempo, al cabo que la denuncia por obstrucción de justicia, presentada también por Pérez Cuéllar, se encuentra en las mismas circunstancias, bien guardadita en la Fiscalía General del Estado.
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Inmejorable el análisis de los politólogos y reconocidos teóricos electorales José Woldenberg y Ricardo Becerra, puntualmente replicado por Javier Corral en sus redes sociales.
El texto original en imagen en nuestra edición digital, pero con unos leves y pertinentes cambios, muy bien pudiera quedar de la siguiente manera:
“Y en materia política las tendencias no son democráticas: polarización como método diario, persistente centralización y concentración del poder en la (gubernatura del Estado de Chihuahua), desprecio y descoordinación con los (municipios), aversión hacia los organismos autónomos, hostigamiento a la crítica y a la prensa independiente, desdén por el diálogo político, rechazo al pluralismo y no pocos lances de imposición autoritaria, como (sus intentos por imponer a un candidato oficial a modo que le suceda en el gobierno, su manipulación en nombramiento de Jueces y Magistrados o la imposición de toque de queda de facto aprovechando el pretexto del Covid). Ni más ni menos. — Balance temprano: Desde la izquierda democrática por Autores varios”.
Es un retrato analítico puntual del Corralato, ni cómo negarlo.
En particular, cero acciones de apoyo a los municipios, donde existe una verdadera alerta por recortes federales y estatales.
El grito en el cielo pegado por la Asociación Nacional de Alcaldes es muy elocuente, respaldado aquí en Chihuahua por Maru Campos, la presidenta municipal.
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Números más, números menos. Si el Producto Interno Bruto de Chihuahua es del orden de los 700 mil millones de pesos anuales, cada hora que se deja de trabajar significa algo así como 79 millones de pesos en impacto económico, en el bolsillo de las empresas y de los ciudadanos.
Cientos de negocios cerrando y en pleito con sus empleados por indemnizaciones forzadas.
Durante la primer semana de encierro, se pararon casi de manera absoluta 108 horas, en que las empresas y los ciudadanos dejaron de percibir recursos con motivo del intercambio de bienes y servicios, 108 horas que en conjunto equivalen a casi nueve mil millones de pesos.
De ese tamaño, a ojo de buen cubero, es la estimación de las pérdidas ocurridas durante esta primera semana.
Los chihuahuenses esperan que el sacrificio valga la pena, porque las calles desoladas durante la noche y durante el día, son todo menos motivo de orgullo o festín controlador.
Desafortunadamente la comunidad pone los muertos y las pérdidas económicas, y el gobierno, bien gracias. No hubo anuncios de medidas paliativas, inversiones en el sector salud, nada absolutamente.
Sólo se encerraron en sus casitas en fraccionamientos de alta gama a esperar a ver qué ocurre. Irresponsabilidad total.
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Dos encuentros la semana pasada de Roberto “El Pony” Lara, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pusieron inquietos a los panistas que con ansias esperan las definiciones de candidaturas. Uno fue con el senador Gustavo Madero y otro con uno de sus principales operadores, el subsecretario de Gobierno, Carlos Olson San Vicente.
Con Madero, “El Pony” hasta presumió la foto en sus redes sociales (puede verse en la edición digital de GPS), pero con Olson parece que decidió guardarla.
“Hoy tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el senador Gustavo Madero. Vimos temas presupuestales y hablamos de proyectos estratégicos sobre el agua para la ciudad de Chihuahua”, posteó el también aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal.
Lara Rocha se había manejado “neutral” en relación a los aspirantes a la gubernatura, ya que apoyar a uno implica en automático el rechazo de los seguidores del otro. No obstante, todos saben que el funcionario está más que puesto con el equipo de Javier Corral y trata de quitarle sus aspiraciones al otro aspirante del gobernador, que es el diputado Miguel Riggs.
Pues bien, dichos encuentros con Madero y su operador que además es funcionario en el Palacio de Gobierno fueron la causa de la inquietud azul de los últimos días.
Igual esas reuniones fueron para hacer compromisos y definir la alianza en ambos proyectos… o fueron para doblegar al “Pony”, para limpiarle el camino al otro aspirante también identificado con el corralismo. Ya corren apuestas por eso, la moneda está en el aire.
