Cruzar la ciudad de lado a lado, de una colonia de los kilómetros, por ejemplo, al Hospital Infantil, puede llevar casi una hora
LA COLUMNA de El Diario / lunes, 09 noviembre 2020 |
• Un moreno saca la cara por los ‘chuecos’
• Pensaron en elecciones, no en salud
• Acta de defunción para Pensiones
• ‘Quique’ Torres en agarrón con la síndica
El diputado Benjamín Carrera Chávez logró montar al Congreso del Estado en una extraña gestión ante la Aduana y el Servicio de Administración Tributaria, para que tengan clemencia en este tiempo de restricciones, crisis de salud y económica.
Pese a ser del mismo partido que el Gobierno federal, el morenista juarense promovió el llamado a evitar que al menos por medio año se suspenda el decomiso de autos “chuecos”, con los que han sido implacables últimamente las autoridades. El razonamiento es sencillo, sólo pide una excepción a la ley en tiempos en que de facto hay un estado de excepción por la pandemia.
Más que sumarse porque sí a lo que es un llamado a misa, un acuerdo para hacer el exhorto a la Federación, los legisladores decidieron apoyar la propuesta en la última sesión del Congreso para poner a prueba al juarense en su capacidad de gestión.
Está más que sabido que las restricciones a la movilidad, incluido el servicio de transporte público, van a impactar a miles de juarenses en necesarios traslados fuera del horario y en fin de semana, ya sea porque muchos deberán laborar o porque se presenten emergencias.
Cruzar la ciudad de lado a lado, de una colonia de ‘Los Kilómetros’, por ejemplo, al Hospital Infantil, puede llevar casi una hora. Si miles de los vehículos que circulan son “chuecos” y no habrá alternativa de transporte, es previsible una cascada de multas y hasta decomisos, que han estado a la orden del día. De ahí, pues, la necesidad de pedir un cese, una suspensión temporal, no la extinción de la acción de autoridad. Una tregua pese al problema de seguridad que representan estas unidades, en un momento en que hasta la inseguridad ha pasado a segundo plano.
En fin, le dieron el voto de confianza a Carrera sin muchos cuestionamientos. Falta ver qué logra por su lado el legislador ahora que cuenta con el aval del Congreso.
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La reorientación de recursos estatales para la atención de la contingencia sanitaria fue hecha entre abril y mayo pasados con fines más electoreros que de fortalecimiento a la Secretaría de Salud.
Así lo demuestra el reporte de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, que por cierto no se ha transparentado ni actualizado. La imagen correspondiente, en la versión digital de La Columna.
Los números fríos establecen que al 21 de septiembre se habían destinado 512 millones de pesos extras al Sector Salud, más de los 357 millones previstos al inicio de la emergencia, de una supuesta bolsa de 3 mil 450 millones de pesos.
Sin embargo, a un difuso plan alimentario que operó casi en su totalidad el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya, se destinaron casi 800 millones de pesos, cuando la cifra original proyectada era de 100 millones menos. En contraparte, para programas de empleo temporal se gastaron 156 millones de pesos, menos de lo originalmente presupuestado en el plan emergente.
Sin prejuzgar sobre las prioridades definidas, el ejercicio del gasto o la realidad de tan dichoso plan que se presumió como el mejor del país por Javier Corral, está muy claro que la bandera de los apoyos sociales fue la privilegiada en la primera paralización de actividades productivas.
En el primer período rojo del semáforo epidemiológico y dado que el sistema de salud no colapsó, el gasto evidentemente se disparó en otros rubros más “convenientes”.
Hubo beneficiarios más allá de los que recibieron un apoyo mínimo en dinero. No por nada Aguilar sigue presumiéndose como el alfil de Corral para 2021, en un eventual choque dentro del PAN que afecte a los principales aspirantes.
Las consecuencias se pagan ahora, cuando no hay hospitales, camas, ventiladores, insumos ni personal que alcancen.
Está muy claro el error de cálculo, la falta de planeación, el favorecimiento a otros intereses ajenos al de la salud pública que llevaron a explotar la nueva crisis con la que lastimosamente cierra una desastrosa administración estatal.
Aunque desactualizado por presumible negligencia, el reporte que maneja el coordinador de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, está muy presente tanto en las áreas de salud estatales como en el Legislativo, ahora que vienen los tiempos de definir más gastos del cierre de año y para 2021.
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Un rescate financiero de Pensiones Civiles del Estado (PCE) es imposible el año próximo, aunque deberá hacerse algún día porque su quiebra ya es una realidad.
Esa razón es la que sirve de escudo al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien se niega a convocar a reunión de la Junta Directiva del organismo que dirige Alberto “Tito” Herrera.
La imposibilidad de intervenir el fondo creado para dar servicio médico y seguridad a los burócratas estatales y sobre todo al magisterio muestra la capacidad verdadera del titular de las finanzas públicas. La práctica de hacerse el occiso ante los problemas que tiene enfrente retrata además la esencia del régimen corralista al que sirve.
El pasivo actual y actuarial que representa PCE es enorme, alcanza exorbitantes cifras del presupuesto estatal que en la práctica lo hacen imposible de pagar. Pero no es sólo obra del fondo que maneja las pensiones y jubilaciones, sino también del desmantelamiento administrativo, las deudas, las transas, la carga burocrática creciente, falta de planeación financiera, etcétera.
La reforma a la ley que le daría algunos años de viabilidad al organismo quedó en el papel. En los hechos, el Gobierno del Estado sigue siendo el mayor deudor de PCE y las cuotas no se pagan como marca la norma. En vez de cumplir la ley y poner manos a la obra en un intento de rescate, parece que se ha tomado la decisión de recortar más personal, lo que hará menos eficiente a la institución.
Cerrarse a un plan de rescate paulatino equivale a extenderle su acta de defunción por anticipado, en perjuicio de miles de derechohabientes activos y jubilados. Por eso seguramente las protestas de la semana pasada seguirán por todo el estado.
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La síndica Leticia Ortega Martínez comenzó un agarrón con el regidor panista Enrique Torres, al acusar el desmantelamiento del sistema estatal de salud que la actual administración continuó, luego de años de abandono.
El reclamo de la funcionaria morenista fue en el sentido de que el corralismo prefirió quedar fuera del Instituto de Salud para el Bienestar y cerrarse a la colaboración federal, por lo que en estos tiempos de crisis sanitaria aparecen las consecuencias de esas decisiones políticas.
“La única explicación es el negocio que tienen con la venta de las medicinas”, publicó la síndica, lo que provocó la airada reacción del edil albiazul, de los pocos que defienden las causas estatales en la frontera.
Torres Valadez aseveró que la administración corralista recibió en ruinas el Sistema de Salud, que ha debido equipar con esfuerzos y sin la ayuda de la Federación.
No desaprovechó el edil para reprochar la desaparición del Seguro Popular, para tener una caja chica de 70 mil millones de pesos; el recorte en participaciones por más de 4 mil 600 millones de pesos y la última, la desaparición de más de 100 fideicomisos para pasar a la gran bolsa federal otros tantos de miles de millones.
“Y hablando de moches, tampoco debe olvidar a quién iban a nombrar como zar anticorrupción para las medicinas… efectivamente, a David León, el mismo que le dio todos los moches a Pío López Obrador para la campaña de quien ahora desgobierna México, y me disculpa la frase, pero el burro hablando de orejas”, así se sacó la espinita el edil panista.
