GPS / Columna / miércoles, 04 noviembre 2020 |
-Nada justifica el franco abuso en Pensiones
-Fiscalía irresponsable en asesinato de periodista
-En su apogeo, pleito legal contra regidora
Divide y vencerás, es la vieja consigna que puso en práctica el doctor Carlos Benítez Pineda, director del Hospital General, para impedir su remoción del cargo, misión que ha logrado con el apoyo del Palacio de Gobierno pese a que su destitución estaba cantada desde la Secretaría de Salud.
Cuando ya se encamina la protesta en contra de Benítez a dos semanas, el médico sigue en su cargo pese a las acusaciones de malos tratos y manejo negligente de la crisis sanitaria por más de 100 trabajadores del nosocomio. En tanto, los servicios del nosocomio están suspendidos, excepto la atención de urgencias y de pacientes internados.
En ese lapso, el doctor ha usado a personal agrupado en un pequeño sindicato de reciente creación para mostrar que existe inconformidad contra los empleados que piden su cese. La realidad es que es un grupo mayoritario el que exige su cambio y una pequeña cantidad de incondicionales el que pretende mantenerlo en esa posición.
La división que ha profundizado el médico Benítez es entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que dirige Pablo Serna, y el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Uno agrupa a casi 10 mil afiliados y el otro a menos de 500.
Más allá del peso de cada organización sindical y de la cantidad de empleados agremiados, está el hecho de que la Asamblea Permanente de Brazos Caídos instalada por los inconformes se mantiene firme, con la exigencia justificada del cese del director.
Mantenerlo en su cargo por capricho en medio de la peor crisis sanitaria de la historia resulta inconcebible, porque el hospital que podría significar un alivio a la atención de consultas por otras enfermedades diferentes al Covid, se mantiene paralizado.
La situación pareciera retar al sindicato más fuerte de empleados de la salud que hay en el estado. Irse a un paro general que afectaría al resto de hospitales y centros de salud estatales se visualiza como una acción extrema que en realidad está más cerca de lo que podría pensar la autoridad. Es un peligro enorme.
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Es increíble la forma en que se violentan con las manos en la cintura los derechos de los beneficiarios de Pensiones Civiles del Estado. Es demasiado el apremio económico que la institución enfrenta, en quiebra total, pero no justifica en razón alguna el abuso. Son unos cuantos pesos lo que se ahorran.
Por lo menos hay dos resoluciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, muy recientes ambas, en contra del organismo público estatal, donde se denuncia a dicha institución y se le enmienda la plana.
Se trata de las recomendaciones 5s.1.29/2020 y 5s.1.27/2020, en las cuales se recomienda reintegrar los beneficios de la pensión por orfandad en favor de dos mayores de edad que están estudiando.
Los jóvenes fueron privados de la pensión que durante casi diez años recibieron de la institución, bajo el pretexto de que la ley en la cual se les otorgó tenía como límite los 18 años.
Hasta ahí todo bien, pero Pensiones Civiles aplica de manera restrictiva la ley, en lugar de hacerlo progresivamente de acuerdo a la reforma constitucional de 2011, así como acuerdos internacionales e incluso criterios de la SCJN.
Eso lo saben en el departamento jurídico de pensiones y lo saben en el área administrativa, pero aún así decidieron tomar la decisión que le quitó durante un año el beneficio a los dos jóvenes estudiantes de la UACH y de la Universidad de Baja California.
Aún así, Pensiones les arrebató el beneficio, pese a que demostraron que se encontraban estudiando, con las documentales necesarias para ello.
Ahora, Arturo “Tito” Herrera, el director de Pensiones, deberá regresarles su derecho, es inevitable, el problema es el dinero que debieron recibir durante un año, y que les fue negado.
Ahí el asunto es que resultó tan malo el pinto que el colorado. La resolución de la CEDH en ningún momento ordena que se les pague el dinero que dejaron de percibir durante un año.
Es una revictimización indudable e inaceptable. Debería Pensiones sin trámite alguno darles ese dinero que arbitrariamente les quitó.
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El ministerio púbico acudió a una cita con el Sistema Integral de Protección a Periodistas y ahí les informó que no se descartaba la línea de investigación del ejercicio profesional en el homicidio del periodista Arturo Alba.
Estuvieron en la reunión, según trascendió, diversas organizaciones de periodistas y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Todos los asistentes son testigos, según nos dicen, de lo que ahí se afirmó.
Pero ahora resulta, que desde Juárez, la Fiscalía de la Zona Norte, de un plumazo, descarta las actividades profesionales del colega, sin avanzar en las investigaciones.
En las rodillas, hace lo que en antaño se ha hecho, evitar entrar a un presunto móvil de libertad de expresión.
Hay urticaria en la Fiscalía de aceptar tal extremo, para lavarse las manos en busca de una línea de indagación próxima a aspectos personales.
Puede que así sea, en el más amplio espectro de las causas, pero a unos días del homicidio, es irresponsable descartar líneas de investigación, para lavarse las manos de la responsabilidad existente en la tutela del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
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Se está desahogando en Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recurso en contra de la decisión del Tribunal Estatal Electoral, que negó la acusación de violencia política presuntamente cometida por la regidora del ayuntamiento de Chihuahua, Catalina Bustillos.
El asunto ya fue radicado y aceptadas las pruebas. Está más que vivo. En las próximas semanas podría haber resolución, que busca inhabilitar a la regidora de cualquier aspiración de carácter político e incluso, despojarla de su cargo.
