Columna / El Diario de Chihuahua / domingo, 19 julio 2020
Muy lejos de la investigación científica y el uso de inteligencia, las labores de seguridad han llegado a niveles de auténtica podredumbre.
Ha fracasado la administración corralista por comisión y omisión en su alto compromiso de garantizar tranquilidad a los ciudadanos en sus bienes y su vida misma.
Durante tres años y un poco más sostuvo en el cargo de titular de la Comisión Estatal de Seguridad a Oscar Aparicio Avendaño, un activo prestado por la extinta Policía Federal y a él le entregó en sus manos esta responsabilidad casi casi a nivel de cheque en blanco.
La consecuencia no podría ser otra. Más de ocho mil 500 muertes por asesinato, la mayoría de ellos a plena luz del día, amplios territorios cedidos al crimen organizado, una corporación policiaca podrida…
Al grado la corrupción que un escolta de la guardia personal del gobernador figura entre los cuatro policías estatales detenidos por extorsión esta semana en Cuauhtémoc.
Antes de ellos, fueron nueve los agentes estatales arrestados en Juárez por robo, extorsión y otros delitos… abuso de autoridad. Dos más se mantienen prófugos.
Por menos que esto, el autoritario titular del Ejecutivo statal emitió los decretos 080 y 086, “de aplicación eventual y temporal”, ambos a unos meses de su arribo al cargo, para asumir la seguridad pública en los municipios de Madera, Tamosachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.
Contrario a la demagogia y literatura en seguridad y protección ciudadana plasmada en dichos acuerdos, a partir de esa determinación comenzó la descomposición en perjuicio de los chihuahuenses.
Las cabeceras municipales y sus comunidades fueron literal presa del fuego y las balaceras continuas, con homicidios de alto impacto, como los ocurridos en Madera o Gómez Farías.
El caso de los doctores Godínez, padre e hijo, es de escándalo. La ruta Jiménez-Parral es un corredor cedido casi por completo a los grupos delincuenciales. Sólo hace falta extenderles escritura pública de esa rúa.
El caso Cuauhtémoc tuvo resultados funestos. El cuerpo municipal de policía completo fue arrestado junto con su director por un delito inventado de uso de armas sin permiso de la Sedena. Liberados, el joven profesionista en funciones de responsable de dicha corporación fue asesinado a las puertas de Chihuahua apenas unos días después. Hoy el alcalde convalece retirado del cargo -convenientemente- víctima de un supuesto accidente a caballo.
Nada de todo esto cambió el ánimo ni la disposición por hacer algo para recuperar o paliar al menos las condiciones de inseguridad rampante. Si con Aparicio no mejoró, sino al contrario, empeoró el estado de zozobra general, con la nueva Secretaría de Seguridad, creada exprofeso para el también tránsfuga de la Federal, Emilio García Ruiz, estamos peor.
Continúa en el mismo camino de deterioro con un 2020 desastroso.
Con un agregado que debe ser tomado en cuenta. La Fiscalía General de la República lejos de ser un elemento disuasivo, contenedor de las tropelías estatales, se convierte en detonador del problema de impunidad.
Los sicarios presos y consignados por el Estado, ya sea por la CES o por la Agencia Estatal de Investigación, son liberados por moches de nueve o 18 mil dólares, si la portación, según sea el caso, es de arma corta o larga, de las consideradas de uso exclusivo del Ejército. Ninguno de ellos llega hasta los juzgados federales sin explicación válida.
El delegado de la FGR, Ramón Badillo, que apenas el jueves volvió a posar para la foto junto al resto de los mandos policiacos y militares, con el gobernador en medio, embozados todos como gavilla con motivo del Covid, se pasea tranquilo haciendo como que hace, igual que el resto de sus homólogos, ahora metidos en la dinámica mediática en redes sociales, exposición inútil porque contrasta con los hechos delictivos a todas luces incuestionables.
Los verdaderos asuntos con indicadores clave ni tocados son.
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Es imposible no traer a la memoria las palabras que con cincel fueron escritas sobre mármol rosa portugués aquel cuatro de octubre del 2016, cuando Corral asumió la gubernatura, aún con la voz engolada de senador áureo y pontificio.
La coordinación y colaboración con municipios fue ignorada a través de los decretos ya señalados que continúan vigentes, pese a que constituyen una evidente violación a la autonomía municipal. Es el artículo 115 constitucional un tapete para el gobernador de Chihuahua, sobre el cual pisa sin consecuencia alguna.
El esfuerzo insuficiente y crímenes a la alza de lo cual se quejaba en el Centro de Convenciones es retrato fiel de lo que ocurre. Pitoniso profetizó su talón de Aquiles. Mayo tuvo un ligero descenso en homicidios, pero el acumulado del año es de horror. Son más de mil 100 a esa fecha. En 2016 recibió la entidad con un promedio de 124 homicidios mensuales, hoy es de 194. No es percepción, es realidad cruda, dolor y luto constante de las familias chihuahuenses.
La profesionalización, el servicio civil de carrera, el fin de la tortura y la extorsión, fueron palabras vanas. Su exescolta “Goyito” era una auténtica ficha. Ahí junto a él, en sus largos y aéreos paseos, caminando en las escalinatas de Palacio, es representación de la pudrición de su policía. Hacía negocios bajo sus narices y las de su jefe de escoltas, “El Capi” Escamilla, hasta con supuesto tráfico de placas.
Tuvo que ser denunciado por un valiente empresario, a quien privaron ilegalmente de su libertad y le exigían el pago de mensualidades como derecho de piso. La delincuencia organizada con placa financiada por el Estado.
Ausentes por completo y deficientes las pruebas de confianza cacaraqueadas, convertidas en simple simulación con Aparicio y hoy con Emilio García Ruiz. Su aplicación correcta pudo bien haber prevenido estas conductas.
La vergüenza expresada por el gobernador el jueves en su show morning policiaco es insuficiente. Cobijó, protegió, alentó con irresponsabilidad omisa este proceder delictivo desde el primer círculo de seguridad, hasta que fue imposible ocultarlo.
No es un hecho aislado. Los elementos estatales arrestados este mismo año en Juárez por lo mismo son prueba palpable de la descomposición policial, alentada desde los mandos.
Irónicamente con esos elementos estatales pretendió Corral acabar con la inseguridad y complicidad con el crimen organizado en los municipios en los cuales aún mantiene la bota encima.
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Atrapados entre la frivolidad cómplice y descuidada de su gobernador y la corrupción que prevalece en esferas federales, los ciudadanos enfrentan los mayores niveles de inseguridad en los últimos diez años, prácticamente escondidos en sus casas, no por Covid, sino por la pandemia de plomo.
Carece el combate a la inseguridad y el crimen organizado de una cabeza que asuma realmente su responsabilidad, lejos del ocultamiento vulgar. Es una burla que el titular de la CES, Oscar Aparicio, con todos los desmanes acreditados, ahora ocupe un puesto nacional de atención ciudadana en la Guardia Nacional, protegido por Corral en sus arreglos en lo oscurito con su amigo Alfonso Durazo, el Secretario de Seguridad Ciudadana Federal.
Bajo el argumento de no politizar el tema de la seguridad, ha navegado de muertito cómodamente, esperando que el tiempo transcurra. Pudo remediar la situación en innumerables ocasiones, pero no lo quiso hacer.
Al contrario, sus berrinchudas decisiones gubernamentales sólo empeoraron la grave y funesta situación imperante, que mantiene la entidad en un semáforo rojo violento.