LA COLUMNA /de El Diario / lunes, 06 julio 2020
Los exámenes de confianza que se aplican en la Ciudad de México han desatado el terror de los allegados a Aparicio
• En parvada huyen a examen de confianza
• Ahora los panistas proyectan a Benjamín
• Se reactiva la guarida de los expedientes X
• Hasta la reforma chiquita se estancó
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) y sus divisiones estrella comenzaron a extinguirse desde la salida de Óscar Alberto Aparicio, hace ya dos meses. La limpia “natural” que encontró el secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, fue la aplicación de exámenes de confianza.
Por piernas salieron los que tuvieron antes el control de la corporación. Los exámenes de confianza que se aplican en la Ciudad de México han desatado el terror de los allegados a Aparicio. Saben que, como alguna vez ellos los aplicaron a policías municipales en la capital del estado, pueden quedar presos en cuanto lleguen a realizarlos. Así que mejor han optado por la renuncia antes que someterse a las pruebas.
Esa fue la causa verdadera de la salida, hace siete días, del director de la División de Fuerzas Estatales, Ginés Jaime Ruiz García. Para más señas del susodicho, fue quien violó el fuero del magistrado Jorge Ramírez a finales del pasado mes de marzo. La foto de aquel entonces puede verse en la edición digital de La Columna.
Ginés huyó para evitar los exámenes de confianza que a través de otro mando ligado a Aparicio, Álvaro Serrano, actual director operativo de la CES, ordenó el secretario de Seguridad. Las intenciones no eran otras más que provocar su salida. Luego se dijo que había renunciado por razones de salud y hasta de Covid lo quisieron enfermar, pero la realidad es otra. El expediente lo tiene la nueva jefa de Asuntos Internos. Junto con el mando se fueron cuatro elementos subordinados, todos con jerarquía, entre inspectores y subinspectores.
Este será el parteaguas del relevo en el cuadro de mando de la CES, pues ya hay fila para ocupar esos puestos con los hombres de confianza del secretario. Puro chilango.
Así que deberán alistarse otros como Saúl Miranda, de la División de Inteligencia; Luis René Borunda, de la División Comercial y Bancaria; Jesús Sigala, de la Zona Centro; y Amyklar Chávez, ahora subjefe de la Zona Norte. Para todos ellos habrá citatorio a exámenes de confianza u hojita de renuncia como alternativa.
Lo preocupante es que lejos de procesarlos, si cargan con algún pecadillo en su conciencia, el secretario García Ruiz nomás pelee los puestos de mando para una nueva camarilla, la suya, y deje sin sanción a la anterior. Le apura el año de Hidalgo.
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Mientras la Secretaría de Salud mantenga el semáforo epidemiológico en color naranja, no habrá luz verde para continuar con el procedimiento de revocación de mandato del alcalde Armando Cabada. Así tal cual fue el acuerdo, la semana pasada, al interior del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), a cuyo presidente, Arturo Meraz González, no han dejado de presionar los promotores de dicho instrumento. Les ganan las ansias de ir contra la administración independiente.
Pero dicha determinación del IEE –que mandó hasta el 15 de julio su reactivación para luego sesionar y analizar la petición– no ha sido comprendida por los promotores de la revocación, que tienen acumulados dos expedientes. Ambos están en la fase previa a un pronunciamiento de la autoridad electoral, paso indispensable para transitar a la colecta de firmas que ya quieren comenzar pese a estar en plena emergencia sanitaria. Les urge tratar de “ablandar” hacia el 2021.
“En este tipo de procesos resulta indispensable llevar a cabo actividades de contacto directo entre personas, lo cual implica riesgos muy grandes de contagio”, ha sido la postura del IEE, con base en la cual acordó la suspensión de plazos legales.
De esta forma, no hay más plazos que los decididos por las áreas de Salud del Estado y la Federación. No hay manera de fijar, por ahora, siquiera estimaciones de cuándo podría reactivarse el procedimiento de la revocación que marca la ley.
Y el mayor problema es que apunta a empalmarse, éste y otros mecanismos de la Ley de Participación Ciudadana, con el arranque del proceso electoral justo de 2021, que formalmente inicia el primero de octubre.
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Un valioso favor parecen hacerle en el PAN al diputado morenista Benjamín Carrera Chávez, quien fue denunciado por el albiazul ante el Instituto Estatal Electoral por actos anticipados de campaña. Curiosamente, mientras están suspendidos los plazos de casi todos los procedimientos jurídicos, el pasado 30 de junio llegó al Congreso del Estado la notificación formal de un proceso contra el legislador juarense.
Una copia del escrito puede verse en la versión digital de La Columna.
En el oficio se le notificó a Carrera que era protagonista del expediente IEE-PS0-08/2020, iniciado en su contra por Luis Carlos Rivera, representante del PAN ante la autoridad electoral.
Lo acusa por hechos de febrero de 2020, al haber promocionado su informe de labores como diputado fuera de tiempo vía redes sociales.
Eso lo considera actos anticipados de campaña. La sonrisa de satisfacción del diputado era inocultable, pues ni quién se acordara de su informe y menos de sus supuestas aspiraciones por la alcaldía juarense.
Ahora quien haya tomado la decisión de denunciarlo sólo le dio oxígeno al desaparecido morenista.
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Hasta la reforma electoral chiquita se estancó. Venció el plazo para hacer modificaciones en la materia y los ayuntamientos ignoraron la circular del Congreso del Estado mediante la cual se enviaron los posibles cambios constitucionales.
Se había advertido con anticipación que muchos de los alcaldes con aspiraciones, entre ellos los independientes Armando Cabada y Alfredo “El Caballo” Lozoya, así como la panista María Eugenia Campos, no tenían prisas en aprobar ocurrencias a los legisladores. Y así pasó.
Los efectos de las reformas –que eliminan el límite de edad de 70 años para los candidatos a gobernador y reducen a 18 años otras candidaturas– habrán de verse, si se aprueban en los municipios, hasta 2024.
Quienes pretendan competir con esos requisitos, por lo tanto, deberán primero demandar en juicio de garantías que les permitan la inscripción.
Así terminó el episodio de las urgencias electorales del gobernador Javier Corral, a quien le desecharon su propuesta de elecciones primarias y otras; luego vino un segundo período extraordinario de sesiones que, está a la vista, tampoco dio resultados favorables.
Todo por planteamientos a las carreras e inoportunos. Total que las reglas del juego 2021 ya no se mueven, quedan como están después de tanto brinco innecesario.
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El fin de semana reportaron una intensa actividad en la antigua Casa de Gobierno de la capital del estado. Dicho inmueble supuestamente sería vendido por la administración corralista. Ha quedado como una de tantas promesas sin cumplir. Ahora sigue siendo la base de la desgastada Operación Justicia.
Debido a la emergencia sanitaria, durante meses sólo unos cuantos abogados empleados por el Gobierno del Estado se veían por el lugar, así como equipos de tres o cuatro policías estatales para el resguardo.
Volvió poco a poco la actividad al inmueble a partir del lunes pasado, pero el viernes y el sábado se intensificó la presencia de empleados de la Fiscalía General, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno.
La reactivación de esas oficinas habrá de iniciar las apuestas sobre quiénes seguirán en la selectiva lista de indiciados que, más con fines publicitarios que de justicia, habrán de cerrar el quinquenio.
