La madrugada de un día de mayo del 2017 fue la última para el joven serrano Iván Chávez. Murió, pero de manera insólita, a manos de quienes debieran velar por su seguridad, agentes de policía
LA COLUMNA / de El Diario / domingo, 01 noviembre 2020 |
La madrugada de un día de mayo del 2017 fue la última para el joven serrano Iván Chávez. Murió, pero de manera insólita, a manos de quienes debieran velar por su seguridad, agentes de policía.
Iván salió de su domicilio en Madera junto con otros muchachos. Se dirigía a la conocida población Las Varas. Fueron interceptados y detenidos por una “patrulla” de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Los elementos de la CES regresaron a Madera y ahí entregaron a su jefe, el comandante Cecilio Hernández Martínez, a los jóvenes, cuyos familiares de inmediato fueron presa de la angustia y empezaron a buscarlos al perder comunicación con ellos.
Los muchachos fueron trasladados algunos kilómetros fuera de la ciudad de Madera, un bosque más profundo. Cecilio separó a Chávez del grupo y sin más preámbulos le soltó varios disparos, según su propia confesión.
Ahí quedó el cuerpo del joven. Los otros cuatro fueron consignados al Ministerio Público federal presumiblemente por portación de dos pistolas. Nada se ha sabido públicamente de ellos tras la muerte de su amigo.
Fueron los familiares de las víctimas quienes armaron el siniestro rompecabezas y concluyeron sobre la culpabilidad de los agentes de la CES en el crimen impensable a manos de guardianes del orden.
Intervino luego Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, de donde dependía entonces la CES y encontró como responsable de haber disparado al jefe de la corporación en la región de Madera. Hoy permanece en una cárcel de Cuauhtémoc sin posibilidad alguna que el daño mayor sea reparado.
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Este año en Juárez cobró notoriedad otra historia similar por trágica, dramática y también conmovedora.
El comerciante José Ángel Magaña Monge presentó el 31 de enero una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Zona Norte por el delito de robo a casa habitación contra una decena de agentes de la CES. Fue asesinado poco más de un mes después.
Saúl Trejo, abogado de la familia, ha relatado que Magaña tuvo el valor civil de presentar la denuncia a pesar que en reiteradas ocasiones fue amenazado para que no lo hiciera. “Si no retiraba la querella, se lo iba a llevar la chingada”. En ello le fue arrebatada la vida.
Trejo presentó videos de la noche cuando la decena de agentes prácticamente secuestraron al hijo menor de Magaña para que les abriera su casa, los condujera hacia la caja fuerte y a todas las áreas del domicilio con objetos de valor. La saquearon.
Algunos agentes iban uniformados y con capuchas; otros ni siquiera eso. Algunos vehículos rotulados con “fuerzas estatales”, uno o dos más, nada. Se llevaron hasta facturas de carros de la familia Magaña.
Es el atroz estilo policiaco-delictivo que los mexicanos han añorado dejar para la historia como anécdotas. Por infortunio sin diferencia alguna con El Infierno, La Ley de Herodes, Narco (México) y otras muchas cintas y series que retratan la realidad cruda siempre en presente. El general Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna son presente crudo.
El esfuerzo de Trejo ha prosperado más por el carácter férreo del fiscal Jorge Nava contra la impunidad aun de sus propios policías que por el interés de otras instancias gubernamentales superiores ajenas a la necesidad de protección y justicia de los juarenses.
Fueron detenidos los agentes estatales Francisco Javier H., José Luis C., José S., José Antonio R., Julián Antonio G., Manuel G., Ricardo G., Cristóbal Isaac A., y Luis Alfredo A.
Obtuvieron su libertad bajo fianza porque de inicio fue la denuncia únicamente por robo pero también hay denuncia actual en proceso por homicidio.
Igual, nada subsanará el dolor y el desamparo de la familia; tampoco la impotencia de la sociedad amenazada por quienes deben protegerla.
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La Comisión Estatal de Seguridad (CES) fue derivada por Javier Corral al inicio de su régimen por la duartista Policía Estatal Única (PEU) y entregada por completo al entonces policía federal con licencia, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.
Presumiblemente le fueron entregados mil 800 policías que tendrían funciones “tácticas directas” independientes a las realizadas por la Fiscalía General del Estado aunque siguiera formando parte de su estructura, un esquema que nunca superó Aparicio. Pretendía autonomía plena… y libertinaje soberano.
Pocos saben el embrujo que ejerció el federal sobre el gobernador al grado de ser llamado vox populi su chaperón pero durante cuatro años de criminalidad, terror y abierta corrupción lo mantuvo férreamente en su cargo como escultura renacentista, inamovible, intocable.
Con la nueva estructura “nos ponemos al nivel de otros estados, que ya han implementado este sistema y les ha funcionado muy bien, aunque aquí se diseñó especialmente para la situación de Chihuahua, al profesionalizar a los policías, que no sean improvisados, sino expertos, con un curso básico y que aprueben el control de confianza”, dijo Aparicio inflamando el pecho de orgullo y de medallas federales al ser ratificado por Corral en el cargo a principios de 2017.
Fueron esos años –y lo siguen siendo pero ya sin él- de apoteosis delictiva, de frenetismo criminal, que privó de la vida a más de nueve mil personas y convirtió grandes extensiones del territorio chihuahuense en propiedad del crimen organizado. Y así permanecen. Aquello fue falsa retórica. Simulación total de Aparicio. Engaño.
Los casos expuestos arriba significan solo botones de muestra pero son cientos los asuntos con policías de esta corporación involucrados en actos delictivos.
Depende de la CES la Policía Vial de la Ciudad de Chihuahua, convertida en una vergüenza aún para los funcionarios más cercanos a Corral. Esconden la cara cuando hablan del tema. Solo trabajan para sacar cuota de infracciones y de mordidas. Son el terror en la capital del estado. El negro historial incluye violaciones a mujeres conductoras.
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Hemos narrado alguna vez aquí otro hecho de espanto protagonizado por agentes de la CES. La desaparición en junio del 2017 de tres jóvenes cuauhtemenses, Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Daniel Valladolid Martínez y Leonardo Arcos Mora.
Los muchachos fueron detenidos por los policías y entregados a sus jefes, Jesús Cortés Jiménez e Israel Córdoba Castro. Estos nunca los consignaron a ninguna otra instancia.
Resultaron tantas las evidencias para los agentes investigadores encabezados por la entonces titular de Asuntos Internos de la Fiscalía, Erika Jasso, y para los jueces que llevaron el dilatado proceso que casi dos años después, en abril del 2019, fueron sentenciados los jefes policiacos a 28 años de cárcel por desaparición forzada, primer caso en el país con estas características.
Todavía es hora que los familiares buscan el paradero de los jóvenes o sus cuerpos. Las pruebas contra Córdoba y Castro fueron tan contundentes como su silencio para confesar si ellos mismos les dieron muerte o si los entregaron a grupos criminales que operan en la región.
Ni una disculpa, ni una ligera autocrítica de Aparicio ni menos de Corral a las familias en suplicio de por vida.
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Finalmente y por obra casi de milagro el gobernador se sacudió en diciembre pasado a Aparicio. Con la misma intensidad que lo protegió y lo aplaudió durante casi cuatro años, con esa misma animosidad le retiró la palabra y lo alejó de su círculo próximo al finalizar el 2019. Era insostenible, sí; pero prácticamente desde que sus mandos importados de la Policía Federal desplazaron a los comandantes chihuahuenses y empezaron a delinquir. Desde mediados del 2017.
Fuentes al interior de Palacio de Gobierno han dicho que Corral finalmente se cansó de las mentiras y la simulación de su mando policiaco en el combate a la delincuencia. Lo regañó varias veces entre octubre y noviembre por los altos índices de homicidios que tenían firmemente colocado al corralismo –lo tienen aún- como uno de los peores calificados a nivel nacional en materia de seguridad. Con frecuencia es el número 32 de las 32 entidades del país.
Pero a la decisión de separar a Aparicio le sumó el gobernador otra peor: crear la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, -que absorbió la CES-, colocando al frente a otro mando federal con orígenes cercanos al exsecretario de seguridad calderonista, Genaro García Luna, detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.
Imposible que el secretario, Emilio García Ruiz, fuera a cambiar el estado de cosas si desconoce Chihuahua, carga un historial negativo… y con solo un año ocho meses para que su patrón-anfitrión deje el cargo.
“Tengo la firme convicción de que contribuirá a mejorar la seguridad pública en el estado de Chihuahua, y me da mucho gusto que sea aquí en Cuauhtémoc”, dijo Corral el 7 de febrero en aquella ciudad cuando lo presentó.
Ahora faltan solo 10 meses para que se vaya Corral y también García (antes quizá este si tomara el gobernador decisiones lógicas). La inseguridad y la violencia continúan imparables por todo el estado. Erró en su aseveración de “firme convicción”.
El colofón es de terror. El martes pasado un grupo de agentes subordinados a Emilio García ingresó disparando violentamente al interior de un domicilio particular de la ciudad de Chihuahua. Mataron a la adolescente de apenas 15 años de edad, Jennifer Aylin A. M.
García se excusó como siempre aunque fuera por un par de horas, hubo intercambio de disparos entre agentes y supuestos delincuentes, dijo. Mentira, le contestaron oficialmente desde la Fiscalía: no había razones para disparar.
Tres agentes ya están detenidos pero sin esperanza de remedio presente ni futuro inmediato para los chihuahuenses. Seguirá el mismo gobernador y su misma estructura policial. Por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:20).
