Cuando creemos que no hay más sorpresas en la conducta de Javier Corral siempre salta alguna novedad, y nunca grata en beneficio de los gobernados
LA COLUMNA de El Diario / jueves, 19 noviembre 2020 |
-Cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre
-Azteca va penalmente contra Corral
-Se les hizo muy tarde a los regidores
-Le entregan ‘el gordo’ al policía Ginés Ruiz
Cuando creemos que no hay más sorpresas en la conducta de Javier Corral siempre salta alguna novedad, y nunca grata en beneficio de los gobernados.
Ayer fue sorprendido en plena sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin portar el cubrebocas. Tenemos la foto correspondiente en la versión digital de La Columna.
Recordamos que Corral fue resistente al uso de ese importante salvavidas en el inicio de la pandemia, pero reflexionó y cambió de opinión frente a la realidad de miles de fallecidos y decenas de miles de contagiados.
Se fue al otro extremo. En aras de un protagonismo mal aconsejado, creó una ley del cubrebocas que multará y mandará a la cárcel a quien no lo porte. Ya la semana entrante.
En la calle los policías amonestan y los más abusones hincan el diente a quienes no usan tal accesorio. Sorprenden a la población con una ley abiertamente inconstitucional.
La promovió Corral pero es el primero en desobedecerla porque ahí no hay quién lo moleste, ni lo multe, ni lo lleve a la cárcel. Hizo la ley para ser usada, como dice aquel viejo pero acertado dicho, aplicarla en los bueyes de mi compadre.
Y otra, ¿qué andaba haciendo en la Ciudad de México Corral si los chihuahuenses siguen esperando que cumpla su palabra de flexibilizar las severas restricciones implementadas contra la sociedad y la economía?
No andaba buscando más médicos para traer a los hospitales, o medicamentos, oxígeno, o al menos cubrebocas… estrategias confiables contra el virus; o apoyos para las miles de gentes que siguen sin trabajo.
No, ayer estuvo en la Ciudad de México únicamente para buscar una entrevista con el periodista Sergio Sarmiento y seguir peleando desde sus medios contra la Federación. Sí, solo a eso.
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Antes del 15 de diciembre próximo el Senado de la República deberá designar a magistrados estatales electorales en nueve estados del país de los que el año entrante vivirán intensos proceso electorales, el federal nacional, y locales desde diputaciones hasta gubernaturas. Chihuahua está en la lista.
Por nuestro estado conforman cinco magistrados al Tribunal Estatal Electoral, el órgano máximo de decisión en la entidad sobre la materia y espacio de eterna primavera económica para quienes laboran ahí.
Francamente es nada el trabajo durante largas temporadas que abarcan años pero con sueldos individuales de 30 mil 150 mil pesos mensuales. Más infinitos arrimadijos.
De los cinco magistrados existentes dos terminarán sus períodos: José Ramírez Salcedo, propriista; y Víctor Yuri Zapata Leos, exahijado de Javier Corral Jurado. Son quienes serán relevados. El primero de ellos anda muy anotado para ser electo de nuevo.
La lista de candidatos anda en una veintena pero es fundamental el apoyo o padrinazgo atrás de ellos para advertir las posibilidades que tienen entre los grandes electores, los legisladores en el Senado.
Tenemos a los dos primeros, Yanko Prieto y Helvia Pérez, que laboran ya como empleados menores del Tribunal pero sin respaldo importante. Adriana Villalón, también labora ahí pero apadrinada por el jefe del PAN en el Congreso y amigo de Corral, Fernando Álvarez.
Arturo Muñoz Aguirre, Secretario General del Tribunal Electoral impuesto por su presidente Julio “El Pelón” Merino, posición del PT. Erika Valdovinos, asesora del diputado de Morena, Benjamín “Benjamón” Carrera. Coral Fontes, asesora y posición del magistrado César Wong. Erika Loo, posición del “reelegible” Ramírez Salcedo.
Roxana Socorro García, exmagistrada de ese mismo órgano, apadrinada desde la Sala Superior del Tribunal Electoral federal. Yaneth Zamarripa, de raigambre priista que le ha impedido avanzar durante los últimos años. Julio César Santacruz Favela, priista, amadrinado por la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Cata Espino y la exsenadora Graciela Ortiz.
Alejandra Corral. También muy cercana a Cata y al vocero de la Secretaría de Educación Pública, Juan Ramón Flores. Esposa del juez penal Adalberto Vences. Inédita en el mundo electoral.
Georgina Ávila, consejera del Instituto Electoral, apadrinada por Javier Corral y su ahijado del fracaso a todas las posiciones que lo ha enviado, Ricardo Gándara. Mónica Contreras, del equipo del Partido del Trabajo. Guillermo López, exasesor de Marcelo González. María Elena Cárdenas, exconsejera del Instituto Electoral. Apadrinada por el exalcalde Marco Adán Quezada. Auden Rodolfo Acosta Royval. Priista. Maestro jefe de la masonería. Guillermo Sierra, experto en derecho electoral pero sin grupo por ser considerado un higadito. Y Hugo Molina, maestro universitario, sin sello al menos conocido.
Le dará taquicardia a Corral cuando sepa que en la Comisión de Justicia que participará en la elección está su entrañable enemigo el senador, Cruz Pérez Cuéllar, quien seguro tendrá mano.
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El grupo de abogados del empresario Ricardo Salinas Pliego presentó ayer una denuncia penal contra Javier Corral Jurado ante la Fiscalía General de la República.
La acusación es por violación de garantías constitucionales, la vulneración del acuerdo sanitario federal y hasta por desaparición forzada de personas, todo por el zafarrancho del pasado sábado en una sucursal de Banco Azteca de la capital del estado.
El reconocido abogado Jorge Nader Kuri fue quien presentó la querella formal a nombre del grupo financiero del también dueño de la televisora del Ajusco. La empresa demandó formalmente medidas precautorias urgentes debido a los excesos en las restricciones absurdas dictadas por Corral.
El contenido completo de la denuncia todavía no se conoce, pero lo esencial apunta a que la autoridad estatal violó las disposiciones sanitarias propias y las federales que reconocen a la actividad bancaria como esencial. Por ello, proceder a clausurar una sucursal bancaria que estaba activa dentro de las instalaciones de Elektra, como normalmente opera la empresa, fue en contra de las mismas disposiciones que establece el semáforo rojo.
Según lo que pudo conocerse, la demanda alega que la única autoridad facultada para decretar restricciones en esta emergencia es la Secretaría de Salud federal, por lo que los acuerdos y decretos que sacan los gobernadores -y que en algunos casos solo reflejan al dictadorcillo que llevan dentro- son inconstitucionales.
Así, lo que se vulneró directamente fue el derecho de los ciudadanos a tener acceso a servicios bancarios y financieros; esa situación hizo alusión una de las víctimas de la intervención policiaca del sábado en la sucursal de Azteca, solo que en palabras más sencillas: “(Corral) no nos deja trabajar y tampoco nos deja cobrar lo que nos manda un familiar de Estados Unidos… ¡Nos quiere matar de hambre!”
Desde ese punto de vista que exponen los abogados de Salinas Pliego, es irracional la restricción absoluta decretada en Chihuahua a capricho del mandatario estatal y los funcionarios a cargo de la atención a la emergencia sanitaria. Dan palos de ciego y conducen a la entidad a mayor crisis.
En fin, la denuncia seguramente la admitirá de muy buena gana la FGR y la notificará al estado en los próximos días.
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Casi medio año después de los anuncios y a cuatro meses de que la ciudad fue trastornada por las obras de la segunda ruta troncal del transporte, saldrán los regidores a aprobar un acuerdo hoy en la sesión de Cabildo para solicitar que el Ejecutivo estatal brinde más información sobre el proyecto que ha causado el rechazo de los juarenses.
Ni porque el regidor priista Jesús José Díaz Monarrez es integrante del gremio de los transportistas se le había ocurrido antes una exigencia como la que recién planteó ahora, para que el punto sea discutido en la sesión de los ediles programada para este día.
Todo apunta a que el acuerdo será aprobado, dado que los argumentos del tricolor fueron muy convincentes para los demás.
El exhorto que buscan los regidores es para llamar a los secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Gustavo Elizondo y Luis Felipe Siqueiros, a ver si por favor pueden transparentar el proyecto del transporte en Juárez que, como ya sabemos, de entrada partió en dos pedazos desarticulados la avenida Tecnológico-Triunfo de la República-16 de Septiembre, y generó problemas de circulación que amenazan con volverse permanentes una vez que la segunda troncal entre en operación.
Si los privilegiados regidores, que antes fueron convocados a unas cuantas reuniones para explicar el proyecto, tienen dudas y sospechas de que la otra troncal se encamina al mismo fracaso de la primera, ¿cómo estarán los simples mortales juarenses a los que un capricho gubernamental vino a trastornarles la vida?
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Ayer entró y salió por la puerta trasera de Palacio de Gobierno el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava. Estuvo ahí casi a las dos de la tarde, quizá solicitando a Corral su venia para ingresar a la campaña electoral 2021.
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Anunciamos aquí el nombramiento de Ginés Ruiz como jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Parral. Depende de la Fiscalía General. Llega con todo y antecedentes de irregularidades cometidas durante su paso por la Policía Federal y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES). Inmejorable coyote para cuidar a las gallinas en año de Hidalgo. Lo dicho: la lotería en zona caliente.
