Hay mucha molestia, impotencia e indignación entre el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) contra sus jefes en el estado, el general, Pedro Alberto Alcalá López, y Lorenzo Pico
LA COLUMNA de El Diario / jueves, 10 diciembre 2020 |
-Saben que murió en accidente por cansancio
-Tocó la presión a la diputada Terrazas
-A los constructores les ofreció 1,850 millones
-Seis mujeres y un hombre por el Tribunal Electoral
Hay mucha molestia, impotencia e indignación entre el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) contra sus jefes en el estado, el general, Pedro Alberto Alcalá López, y Lorenzo Pico.
A ellos responsabilizan por la muerte en un accidente tremendo sufrido por el agente Jorge Jurado Félix.
Ocurrió este martes en la entrada a Juárez, a la altura de la escultura llamada Umbral del Milenio, a unos metros de las instalaciones de la Policía Federal y muy cerca también de la garita desolada del propio INM.
Los jefes de Jurado y del resto del personal de Migración en el estado son señalados por cometer incontables abusos contra el personal bajo su mando.
Bajo esas condiciones es que Jurado habría fallecido. “El agente regresaba de una comisión seguida de cuatro días; y sin haberse tomado un solo día de descanso, lo mandaron de nuevo al kilómetro 30. No había dormido y apenas llegó lo regresaron a trabajar”, revela uno de sus compañeros en un chat de agentes de Migración.
En la versión digital de La Columna presentamos varias pantallas en las que compañeros de Jurado expresan sus condolencias y exhiben su indignación por el maltratado en la dependencia federal.
Incluyeron los agentes un par de pantallas donde el propio Jurado, horas antes de fallecer, se queja del hostigamiento y considera que “ya basta de impunidad” al interior de la corporación.
El pasado 27 de octubre murió otro agente en las mismas condiciones de acoso y abuso, José Eugenio Ibarra. Aun con neumonía lo sacaron de su casa y lo llevaron a trabajar porque “necesitaban mandar reportes a México”.
Aunque ha habido varios cambios en la dirección nacional y estatal del INM durante el nuevo régimen de la Cuarta Transformación, Tonathiú Guillén, en el país; y Héctor Padilla, en Chihuahua, las cosas en la delegación no han cambiado un centímetro. Ni cambiarán, Juárez no aparece en el radar del nuevo jefe nacional, Francisco Garduño. Ahí están los hechos.
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Javier Corral anda como poseído detrás de varios diputados no únicamente para tratar de seguir mangoneándolos con más créditos y más deuda que le ayuden a terminar su desastrosa administración, sino también para objetivos político-electorales.
El lunes por la tarde le tocó la “comparecencia” a la diputada juarense por el PAN, Marisela Terrazas, de quien ha buscado ayuda para apoyar la precampaña electoral de Gustavo Madero por la gubernatura, y de pasadita involucrarla en la estrategia de golpeteo contra la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos. Estuvieron buen rato durante la tarde-noche en las oficinas del Pueblito Mexicano.
Marisela ha tratado de conducirse de manera institucional pero hay circunstancias en las que de plano se ha negado a seguir las consignas de Palacio, como aquel intento de reforma electoral, cuando votó por la línea marcada por el equipo de la alcaldesa.
Hoy sabe que el juego es del todo por el todo, y todavía hasta el lunes antes de llegar al Pueblito su postura había sido de apoyar a Maru contra la violencia del mismo gobernador.
En su conducta futura sabremos los resultados de la presión.
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A los líderes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Juárez y Chihuahua, Luis Mario Baeza y Arnoldo Castillo Baray, el gobernador Javier Corral les ofreció mil 850 millones de pesos en obra pública para cerrar su administración.
Claro que esa oferta, en medio de una crisis económica aguda y luego de años de una gris gestión de la inversión pública, hizo aplaudir a los constructores; hasta por un momento se olvidaron de los compromisos incumplidos de todo el quinquenio, las tranzas en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), las obras prometidas y no realizadas.
Ese fue el contexto en el que la semana pasada el dirigente nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, le entregó a Corral un reconocimiento en la Ciudad de México. Fue un premio por supuesta corrupción cero en la asignación de obra pública.
Al regreso de los empresarios de la construcción es que empezaron a salir los reclamos al interior de la cámara tanto en la capital como en la frontera. Sobre todo porque dicha inversión anunciada por Corral está condicionada a que le aprueben el crédito que pidió ante el Congreso del Estado.
Para empezar, sobre el préstamo primero dijo en público que eran mil 200 millones. A los empresarios les dijo que eran mil 850 y finalmente la solicitud formal fue por mil 633 millones de pesos. Claridad cero, transparencia cero.
Pero además los constructores creen que le faltó a la CMIC analizar más a fondo el gasto en obra del llamado nuevo amanecer. Comenzó mal con Norma Ramírez Baca, en cuya gestión una remodelación menor llegaba a tardar más de un año en concluirse, y siguió peor con Gustavo Elizondo, que se ha hecho de la vista gorda con denuncias que alcanzan al menos a tres directivos a su cargo. Los retrasos ahí superan el año en cada obra por modesta que sea.
Tampoco se tomó en cuenta la destitución de Rodolfo Bermejo del Ichife, cuyas irregularidades fueron documentadas de forma oficial, independientemente de las denuncias de acoso que tenía encima.
Así que, por lo visto, pudo haber sido mero espejismo el mostrado a los constructores, una trampa en la que cayeron con la esperanza de que ahora sí habría inversión.
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Salvo un imprevisto, hoy se votará en el Senado de la República para elegir a dos nuevos magistrados electorales, los que llegarán al relevo de Víctor Yuri Zapata Leos y José Ramírez Salcedo.
De los 19 aspirantes que fueron admitidos, hasta ayer había siete finalistas o favoritos de las bancadas: Adriana Villalón Holguín, Coral Fontes Gutiérrez, Roxana García Moreno, Flor Alejandra Corral, Georgina Ávila Silva, Mónica Contreras Chávez y Hugo Molina Martínez.
De esos siete que buscan un asiento en el Tribunal Estatal Electoral, cuatro mujeres y el único hombre son impulsados por grupos panistas que, ante una mayoría morenista y con muy pocas posibilidades de negociación, casi estaban descartados.
Aventajaban hasta ayer, por lo tanto, la exmagistrada Roxana García Moreno y Flor Alejandra Corral. La primera por su carrera electoral muy extensa y la segunda también por trayectoria en el sistema de justicia. Ninguna de las dos tiene veto en contra, fuera de Morena o de cualquier otro partido; por el contrario sí tienen calorcito del morenismo.
A la vez, la idea de que fueran dos mujeres se fortalecía en el cierre del dictamen que será votado. Los legisladores parece que superaron la idea de que fuera una fórmula hombre-mujer, como pretendían algunos por equidad de género, aunque el TEE actualmente se compone de puros varones.
El caso de Molina Martínez se seguía cocinando aparte, debido a que por todos los medios su hermano Sergio Javier, consejero de la Judicatura Federal, ha tratado de convencer a los senadores de promoverlo.
En fin, hoy habrán de despejarse las incógnitas.
