Presumen nueva blindada, pero de tres millones

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Es dinero que se dilapida, que se desperdicia de manera miserable, mientras los hospitales carecen hasta de lo básico para enfrentar la pandemia

LA COLUMNA de El Diario / viernes, 27 noviembre 2020 |

-Presumen nueva blindada, pero de tres millones

-Revisan Corral y Peniche el caso Maru

-Candidatura de Morena será por encuesta

-Quedarán colgados proveedores en 2021

El Gobierno estatal es inmune a la crítica y al enojo ciudadano. Todavía no baja la marea del escándalo por la compra de una camioneta Suburban blindada con un costo superior al millón 200 mil pesos para la coordinadora de Relaciones Públicas del gobierno estatal, Alejandra Porras, y ahora nos amanecemos con una adquisición todavía de mayor impacto, ahora para el secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz.

El propio funcionario estatal respondió ayer que no ha sido objeto de amenaza alguna cuando presumió la Suburban todavía olorosa a nueva en las afueras de Palacio de Gobierno. Abrió las pesadas puertas de acero y subió el cofre para que la observara un asombrado coordinador de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice.

No justificó entonces García Ruiz haberse deshecho de su blindada anterior, -también de reciente modelo-, y haber adquirido la nueva con una muy importante diferencia de precios. La que tripulaba era de cuando mucho un millón 300 mil pesos, la nueva es de tres millones.

Toda la estructura de gobierno, en todos sus rubros, particularmente salud, educación, finanzas y justo seguridad, se han venido abajo por falta de dinero. No hay un solo peso de liquidez en la tesorería del régimen corralista; al contrario, el déficit por año ya casi alcanza los 10 mil millones de pesos.

Es incomprensible entonces el derroche de esa blindada, o de la blindada para Porras, o de tirar los 35 millones de pesos en que estaba valuada la Casa de Gobierno para construir un nuevo edificio gubernamental que lleva gastados ya seis millones de pesos en demoliciones y cimientos…

Es dinero que se dilapida, que se desperdicia de manera miserable, mientras los hospitales carecen hasta de lo básico para enfrentar la pandemia.

No hay conciencia en Palacio sobre el correcto ejercicio gubernamental. Llegaron los señores (as) para servirse, y con la cuchara más grande, no para servir.

Ofenden las imágenes que presentamos en versión digital.

No logramos fotos, pero sí pudimos comprobar que, mientras eso ocurre en el nivel de adquisiciones, Corral fue visto en la Cámara de Senadores ayer al mediodía peleando lugares para los suyos en el Tribunal Estatal Electoral, ya sea para Adriana Villalón o para Flor Corral, posición está exigida por un juez de a modo que ha llevado parte de los “expedientes X” contra el duartismo.

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Hasta muy tarde sostuvieron encerrona la tarde-noche del miércoles Javier Corral y su fiscal general, César Augusto Peniche.

Es imposible que el tema abordado haya tenido relación con los más de nueve mil 500 homicidios registrados durante su régimen; tampoco el análisis sobre el 25 por ciento de esa cantidad de asesinatos de mujeres, o de los 113 catalogados como feminicidios (con un subregistro de tres o cuatro veces más)…

Vaya, tampoco es posible que gobernador y subalterno hayan buscado salidas para cumplir con el viejo decreto legislativo que ordenó la creación de la Fiscalía de Justicia Zona Noroeste que hubiera impedido la masacre de los LeBaron y hasta la muerte de las personas encontradas en la narcofosa de Casas Grandes.

No lo dirán. Poco a poco se ha ido reduciendo la información oficial en la medida que agoniza la administración; más la relacionada con temas de seguridad, uno de los mayores fracasos del corralismo.

Entonces si no hablaron sobre nada de los asuntos urgentes para Chihuahua no queda más hipótesis de que la reunión giró en torno a la polémica entablada con la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Galván, quien acreditó el martes la persecución de que es objeto para impedir su avance hacia la campaña por la gubernatura 2021.

Ninguna debilidad ha mostrado Maru frente al aparato estatal, el miércoles mismo por la mañana presentó en la Fiscalía de Peniche una denuncia contra varios funcionarios y agentes del Ministerio Público que han participado en la persecución.

¿Qué harán con esa denuncia? Ahí debieron platicarlo el miércoles por la noche Peniche y Corral. Prefirió el gobernador incluso este encuentro que ocupar su espacio pagado en el Canal 28 siempre en ombligo de semana más o menos a la misma hora.

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Por encuesta y sin tomar en cuenta, al menos por ahora, el sexo de los aspirantes pese a la tendencia de que haya cuando menos siete mujeres en los 15 estados en juego, así viene la convocatoria de Morena para elegir a su candidato a gobernador.

A horas de que salgan las reglas para los estados, los morenistas de Chihuahua con presencia en el Comité Nacional confirmaron que el dirigente Mario Delgado ya dio luz verde para hacer la tarea. Se habrán de definir los plazos del estudio de opinión, la manera en que podrán participar, los requisitos a reunir, con el fin de que el juego sea claro.

El delegado enviado a la entidad, el senador José Ramón Enríquez, será quien lleve las riendas de la decisión y los acuerdos entre los aspirantes. Esto se debe a que muy seguramente el dirigente estatal, Martín Chaparro Payán, se inscribirá entre los contendientes, así que sería juez y parte.

Según lo que se conoce sobre los lineamientos que contiene la convocatoria, prácticamente cualquiera que lo desee podrá apuntarse como aspirante, con o sin militancia, con o sin cargo público. Todos, hombres y mujeres, serán sometidos a una encuesta filtro y luego vendrá la buena.

Todo bajo el mando del delegado especial y, obviamente, la toma de decisiones se habrá de concentrar en el Comité Ejecutivo Nacional. El ejercicio que se haga por la candidatura a la gubernatura podría repetirse, si dan los costos, para las candidaturas a las presidencias municipales, así como a las diputaciones locales y federales.

La carrera formal arrancará con la convocatoria. Las encuestas darán forma legal a una decisión que, es previsible, se tomará en Palacio Nacional.

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La Ley de Ingresos del Estado fue rebasada en la expectativa de contratación de créditos de corto plazo, pues se habían previsto en este año tres mil millones en este rubro y hasta donde se sabe desde el mes de octubre la cifra había sido superada.

Ante la imposibilidad de contratar más deuda por esta vía -con la probable variante de que podrán reestructurarse los cortos plazos y dejarse sin pagar, en caso de que cobre vigencia la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios- el golpe a los ingresos estatales podría cargarse a los miles de proveedores gubernamentales.

Así, en síntesis, aparece el primer borrador del paquete económico 2021 elaborado en la Secretaría de Hacienda, que consta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. El proyecto podría presentarse este fin de semana al Congreso del Estado, que tiene como fecha límite para recibirlo el lunes 30 de noviembre.

El recorte previsto por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, va más allá de los más de cinco mil millones de pesos que se reclaman a la Federación.

La baja en los ingresos a causa de la pandemia y el cuestionable manejo del gasto estatal, lleno de excesos pese a los discursos de austeridad, presionarán al ejercicio de los últimos meses del quinquenio corralista y serán una bomba para el siguiente titular del Ejecutivo que asuma en septiembre próximo.

Los más golpeados van a ser quienes se incluyan en los pasivos circulantes del gasto estatal, es decir los proveedores. A ellos, a quienes incluso ya se les adeudan cuatro, cinco, seis meses de pagos por servicios o productos diversos, se les cargará la cuenta al fin de la administración.

A sabiendas de esto, los empresarios no querrán hacer negocios con el Gobierno del Estado una vez que les liquiden adeudos pendientes, si se los llegan a liquidar, en este año.