Desconocemos el tamaño de la relación entre el exgobernador, César Duarte Jáquez y el célebre locutor y exalcalde cuauhtemense, Israel Beltrán Montes, pero nos aseguran que éste ha recibido llamadas telefónicas para ‘enviar refacciones’ a Miami, Florida
LA COLUMNA / de El Diario / miércoles, 22 julio 2020
-Pide Miami refacciones a Cuauhtémoc
-La pelea en Morena por los consejeros
-Números de Durazo son los de Lizzy
-Protesta y amparos contra ‘segundo Vivebús’
Desconocemos el tamaño de la relación entre el exgobernador, César Duarte Jáquez y el célebre locutor y exalcalde cuauhtemense, Israel Beltrán Montes, pero nos aseguran que éste ha recibido llamadas telefónicas para “enviar refacciones” a Miami, Florida.
La frase puede tener varias interpretaciones; algunas en estricto sentido metafórico virtud a la conocida relación extraordinaria existente entre el empresario priista y el exgobernador.
Pero también puede tomarse de manera literal. Desde Miami fueron solicitadas refacciones de algún tipo dado que Duarte tuvo o tiene entre su catálogo de negocios la compra-venta de vehículos usados. De hecho ahora es famoso el yonke de Florida donde fue detenido hace casi 15 días.
El tiempo nos dirá el tipo de refacciones pedidas, justo en momentos que Beltrán poca cabeza tendría para responder a eso tras el episodio que lo colocó en la controversia nacional e internacional por el maltrato a su locutora ahora exempleada de su empresa en Cuauhtémoc, Brenda Chacón.
El exalcalde ya movió su arsenal como defensa, en particular a las agrupaciones religiosas protestantes que lo siguen cual pastor, pero el asunto avanza en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) y de ahí ha brincado como locomotora sin frenos al Gobierno federal.
Nubes oscuras sobre el manzanero cielo cuauhtemense.
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Al calor de los tiempos electorales se cuecen las mejores habas. Conforme más se acercan los tiempos para la definición de candidaturas a cargos de elección pública, los actores principales empiezan a jalar gente de un equipo y de otro.
Es así que en las últimas semanas varios consejeros estatales de Morena, que son cercanos o afines al grupo del senador Cruz Pérez Cuéllar, han recibido la llamada de Lizzy Guzmán, la delegada local de la Secretaría de Bienestar en Juárez, para ofrecerles trabajo y distanciarlos del legislador.
Todo lo que sea necesario para ir planchando la estrategia 2021, pues son los consejeros estatales quienes deciden y aprueban las candidaturas. Hasta ahora muchos han rechazado la oferta pero otros de plano se han dejado querer, como Martha Rodríguez Tena y la hija de Linda Rodríguez, ambas miembros del consejo estatal de dicho partido.
Del otro lado tampoco pierden el tiempo. Todo indica que ya se sumaron al equipo del senador los consejeros Aarón Holguín y Jorge Medina, quienes fueron convencidos por Andrés Domínguez, secretario de Organización Estatal y operador del senador en esta frontera.
Así seguirán de intensos los amarres… y los desamarres.
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Desde la Ciudad de México hubo contacto con La Columna para aclarar que Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no mintió ni quiso minimizar sobre la violencia registrada en esta frontera.
El alto funcionario, nos aseguran, simplemente repitió en la mañanera del lunes las estadísticas que le son enviadas desde los distintos puntos de la República. Aseguró que los homicidios dolosos en Juárez bajaron de mayo a junio, lo cual es incorrecto.
En una rascada muy superficial al origen de la información encontramos un ejemplo que habla de evidente manipulación, no necesariamente de Durazo pero sí de la representante del Gobierno federal en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Juárez, Elizabeth “Lizzy” Guzmán. Su datos llegan hasta la mañanera.
Durante el fin de semana fueron registrados oficialmente en instancias estatales 32 asesinatos, pero en la página del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) aparecen sólo 12 (presentamos como prueba las imágenes en la versión digital de La Columna).
Así no habrá mayor apoyo de la Federación a Juárez y la criminalidad continuará igual. Consecuencia inmediata de la manipulación con objetivos más político-electorales que otra cosa.
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Por tres vías las organizaciones que se oponen al “segundo Vivebús” habrán de intentar ponerle freno a las obras que, dicho sea de paso, el estado comenzó sin miramientos ni consideraciones.
El primero de los caminos será el judicial, pues aunque ya hay amparos en trámite con negativa de la suspensión provisional, se prevé que alcancen más de 100 las demandas de ciudadanos ante los tribunales.
Sobre este punto de la vía judicial, vale la pena anotar la molestia que un comunicado oficial de Gobierno del Estado, signado por el consejero jurídico, Jorge Espinoza, desató en los grupos opositores. Especialmente en el Observatorio Nacional para tu salud Bio-Psico-Social, que dirige Sergio Rueda, también coordinador de la campaña “No al segundo Vivebús”.
Según la información gubernamental ya se había desechado cualquier amparo contra la segunda ruta troncal, cuando lo único que se señaló como obstáculo para la admisión del recurso fue un simple error de dedo. Nada imposible de subsanar para continuar su curso en los tribunales.
La segunda vertiente de las organizaciones será una marcha este sábado próximo desde San Lorenzo hasta la calle Centeno, por la avenida Tecnológico. Buscan con ello promover los amparos, mostrar al gobierno su molestia y concientizar sobre el daño que causaría la troncal, cuyo trazo restringiría los carriles de circulación y anularía 46 vueltas a la izquierda que tiene la vialidad.
Por último pretenden escalar el reclamo hasta Palacio Nacional, dado que también hay recursos federales involucrados en la obra que se realiza a contrapelo.
El argumento es simple, pues casi mil millones de pesos aventados a un proyecto que nadie quiere en Juárez, es un contrasentido en medio de la contingencia sanitaria y la mayor crisis económica de la historia. Serán días intensos los que vienen entre la obra y las protestas.
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En abril de 2018, con la primera Legislatura del período corralista, la bancada del PAN con apoyo de Encuentro Social sacó con una mayoría muy apretada la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
En aquel entonces la oposición representada por las juarenses Leticia Ortega, de Morena; e Isela Torres, del PRI, lograron tener una tercera parte del Congreso del Estado a favor de presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nadie lo esperaba, pero dicha demanda ahora camina en el máximo tribunal del país.
El ministro Alberto Pérez Dayán tiene listo un proyecto de resolución, cuyo sentido todavía se desconoce. Ratificará o desechará la nueva ley, en la cual se basan varios casos contra enemigos del régimen corralista, especialmente el del magistrado duartista, Jorge Ramírez.
La queja de los legisladores opositores fue porque la ley no se discutió en la Junta de Coordinación Política, se incluyó de forma arbitraria en el orden del día 6 de marzo de 2018 y se aprobó en comisiones unos 30 minutos antes de pasarse al Pleno. Todo lo que no se debe hacer en la práctica legislativa pulcra y decente.
La priista Torres Hernández lo definió claramente. La norma atendía el interés de hacer una ley que no respondía a la justicia sino a los intereses de venganza del gobernador Javier Corral.
Ahora, cuando la ley ha servido de base para varios casos, aunque uno en especial muy polémico, se tambalea en la Corte. Sólo se espera que sea agendado para su discusión en las próximas semanas y ver si los ministros le dan valor a los argumentos por los que fue impugnada.
