La orfandad tras la muerte de su madre

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Columna / El Diario de Chihuahua /miércoles, 22 julio 2020

-Como en el cine… pero de terror

-No se baja del avión el gobernador

-Explotan a sus trabajadores y ni agua les dan

Fueron seis pequeños los que quedaron en la orfandad tras el terrible homicidio de su madre en hechos acontecidos al inicio de esta semana en la colonia Punta Oriente. El criminal está plenamente identificado pero hasta ayer seguía libre.

Desde semanas antes de que se diera este asesinato, diversas personas y organismos como el Centro de Entrenamiento Emocional Flor de Loto, se acercaron para ayudar, en un esfuerzo por crear un mejor ambiente para esta familia que vivía en condiciones muy precarias, al igual que muchas que residen en Punta Oriente y distintos puntos de la ciudad.

De la autoridad ni sus luces, víspera terrible que anticipa la ausencia de apoyos gubernamentales como no sea sólo alguna despensa. Acabarán en el DIF y si les va bien con algún familiar en las mismas condiciones.

Aún existe el llamado para ayudar a los pequeños cuyo único sustento fue arrebatado por la delincuencia y ahora sufren la indolencia gubernamental. 

Es uno de miles de dramas que ha provocado la delincuencia. Es el rostro y entorno real de los desafortunados números que maneja el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, que contradicen sus propias estadísticas.

Aún más. FICOSEC hizo cálculos. Comprueba lo que desde ayer anticipamos. La tasa ha aumentado tanto en Juárez como en Chihuahua.

En el periodo enero-junio fue en 2019 de 28.3 y en 2020 de 31.3 homicidios por cada cien mil habitantes. Juárez ni se diga, de un año a otro aumentó la tasa de 45.4 a 51.2.

Ni los datos duros liberados ayer por la tarde con el reporte mensual estadístico correspondiente a junio apoyan los números del Secretario Durazo. Se confirmó el aumento de homicidios en general y dolosos en un diez por ciento en relación a mayo. 

Después de marzo, junio es la cifra más alta en homicidios con 247, con base en los números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Un golpe de realidad, como el caso dramático cuyas imágenes le mostramos en versión digital.

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Como en una película de terror donde los muertos aparecen por doquier, así vive el Estado de Chihuahua. Cierto que no es cosa de ayer, los chihuahuenses tienen años sufriendo el azote de la violencia extrema y no se vislumbra una estrategia para combatirla.

Según datos precisamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –SESNSP- durante el mes de junio se registraron 6 mil 139 delitos en general en el estado, desde robos simples hasta homicidios y secuestro. Aquí nadie se salva, todos se convierten en algún momento en “actores objetivo” de la delincuencia.

De los 11 parámetros que registra el Semáforo Delictivo, ocho están en rojo: homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, lesiones, violación, violencia intrafamiliar y feminicidios. ¿Cómo faltaría este último si se ha convertido en un estigma para la entidad?

En junio fue tomada nota de ocho feminicidios, la cifra más alta del 2020 y posiblemente también la mayor desde que se tipificó como delito en 2017. A esos se suman 16 homicidios dolosos de mujeres registrados el mes pasado, que se convierte hasta el momento, en el más violento del año.

No es de extrañar entonces que durante junio también se hayan abierto 227 carpetas de investigación por homicidio doloso con un total de 275 víctimas, todas ellas actores –voluntarios o involuntarios- de una cinta siniestra que exhibe en rojo,  la falta de voluntad de una autoridad inmutable ante lo evidente.

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Nada, ni el rebrote de Covid le impide al gobernador seguir acumulando millas como en la afamada empresa mexicana de aviación.

No se ha bajado de las aeronaves, las que son estatales y las que dice le “presta” Ismael Rodríguez, desde la semana pasada más que para atender algunas reuniones en esta capital.

El día doce de julio viajó a Querétaro para su reunión con los gobernadores panistas de la GOAN; al día siguiente a Juárez, donde destacó la visita a una maquiladora, luego tocó base en esta ciudad para aparecer en la foto de la caravana villista; el 14 fue testigo en un convenio entre Tribunal de Justicia y Registro Civil; el 15 viajó a Durango a la reunión de la alianza federalista; y el 17 voló a Chínipas y Zaragoza, donde inauguró pequeñas obras.

Ninguna necesidad hay para la mayoría de esos viajes, más que la irresponsabilidad en busca de reflectores y la foto para el boletín.

Mal mensaje, por lo de las millas acumuladas, por supuesto, lejos muy lejos de la proclamada austeridad, y porque ocurre en un contexto gravísimo por el repunte de contagios y como consecuencia de muertes por el coronavirus. De nuevo hubo aumento en contagios por más de doscientos para casi llegar a siete mil. Los muertos llegaron a 825.

Todo mundo, trabajadores y empleadores, están con los pelos de punta por el retorno al cierre total, cuando apenas empiezan a ver una lejana luz de esperanza.

Se pide insistentemente quedarse en casa, amenazando con el semáforo rojo, pero el gobernador, ni por un momento hace caso. 

Mal mensaje de comunicación que mata los millones que cuesta producir horas y horas de video para redes sociales.

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Es inexcusable la morosidad que en el ámbito estatal se trató el tema de la extinción de dominio, con detrimento de los bienes asegurados por la comisión de delitos.

La ley estatal data de 2010, un año después de que la normatividad federal fue emitida. Desde 2017, cuando se integraron carpetas por hechos delictivos, el nuevo amanecer pudo aplicarla en el caso de Duarte.

Se dejó impasiblemente transcurrir el tiempo, hasta que fue materia de una ley general emitida por el Congreso de la Unión, dejando transcurrir de nuevo largos meses desde su entrada en vigor.

En ese tanto, los bienes supuestamente adquiridos con recursos de procedencia ilícita se deterioraron y en algunos casos, como el de los semovientes, se perdieron.

Es apenas ahora cuando se anuncia que se aplicará la ley general, con adecuaciones locales, pero el tiempo perdido no se recupera, como tampoco la disminución del valor de los bienes.

Para colmo, autorizada la extinción de dominio en favor del Estado y vendidos los bienes, en aquellos casos que no se demuestre la comisión del ilícito, deberá reintegrarse su valor al precio del momento del embargo o incautación realizada.

Es un tramo largo y espinoso, herencia para la próxima administración y con cargo a los chihuahuenses.

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Deben darse prisa los legisladores en contestar el requerimiento que les llegó del Sistema Nacional de Información en relación con la obligada armonización de la Ley de Archivos.

No debe quedar archivada en algún cajón la comunicación que les llegó desde el día quince de julio, porque la consecuencia de no atenderlo es grave. Hasta destitución mediante juicio político e inhabilitación hay de por medio.

Es un requerimiento no sólo del Ichitaip, sino del Instituto Nacional de Acceso a la Información y diversas dependencias del gobierno federal, que son parte del mencionado Sistema.

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Un jornalero carga sobre sus hombros cuatro costales de chile jalapeño. Al fondo se ven las prósperas parcelas del rancho de César Aguilar, secretario municipal de Camargo, y decenas de trabajadores en la pizca común de los tiempos de cosecha. 

Es la imagen presumida en sus “estados” de WhatsApp del funcionario. Para más señas el que presume la foto es primo hermano del secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Aguilar Lozoya, y de Jorge Aldana Aguilar, presidente de la Asociación Agrícola. 

Los Aguilar han aprovechado la crisis de La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero para erigirse en los grandes defensores del agua de la entidad, que ciertamente favorece a cientos de productores de la cuenca del Conchos. 

Han salido a la defensa del agua los Aguilar… y también de sus intereses, pues sus enormes campos de cultivo demandan cantidades ingentes de agua del distrito de riego donde se encuentran asentados sus enormes ranchos. 

Pero a la vez han salido a fortalecer sus aspiraciones políticas, que no son pocas, pues el clan tiene objetivos altos: alcaldías, diputaciones federales y locales y algunos creen que hasta la gubernatura, apoyados en el arraigado apellido albiazul.

Paradójicamente pelean por las presas cuando a sus jornaleros ni un vaso de agua les dan. Esa es la denuncia que hacen llegar desde Camargo contra los Aguilar, dada la evidente explotación a la que son sometidos los trabajadores.

Paradójicamente denuncian un trato inhumano de la Comisión Nacional del Agua por el trasvase de presas, cuando a los jornaleros de cien pesos por día los tratan como si no fueran humanos. Y todavía presumen sus fotos mostrando la inalcanzable prosperidad para el que carga los costales.