De nuevo la hicieron los ‘agentes de inteligencia’ de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
LA COLUMNA / de El Diario / jueves, 29 octubre 2020 |
-Los de ‘inteligencia’ ahora matan a Jennifer
-La noticia sería que Loera no renunciara
-Les han puesto por mote ‘maña federalista’
-Otra dirigencia de Morena por encuesta
De nuevo la hicieron los “agentes de inteligencia” de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
El 7 de octubre fueron exhibidos en fotos y videos abordando por Barranco Azul al conductor de un auto Beetle, cuyo vehículo apareció horas después abandonado “con manchas de sangre” por el Camino Real. Nada se sabe aún del tripulante.
Ahora en la ciudad de Chihuahua balearon un domicilio y mataron a Jennifer Aylin A. M., de apenas 14 años de edad.
Los agentes agresores quisieron pasar los hechos como intercambio de disparos con ocupantes del domicilio de Jennifer, pidieron “refuerzos”, pero ahí mismo fueron detenidos por investigadores de la Fiscalía General del Estado porque no hallaron ni gente armada ni armas en el interior de la vivienda.
A principio del presente año, agentes de esa misma corporación prácticamente robaron a un comerciante en Juárez. Lo amenazaron para que no denunciara. El comerciante denunció y fue asesinado. Nueve agentes permanecen bajo proceso penal.
Nadie oficialmente conoce las razones por las que el secretario de Seguridad estatal, Emilio García Ruiz, creó un grupo de “inteligencia”, cuyos elementos llevan a cabo tareas de esa naturaleza sin uniforme, ni vehículos rotulados ni mucho menos placas de identificación.
Eso ha propiciado la comisión de múltiples abusos, agresiones y asesinatos. Ahora hasta de una adolescente.
Javier Corral es el jefe de Emilio García Ruiz y autor de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Es incomprensible su inmovilidad frente a los repetidos hechos en los que elementos de esa corporación son descubiertos cometiendo actos delictivos.
Una raya más al tigre del fracaso en materia de inseguridad. Unas horas después de asesinada la jovencita fueron masacrados en la misma ciudad de Chihuahua casi una decena de muchachos que habían sido levantados hasta 72 horas antes.
Las investigaciones a cargo de la autoridad estatal terminaron con la búsqueda cuando encontraron sus cuerpos acribillados.
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Encantado debe estar Juan Carlos Loera por la extraordinaria atención mediática que ha tenido su esperada separación de la jefatura del Gobierno federal en Chihuahua para regresar a la diputación federal y quedar en condiciones legales de buscar la postulación de Morena por la gubernatura para julio del año entrante.
Ha habido extremos que manejan la “renuncia” como información “exclusiva” en un exceso de saludable crema deslactosada a los tacos pero Loera nunca ha negado que buscará la nominación ni la ley ha cambiado el 31 de octubre como plazo obligado para separarse de la “coordinación de programas federales” en el estado de Chihuahua.
Es natural, por lo tanto, que Juan Carlos renuncie a su cargo y cambie de vehículo hacia su objetivo. La verdadera noticia hubiera sido que no renunciaría. Provocaría todo un océano en espuma de especulaciones.
Ahora ocurrirá que el también morenista, senador, Cruz Pérez Cuéllar, agrandará el cilindraje de su motor para meter velocidad sobre la misma candidatura a gobernador por el partido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es el principal competidor de Loera; o mejor dicho, es a quien colocan las encuestas como el más aventajado de los aspirantes hacia la gubernatura 2021. Hasta ahora.
El arribo abierto de Loera deberá meter en profundo análisis a otros dos participantes dentro del mismo partido; al consejero de Pemex, Rafael Espino; y al corralista exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, ambos evidentemente más confiados en el favor del jefe y amigo AMLO que en su capacidad de disuasión tanto hacia los electores de casa, los de Morena, como los externos, los ciudadanos que participarán en la elección constitucional.
¿Le siguen invirtiendo algo a ese proyecto inseguro o de plano tiran sus cartas y emprenden la retirada? Ese es el dilema. Si es recurso ajeno, continuarán; si es propio, ni el polvo se les verá en las semanas siguientes.
Queda de aquí a diciembre para saber no únicamente sobre sus casos, también los de otros partidos.
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“La maña federalista” -término “achilangado” que hace referencia a la mafia o a grupos del crimen organizado- es como se ha definido en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a la alianza de 10 gobernadores del país, entre los que se encuentra el de Chihuahua, Javier Corral.
A raíz de las amenazas simultáneas del pasado lunes por parte de los mandatarios y las reacciones posteriores, los expertos de la Consejería, que traen a más de tres entidades en diversos bretes por controversias jurídicas, empezaron a explorar las alternativas que plantean los gobernadores contra el régimen de López Obrador.
Para empezar no queda claro si su advertencia es dejar el Pacto Fiscal, que básicamente es el convenio mediante el cual se recaudan los impuestos que luego se reparten; o si es dejar el Pacto Federal, o sea salir de la Federación que se denomina Estados Unidos Mexicanos. No se sabe cuál es el planteamiento jurídico real porque cada uno de los mandatarios parece tener un concepto propio.
En segundo lugar, el que algunos se hayan enganchado con la idea de una consulta -y aquí en Chihuahua nomás falta que Corral quiera un plebiscito millonario para variar- sobre términos fiscales, muestra lo extraviado que se encuentran los gobernadores. Tan simple porque las cuestiones de impuestos no se consultan, si no dejarían de ser impuestos.
El punto más delicado sería una separación de la Federación, imposible en términos pacíficos y constitucionales porque la alianza (o mafia) federalista nació siendo inconstitucional. La norma máxima del país prohíbe las coaliciones entre las entidades federativas, así que en un combate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los gobernadores empezarían con el pie izquierdo.
En la conclusión de los abogados federales que trabajan en Palacio Nacional, ni siquiera saben lo que dicen los gobernadores aliados en un bloque.
Buscan antes que cualquier otra cosa ahondar la confrontación con meros fines electorales y para ello venden la utopía de separarse de una república supuestamente opresora, porque no los consiente ni les da el trato de caciques regionales al que estaban acostumbrados.
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Con la designación oficial de Mario Delgado como dirigente nacional de Morena, es muy probable que el mismo método de la encuesta, claro que susceptible al dedazo, se vaya a utilizar en los estados que como Chihuahua tienen elecciones el año próximo.
Delgado ya anunció que terminada su cuarentena por el Covid saldrá a recorrer las entidades, especialmente las que tienen proceso electoral. Pero desde ahora busca sacar el acuerdo desde la dirigencia nacional para hacer encuestas en los estados donde está vencido el período de dirigencia, como ocurre aquí con la gestión del profesor Martín Chaparro.
De hacerse, la encuesta en los estados sería la segunda quincena de noviembre, o sea en unos cuantos días. Si no, de todos modos Delgado insistirá en la necesidad de hacer los relevos, con el fin de llegar a las elecciones con una dirigencia unida.
Fuera de las interpretaciones sobre la fuerza o legitimidad con la que llegó el nuevo dirigente nacional, al Comité Estatal de Morena algunos ya mandaron avisos no oficiales de su interés en participar en un eventual relevo de Chaparro.
De Juárez podrían ir a buscar la dirigencia estatal la subdelegada federal “Lizzy” Guzmán y el diputado Ulises García Soto, mientras que de la capital irían el subdelegado Marcelino Gómez Brenes, el representante de Gobernación Omar Holguín, el excandidato Fernando Tiscareño y el coordinador de asesores legislativos, Hugo González.
Ellos serían los candidatos serios, pero en Morena todo puede pasar, dado que se la viven entre protestas internas y tribunales.