Más allá del delito que haya cometido o no el ahora fallecido, las condiciones de su muerte no pueden limitarse a culpar o investigar a la jueza por la cautelar dictada. Deben profundizar en el manejo administrativo y burocrático de su caso en medio de una emergencia sanitaria
LA COLUMNA / de El Diario / sábado, 29 agosto 2020 |
• Lo sacaron para que muriera fuera del Cereso
• Covid pone en riesgo negocio en las cárceles
• Batea Educación los derechos humanos
• Palacio le repite la dosis a Morena
Durante cinco días el exfuncionario duartista José Joaquín Lázaro López estuvo grave dentro del Cereso de Aquiles Serdán. Ya tenían la confirmación de Covid-19 desde entonces, ahora se sabe.
Lo sacaron al Hospital Central nada más para que se muriera en otro lado. Esa es la versión que llega, casi literal, de uno de los mandos operativos del penal ubicado en el municipio vecino de la capital del estado.
Los trámites para sacarlo se tardaron demasiado, pese a la gravedad de lo que ocurría dentro del Cereso.
Primero un mes antes la jueza María Alejandra Ramos Durán le había negado el cambio de la prisión preventiva por otra medida cautelar. Luego, semanas después el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, y los fiscales del caso rechazaron cualquier petición de la familia y la defensa del imputado.
La versión que sale del penal coincide en parte con una relatoría que el defensor de Lázaro López, Agustín Marván, hizo circular públicamente el pasado miércoles desde la Ciudad de México. Puede verse en la versión digital de La Columna.
“Sabemos y tenemos la conciencia que padece de Covid-19, pero las autoridades están ocultando tal circunstancia, incluso le informaron al gobernador que estaba estable y que los síntomas son cansancio y deshidratación (…) independientemente de que su prisión preventiva es injusta, el Gobierno de Chihuahua lo está asesinando para ocultar la existencia de Covid-19 en el penal”, asentó el abogado.
Marván, cabeza de una prestigiosa firma legal de la capital del país, con eso lo dijo todo. Realiza su investigación al interior del penal por la negligencia en una muerte que se pudo haber evitado con atención médica oportuna. Ya vendrán las denuncias correspondientes.
Más allá del delito que haya cometido o no el ahora fallecido, las condiciones de su muerte no pueden limitarse a culpar o investigar a la jueza por la cautelar dictada. Deben profundizar en el manejo administrativo y burocrático de su caso en medio de una emergencia sanitaria.
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En el mismo marco de la contingencia, con seis muertos y alrededor de 200 contagios en los penales estatales, no sólo han sido puestos en aprietos los jueces con las solicitudes de cambio de medida cautelar de la prisión preventiva. También la bronca alcanza a la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Nora Angélica Balderrama Cano.
La mitad de los contagios está en Juárez, así como cinco de los seis decesos. Eso obedece a que los penales de la frontera son los que se encuentran en peores condiciones.
El caso del exfuncionario José Joaquín Lázaro destapó una oleada de quejas sobre el manejo irregular de la crisis sanitaria en las cárceles.
No sólo son duartistas acusados de corrupción los que están en riesgo, aunque han sido los que lograron atención a raíz de la muerte del extitular del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas (Fideapech). Los casos de Marcelo González, Jesús Manuel Esparza y Alejandro Villarreal son unos de un montón.
Al menos en los penales de Chihuahua y Juárez, según las denuncias internas les cobran a los reos de 300 a 600 pesos por dejarlos pasar jabón y pasta de dientes, básicos de los que carecen en el interior. Ni hablar de alimentos u otras cosas para el día a día.
Eso representa ingresos millonarios no por semana sino por día, un negocio del que la subsecretaria Balderrama Cano ha pretendido desmarcarse ante el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz. Pero tantos años en esto tanto una como el otro, ni modo que entre gitanos se lean la mano.
Es en la cuestión sanitaria donde se concentra el problema, debido a que no hay agua regular, menos jabón para las manos y es imposible guardar la sana distancia entre los internos. Ello se debe a una sobresaturación en los dos penales de la capital y el otro estatal que se encuentra en la frontera.
Ahora bien, ¿cómo llegó el virus a los penales si estaban cerrados a visitas y supuestamente contaban con protocolos sanitarios? No hace falta buscarle mucho, es la corrupción de los funcionarios la que explica todo.
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Hundido en el inédito y convulso ciclo escolar recién iniciado, el secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, seguramente sigue sin tiempo para atender más de 20 reclamos pendientes de las Comisiones de Derechos Humanos.
Le sobran al secretario quejas, denuncias, recomendaciones que datan desde el año 2018 y 2019, ante las cuales no ha podido reaccionar. Pareciera que es él y sólo él quien resuelve dentro la dependencia que se lleva una tercera parte del presupuesto estatal. Como si nadie le ayudara.
Hace unas semanas se conoció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamaba la falta de atención de González Herrera y su jefe el gobernador Javier Corral, en cuanto a la falta de respuesta a las recomendaciones.
Pues bien, ahora se sabe que son 13 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos las que datan desde 2018. De ésas, 11 no fueron aceptadas e inexplicablemente sólo cinco se impugnaron ante el órgano nacional. Las otras nomás no fueron atendidas. El cuadro resumen de un documento oficial de la CNDH puede verse en la edición digital de La Columna.
Hay otras dos recomendaciones, igual o más graves, que datan del año pasado. Ninguna fue aceptada, pese a que se trata de violaciones evidentes a los derechos laborales y de libertad sindical de los agraviados.
El bateo constante a las recomendaciones estatales y nacionales de Derechos Humanos, según lo que se dice dentro de Educación, se debe a que el secretario juarense se niega a asumir las culpas de su antecesor, Pablo Cuarón. En efecto, todas tienen su origen en la gestión del anterior titular.
Pero la protección no jurisdiccional de los derechos humanos debe asumirse de forma institucional, no con una caprichosa visión personal. Tal vez eso y un abogado que le ayude es lo que le hace falta a González Herrera.
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Palacio de Gobierno le repitió la dosis a Morena con la llegada de la panista Blanca Gámez como presidenta del Congreso. Su designación fue posible porque Rubén Aguilar, del Partido del Trabajo, le dio la espalda al morenista Miguel Ángel Colunga y con ello desapareció la posibilidad de lograr los votos en contra de la propuesta albiazul.
Con Aguilar sometido a la línea de Palacio, y en contra de una alternativa morenista o una tercera opción que llevaría al verde Alejandro Gloria como propuesta, fue imposible que se armara un bloque opositor más amplio.
El petista nomás llegó, votó y se fue, dejando tras de sí a los opositores plantados con la idea de que aún podrían evitar que repitieran Gámez y el PAN en la conducción del Legislativo.
Así, a Colunga no le quedó más que aceptar una vicepresidencia para la desconocida Lourdes Valle y tomar la dirección de la Junta de Coordinación Política, a la que irá de membrete porque el PAN mantendrá y hará valer su mayoría.
Por segunda ocasión Morena se queda sin la posición y se comprueba que la alternancia política en el Congreso todavía es una quimera, como lo es la bancada morenista.
