LA COLUMNA / de El Diario / sábado, 25 julio 2020
Algo extraño ocurrió entre jueves y viernes en los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, específicamente en el almacén, ahí donde son resguardados cientos de millones de pesos en medicamentos de toda índole para todo Chihuahua
-Lo mandan de vacaciones tras ser denunciado
-El secretario de Hacienda quiere renunciar
-Segundo Vivebús repetirá el fracaso
-Veto de Corral a los profes estatales
Algo extraño ocurrió entre jueves y viernes en los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, específicamente en el almacén, ahí donde son resguardados cientos de millones de pesos en medicamentos de toda índole para todo Chihuahua.
Hemos publicado en El Diario que el jefe de esas megabodegas en la ciudad de Chihuahua y otros puntos del estado, incluido Juárez, es nada menos que el junior Isaac Manuel Escamilla, hijo de Juan Manuel Escamilla León, a su vez jefe de escoltas del gobernador, Javier Corral Jurado. Adivinen, estimados lectores, cómo junior se hizo de la posición con sueldo entre 30 y 40 mil pesos mensuales.
El jueves publicó El Diario que Isaac ha sido objeto de varias denuncias tanto por acoso laboral como por maltrato y otras anomalías del mismo tamaño con el manejo de los medicamentos.
Han sido los señalamientos tan bien documentados que una vez conocida la luz pública, Isaac se desapareció. El jueves por la tarde ya no fue visto en su oficinas y ayer “salió de vacaciones”, según fue notificado el personal.
Efectivamente la salida por piernas coincide con el período vacacional (vacaciones además de la cuarentena).
Es posible que haya iniciado el funcionario estatal su asueto laboral pero alrededor suyo hay coincidencias de que no volverá, al menos no como jefe del almacén.
Las denuncias no son una ni dos. Son tantas que su director inmediato, Alejandro Leal Almeida, ya no firma de recibidos los oficios aunque sean enviado por la dirigencia del sindicato de Salud.
El gobernador ha hecho conveniente mutis. Conoce desde hace años el problema y no ha querido poner los puntos sobre las íes por justificaciones mil dadas por su jefe de escoltas.
Quizá finalmente tomó alguna decisión que harán pública los jefes inmediatos de Escamilla a su regreso de vacaciones… o simplemente se reintegra como ha habido tantos casos por toda la administración estatal. “Enfrían” a los problemáticos unos días y luego los devuelven como nuevos.
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Otro que anda muy cerca de la puerta de salida en Palacio de Gobierno por razones distintas pero de bastante mayor peso es el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.
En el círculo cercano al funcionario de primer nivel se habla de que ya no soporta el peso de las decisiones tomadas y firmadas por decenas de miles de millones de pesos .
Fuentes es tan cercano al gobernador Corral como lo fueron varios exfuncionarios de la misma Secretaría en tiempos de César Duarte que ahora permanecen recluidos en una cárcel por corrupción, sumado ahora el propio exgobernador.
Tenemos entendido que Fuentes Vélez no la ha pasado de compras estilo mall como sus antecesores quienes hacían recorridos por pueblos y ciudades seleccionando casas, terrenos y hasta carros.
Sin embargo, el actual secretario de Hacienda sí ha estampado su firma en la reestructuración de la deuda del estado con los bancos, en pagos de las “comisiones” respectivas; en pagos sospechosos a proveedores sospechosos por cientos de millones de pesos (incluidos connotados panistas), y en otro rubro que mayormente tiene sin dormir al secretario, los famosos créditos bancarios de corto plazo por 200 millones, 500 millones, 600, 800, etc., de los que nadie fuera de Palacio de Gobierno conoce justificación ni mucho menos destino.
Esas últimas cantidades son conocidas porque sólo aparecen donde legalmente deben aparecer, los registros de transparencia hacendaria, pero no hay un solo dato ni menos explicación de porqué fueron solicitados y en que han sido gastados. Nada.
Por ese mundo encima quiere salir corriendo ya Fuentes Vélez. Experimenta en carne ajena.
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El reporte más reciente del sistema de transporte público de la frontera arroja un diagnóstico similar a lo que era hace cinco sexenios. Está en pésimas condiciones, como lo ha estado siempre, pese al moderno agregado de la primera ruta troncal del fracasado Vivebús.
La Dirección de Transporte segmenta en tres grandes renglones el sistema: el rutero, el troncal y el de personal, que usan principalmente las grandes empresas manufactureras asentadas en Juárez.
De los tres el que menos funciona es el operado directamente por el Estado. Es el que oficialmente se ha denominado Presidencia-Tierra Nueva y trastornó desde 2013 alrededor de 25 kilómetros de vialidades.
Esa primera troncal comenzó con 50 camiones y a la fecha tiene en operación menos de 30. De los servicios de primer mundo que se prometieron el sexenio pasado y que se retomaron en el actual ya ni rastros quedan. Cero Wi-Fi, basura por doquier, la mitad de los camiones sin climatización, paraderos destartalados, etc.
Si en sus inicios la ruta alcanzó los 55 mil usuarios al día, a la fecha se estima que suman cuando mucho 31 mil pasajeros.
Por eso resulta incomprensible que se quiera replicar el mismo fracaso, ahora con más de 30 kilómetros de intervención en vialidades principales, del centro hacia el sur de la ciudad por la Tecnológico y otras.
Los estudios de la demanda que tiene Transporte del Estado señalan que esa ruta movilizará a más de 160 mil juarenses. Unidades nuevas, climatizadas, paradas inteligentes y accesibles. La misma palabrería de los años pasados, sólo que ahora para un proyecto de dos mil 600 millones en total.
El nuevo parche al sistema de transporte que tantas protestas ha provocado sin duda atiende a otros intereses distintos a la eficiencia de la movilidad en la ciudad.
Debe haber algunos milloncitos en comisiones y diezmos de por medio.
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El pasado sábado el gobernador Javier Corral envió discretamente su veto a las reformas a la Ley Estatal de Educación. Estaban aprobadas desde el 12 de junio y no se habían publicado en el Periódico Oficial del Estado por esa razón.
Apoyado en algunas firmas de maestros y colectivos, el jefe del Ejecutivo presentó nueve observaciones en torno a las más de 200 reformas y adiciones que implicó la llamada armonización de la norma local con la legislación federal. Ahora el Congreso deberá responder en unos dos meses lo que considera en torno a los señalamientos del gobernador.
El veto de Corral, sin embargo, hace referencias ambiguas en torno a lo aprobado, sobre conceptos vagos como la educación inclusiva, que se repiten y repiten hasta el cansancio en las reformas; también abunda sobre el manejo, propiedad y destino de bienes muebles o inmuebles del sector.
Pero el verdadero problema – en lo que es un nuevo frente de batalla con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- es que vuelve a escamotear los pagos de incentivos, reconocimientos y prestaciones a los profesores estatales, pese a que había acuerdos previos.
El presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo, también exdirigente de los maestros del subsistema estatal, fue el primero en hacer observaciones al veto del mandatario estatal. Ya catalogó de improcedentes las reservas del Ejecutivo, por no señalarlas como meros pretextos para incumplir con las prestaciones laborales a las legítimamente tienen derecho los profes.
La tan mentada armonización y la Ley General de Educación faculta a los estados a entregar reconocimientos a los maestros; en cuanto a otras prestaciones, más allá de lo que contempla la norma nacional, se mantiene vigente el sistema prestacional local.
Vetar una norma aprobada por el Congreso y vetar inconstitucionalmente derechos laborales adquiridos son cosas muy diferentes. Es evidente, pues, que hay un regateo a la hora de cumplirles a los profes estatales, con pretextos de forma y no argumentos de fondo.
