LA COLUMNA / de El Diario / jueves, 23 julio 2020
Amigos, familiares y seguidores de José Alfredo ‘Pepe’ Vázquez Fernández, respiraron llenos de alivio la tarde de este martes cuando el también político panista reapareció tras haber sido ‘levantado’
-Levantones orquestados por ‘cárteles justicieros’
-Evitó Sotelo el cisma empresarial
-Llamadas de campaña desde Palacio
-Manda la Corte coscorrón al Congreso
Amigos, familiares y seguidores de José Alfredo “Pepe” Vázquez Fernández, respiraron llenos de alivio la tarde de este martes cuando el también político panista reapareció tras haber sido “levantado” por un grupo del crimen organizado desde el pasado 23 de junio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer durante la noche del propio martes que Vázquez “reapareció sano y salvo” en Madera.
Existe la certeza para las autoridades ministeriales que no se trató de un secuestro porque no hubo petición alguna de rescate. Él solo reapareció en las calles de Madera a pesar de un intenso operativo policiaco lanzado en su búsqueda.
Vázquez no es cualquiera en Madera. Es amigo personal del gobernador, Javier Corral; es presidente de la Junta Municipal de Agua y ha sido allá dos veces presidente municipal.
Dicho municipio borbotea en violencia. Los cárteles de Sinaloa y de Juárez (Gente Nueva y La Línea) han disputado a sangre y fuego ese territorio durante los casi cuatro años de régimen corralista. Actúan sin más control que el impuesto entre ellos. La primera semana de abril se registró uno de los últimos enfrentamientos con saldo de 19 muertos, todos del bando de Gente Nueva.
En ese escenario de infierno, no resulta ninguna sorpresa el trascendido entre las corporaciones policiacas y aun entre los “mensajeros civiles” de uno y otro grupo que el levantón de Vázquez tuvo origen en otro levantón que sigue vigente, el de la señora Ignacia Alicia Rivas Corral, una fuerte comerciante de la región que desapareció una semana antes que Vázquez, el 19 de junio.
Las pesquisas para dar con su paradero pueden verse desde Madera hasta Cuauhtémoc. Desde ayer son ofrecidos 200 mil pesos a quien ofrezca información veraz para dar con ella.
La versión generalizada en aquella región habla del supuesto involucramiento de Vázquez en la desaparición de la señora por un viejo adeudo entre ambos y de la intervención de los dos grupos criminales como “justicieros” entre una y la otra parte.
Aparentemente no se han registrado bajas hasta el momento entre Gente Nueva y La Línea por esa razón pero se debe más al intenso operativo policiaco y militar desplegado en la región en búsqueda tanto de Vázquez como de Rivas que a la falta de intenciones por seguir buscando el control de la zona.
Todo esto habla de vísperas nada halagüeñas para los pobladores de Madera y puntos vecinos. Falta que aparezca la señora Rivas y que las autoridades respectivas esclarezcan por completo su desaparición como la del propio Vázquez en su momento. Puede haber sorpresas mayúsculas.
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“Eufemismo” fue la palabra del día entre los miembros del Consejo Coordinador Empresarial ayer.
A la destitución de Manuel Sotelo como tesorero del organismo, se le dio el tono de “cierre de un ciclo”, igual que sucedió tras “cerrar otro ciclo” en el comité del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.
La diferencia entre un caso y otro es la calidad de definitivo en el segundo de ellos. Sotelo decidió permanecer dentro del organismo aun a pesar de los palos dados.
Prefirió no causar un cisma al interior y dedicar sus esfuerzos a otros menesteres. Ya sabe que en un año Javier Corral se va, también dejará en poco tiempo su palero en la presidencia del CCE, Rogelio González, y todo volverá a la normalidad.
Afuera de todo ese círculo existe un grupo de organismos que con mucho gusto hubieran arropado a Sotelo en un proyecto que puede causar calambres al Consejo sigue en veremos.
Por el momento todo quedó en diplomacia y las armas regresadas a sus estuches… Nomás por el momento.
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Desde diferentes líneas telefónicas han llegado llamadas a los panistas de varios municipios de la entidad por parte de personal que dice ser de la Coordinación de Relaciones Públicas estatales.
Supuestamente es una actualización de las bases de datos del Palacio de Gobierno, con el fin de enviar invitaciones a futuros actos públicos del gobernador Javier Corral. Les piden correo electrónico, domicilios de casa y oficina, teléfonos, en fin.
Lo curioso es que únicamente han contactado a panistas. Eso lo saben los destinatarios porque incluso hasta les preguntan directa y torpemente sobre su militancia partidista.
Por eso hablan entre ellos, entre los que han recibido las llamadas, de que se trata de una estrategia estatal para reunificar a los albiazules; tarea titánica, imposible, si el principal factor de división es quien tiene el poder estatal. O bien, tal vez con eso se busca apuntalar una campaña en específico, con el favor del Palacio.
Por eso las llamadas de la gente de Alejandra Chavira, registradas desde el pasado fin de semana y hasta ayer, han levantado la sospecha entre los receptores del mensaje. No se diga las críticas por el uso del aparato estatal, para variar, con fines partidistas.
Sí resulta demasiado extraño que una dependencia como Relaciones Públicas, que ha permanecido en cuarentena desde el comienzo de la crisis sanitaria, haya decidido reactivarse cuando se supone que la agenda gubernamental está limitada a los sets de televisión ahora que todos los funcionarios se han convertido en conductores de “noticias”.
Ni modo de creer que no hay gato encerrado en esa “actualización de datos” tan selectiva, que en todo caso debió hacerse desde la sede estatal del PAN y no mediante las líneas telefónicas gubernamentales.
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Con todo y la emergencia sanitaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó acelerar el trámite de las demandas de acción de inconstitucionalidad, presentadas contra autoridades de Chihuahua por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El acuerdo de la Sección de Trámite de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad estableció que al tratarse de un asunto que vence este mismo año, debe tener respuesta cuanto antes.
Se trata de los reclamos de la CNDH por el Derecho de Alumbrado Público que cobran los municipios a través de una tarifa extra de la Comisión Federal de Electricidad. Además se incluyen los cobros por la entrega de información mediante las plataformas de transparencia del Estado y sus municipios.
Al avanzar en la admisión de las demandas, la Corte dio un coscorrón la semana pasada al Congreso del Estado, por entregar incompleta la información de las leyes de ingresos que aprobó en el 2019, para su aplicación en el año actual.
El secretario de Asuntos Legislativos, Enrique Acosta Torres, quiso pasarse de vivo y no envió algunas leyes tal como se aprobaron, sino los oficios mandados por los alcaldes al Congreso con las propuestas presupuestales. Eso le ganó un jalón de orejas disfrazado de notificación formal para que no le dé largas al proceso.
Así se encamina al debate la demanda del organismo derechohumanista, que reclama la “indebida delegación en los convenios con CFE de la cuota del Derecho de Alumbrado Público y configuración de éste como impuesto sobre el consumo de energía eléctrica”.
Asimismo considera que existen cobros injustificados y excesivos por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y sanciones indebidas contrarias al ejercicio de la libertad de expresión, entre otras violaciones al orden constitucional.
