GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / miércoles, 30 diciembre 2020 |
-En lo oscurito patean el bote para protegerse
-Mal le pagan a los burócratas
-Manejo a modo de estadística Covid
Pudo Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda, retirarse a tiempo de la administración estatal, -como lo hizo su amigo de tantísimas luchas idealistas. Memo Luján-, cuando vio el cochinero, pero jugó con el timing y le ganó la ambición.
No es casualidad la adquisición de una residencia en exclusivo fraccionamiento, donde el metro cuadrado de terreno tiene el precio que argumenta como costo total de la vivienda. Mínimo diez mil pesos.
El precio por metro cuadrado de construcción con la calidad exigida en la zona, ni qué decir, 30 a 50 mil pesos cada uno. No lo decimos nosotros, es vox populi.
Es muy difícil justificar algo así, más cuando existe la sombra de las comisiones no sólo por obra y adquisición de bienes y servicios, sino por la entrañable reestructuración de deuda, que en dos emisiones fue por un monto cercano a los 48 mil millones de pesos.
Las instituciones bancarias encantadas con el pago de comisiones por el proceso mismo, sin contar a la banca sindicada, responsable de auxiliar al Estado.
No tarda en época electoral en surgirle el interés a la Unidad de Inteligencia Financiera por acercarse a ver lo que ocurre con ciertos funcionarios estatales, entre ellos el flamante responsable de las finanzas.
El amor y el dinero no pueden ocultarse.
Hoy se mueve con tranquilidad aparente, en corto despotrica sin límite alguno en contra de sus críticos, pero mañana, a partir de octubre, veremos su transformación en términos de oportunidad judicial.
Prefirió seguir el juego deshonesto a su patrón Corral que preservar la reputación del apellido Fuentes.
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En el reclamo planteado por Cruz Pérez Cuéllar se lavaron las manos como Poncio Pilatos en el Tribunal Estatal Electoral y echaron la pelotita a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
Lo hicieron en sesión privada para que no quedara constancia en video; faltaba más.
Tenían todos los elementos para resolver de fondo, como los tenían para batear el asunto, pero la decisión fue de indudable toque político bajo el principio universal de patear el bote.
No se van a confrontar con el partido en el poder ni con quien puede ser el futuro gobernador del estado, Juan Carlos Loera.
Incluso prefirieron, en el caso de los recientes designados magistrados, dar la espalda a quien los apoyó en la elección realizada por el Senado. Su padrino es Pérez Cuéllar.
Utilizaron los magistrados argumentos impecables desde el punto de vista jurídico y jurisprudencial para justificarse de manera formal, bajo la ponencia del presidente Julio Merino.
La autodeterminación de los partidos, el principio de definitividad, y muchos etcéteras, pero en el fondo, saben que Cruz no es militante de Morena, y que por tanto la Comisión señalada sólo habrá de ratificar la decisión por considerarla improcedente.
Pero además, porque la decisión adoptada por la Comisión de Elecciones es inimpugnable, conforme a los mismos estatutos de Morena. Y eso lo saben los magistrados.
Están entonces enviando al aspirante a la gubernatura a un retraso en la resolución, que al final es al mismo tiempo un escollo para el candidato designado, porque se encuentra sub júdice su designación, hasta antes del mes de abril cuando se realice el registro de la candidatura.
Es un prietito en el arroz que debiera resolverse rápido.
Era más fácil que Morena acudiera a la Sala Regional Guadalajara o tal vez a la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, a donde finalmente tendrá que llegar el asunto, por algún exceso del tribunal, pero no quisieron correr el más mínimo riesgo.
Un gazapo más. La resolución “impecable” del Tribunal trae en sus resolutivos un “diez cinco” días pegados en el plazo que le dan a la Comisión de Justicia para resolver con motivo del reencauzamiento del asunto.
La imagen en nuestra edición digital del errorcillo con el que corona el Tribunal su hábil maniobra de buscar salir lo mejor librado del entuerto, con un buen trabalenguas.
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Muy lejos de existir una explicación de fondo en el tema de Pensiones Civiles que no tarda en reventar políticamente en las manos del gobierno corralista.
La pasada administración tomó una decisión buena o mala, incluso pudiera decirse pésima, pero hicieron algo por tratar de resolver la situación.
Ahora de lo que se trata es de ser ausentes, ajenos a la quiebra que es auténtica realidad en Pensiones Civiles del Estado.
Debería ser gobierno del Estado el principal preocupado, por solidaridad mínima con los burócratas que han sacado la casta, desde policías hasta docentes y héroes de la salud.
Ellos han dado la vida, literal, por garantizar la seguridad y la salud de los chihuahuenses, y gobierno les paga con la ingratitud de no enfrentar el problema de raíz.
Prefiere buscar nueva deuda a 20 años para hacer lo que no hizo en cuatro años, y tratar de salir apenas librado con algo de obra y una deuda creciente.
La toma de Pensiones por decenas de maestros y empleados estatales sólo es el principio de una insurrección latente.
Son miles los trabajadores precarios que tienen seis años aportando al fondo perdido para un retiro que no existe. Frente a ello los 3 mil millones que se dice adeudan dependencias de gobierno y organismos descentralizados son nada.
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Se ha difundido hasta el cansancio que los fallecimientos por Covid se han reducido de manera sustancial en la entidad.
Sin embargo no es otra cosa que manejo a modo de la estadística cruenta. Fallecieron en las últimas 24 horas cinco personas, de 50 intubados.
Es el diez por ciento, la misma proporción aproximada que durante la pandemia ha perdido la vida de manera semanal, consecuencia de carencia de medicamentos adecuados, rumor que es auténtica denuncia de que se siguen haciendo las cosas mal.
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El representante en Chihuahua de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Delgado, decidió inscribirse como aspirante a la candidatura a diputado federal por el Distrito 8, que comprende gran parte del sur de la capital.
El funcionario federal fue de los primeros morenistas que se apuntaron, pese a que el lunes Morena cambió repentinamente las fechas de sus registros, pasándolos hasta el 5 de enero.
El festivo anuncio de su registro lo hizo el propio delegado en sus redes sociales, con un mensaje acompañado de su respectiva foto.
“Agradezco a mis compañeros que me impulsan. Saben que el corazón está puesto en el proyecto, soy miembro fundador del movimiento y siempre he estado al pie del cañon”, escribió.
Fuera de la consideración de que puede ser legítima su aspiración, los que reprueban los morenistas es que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios de su administración que desde octubre renunciaran a cualquier cargo si tenían el interés de ser candidatos a lo que sea.
Delgado no lo ha hecho, ha seguido tan campante en su puesto de delegado o representante federal, así sea trabajando desde casa por motivos de la pandemia, y ahora sale con que también quiere ser legislador por un distrito al que varios morenistas más le han echado el ojo.
Tal vez el delegado federal no entiende de la sana distancia entre el partido y el gobierno que promueve la “cuarta transformación”, pese a que el mismo aspirante a gobernador, Juan Carlos Loera, puso el ejemplo, separándose de su cargo en el lapso establecido más que legal, moralmente.
