LA COLUMNA / de El Diario / sábado, 18 julio 2020
Ayer presentamos la información exclusiva en La Columna sobre el recorrido que haría ayer mismo por aquel poblado chihuahuense colindante con Sinaloa y Sonora el gobernador, Javier Corral Jurado
-La avioneta ‘rara’ en viaje a Chínipas
-El escolta hacía ‘trámites vehiculares’
-Rocío trató de callar a las mujeres
-Jorge Duke, al relevo en Secretaría de Salud
Eran de esperarse las cosas raras en Chínipas, “el pueblo gobernado por el Cártel de Sinaloa”, según la descripción de la enciclopedia virtual Wikipedia.
Ayer presentamos la información exclusiva en La Columna sobre el recorrido que haría ayer mismo por aquel poblado chihuahuense colindante con Sinaloa y Sonora el gobernador, Javier Corral Jurado.
Es prácticamente imposible para cualquier mortal fuera de la Secretaría Particular de Palacio de Gobierno conocer los itinerarios del gobernador.
Una de esas “agendas” secretas fue esa por varias razones: precisamente las características de Chínipas ya descritas, también porque de allá fue originaria la periodista Miroslava Breach, asesinada en 2017; porque de ese lugar son también sus asesinos del cártel mencionado por Wikipedia y porque Corral tiene entre su equipo a colaboradores vinculados de una u otra forma al asesinato de la periodista.
No fue una de las cosas raras que el gobernador se haya hecho acompañar de su “consentido” para la sucesión, Gustavo Madero. Ya se hizo costumbre; o mejor dicho, ya es campaña con cargo al erario chihuahuense.
Lo extraño fue una de las dos avionetas que trasladaron a la comitiva. Es una Cessna 206 con matrícula XA-FER que al parecer, sólo al parecer, pertenece a una empresa privada que, o es fantasma, o no registra sus vuelos. Sospechosismo a raudales.
Tenemos en versión digital pantallas del rastreador de vuelos es.flightware.com. Menciona ahí que esa aeronave no ha volado en los últimos 14 días, incluido ayer. También alcanzamos una foto algo mala del momento en que despega de Chínipas.
Desde febrero del 2019 dejó el Gobierno del Estado de transparentar la información sobre los vuelos del gobernador, más de mil únicamente en la flotilla perteneciente al Gobierno estatal, muchos en aviones rentados o “prestados”. Así que la opacidad, y más en una gira por Chínipas, se presta a toda tipo de suspicacias.
La otra avioneta usada para la gira de ayer lleva por matrícula XC PAL, forma parte de la flotilla gubernamental.
Nada de pobrezas.
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Eduardo Gregorio E. G. fue uno de los escoltas más apapachados en el equipo vigilante del gobernador, Javier Corral Jurado.
El mandatario y su jefe de escoltas, Juan Manuel Escamilla León, lo usaban como uno de sus hombres de confianza prácticamente para todo, hasta para cargar los estuches de las raquetas de tenis y de los palos de golf. Era incluso cómplice para distintas travesuras no publicables.
“Repentinamente” desapareció “Goyito”. Creyó todo mundo en la Secretaría Particular que andaba de vacaciones, o permiso especial, etc. Los “patrones” no información sobre su destino.
Hasta el jueves se supo de una forma algo violenta que el escolta fue transferido en algún momento a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del chilango Emilio García Ruiz.
Ahí “Goyito” fue agarrado con las manos en la masa por agentes de la Fiscalía General del Estado, secuestrando, robando y extorsionando, según la comunicación oficial correspondiente. Fueron detenidos también otros tres agentes.
Estamos a 18 de julio. El exescolta evidentemente traía “permiso superior” para delinquir desde hace buen tiempo y a la vista de todo mundo.
El 7 de julio ofertaba abiertamente en sus redes (con su nombre por delante) “trámites vehiculares”.
“Se te extravió, mojó, rompió, o simplemente no tienes factura de tu coche, moto, tractocamión, etc., nosotros podemos ayudarte… Asesórate y obtén placas de tu estado”, señalaba sin tapujos, casi rayando en la impunidad.
Tenemos en versión digital imágenes de los “productos” publicitados, obviamente originados en acciones ilegales pero permitidos por cualquier razón desde oficinas de gobierno.
Todo a unos pasos del gobernador y su jefe de escoltas.
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Una carta de mujeres con afinidad panista, la mayoría militantes de todo el estado, comenzó a circular para juntar firmas contra la abierta violencia política que le acreditan al gobernador Javier Corral.
Se refieren, obviamente, a los ataques lanzados contra la alcaldesa capitalina María Eugenia Campos.
La intención fue hacer público el reclamo y que trascienda fuera de los muros del PAN, contra la voluntad de la dirigente estatal, Rocío Reza Gallegos.
El sector femenil panista de los comités municipales de prácticamente toda la entidad es el que promovió el fuerte llamado de atención a Corral Jurado, debido a que consideran evidente la intentona de desprestigiar a Campos para favorecer a su aspirante consentido, el senador Gustavo Madero.
Lo que piden en ese texto es que el gobernador, si tiene pruebas de la supuesta nómina secreta de su antecesor César Duarte, las presente y actúe por la vía jurídica. Que se deje de chismes, revele los nombres y apellidos y muestre cuál ha sido la actuación del Ministerio Público.
De no hacerlo y seguir con la campaña negra hacia Maru Campos, las mujeres pretenden advertir que se configura el delito de violencia política hacia una compañera, la que casualmente lleva la ventaja en la obtención de la candidatura albiazul de 2021.
Una disculpa de parte de Corral ya no sería suficiente, dado que la actitud misógina ha sido sistemática, recurrente, teniendo en Maru el mejor ejemplo de ello.
Ante esa misiva, la dirigente panista Rocío Reza trató de intervenir incluso con amenazas hacia sus compañeras. Antes de recurrir a las advertencias de que pueden tener consecuencias, la presidenta del PAN puso al tanto al Palacio de Gobierno de las intenciones de sus militantes de reconvenir al mandatario estatal.
Eso frenó momentáneamente el curso de la misiva que, sin embargo, ayer se hizo pública y comenzó a circular abiertamente dentro y fuera del PAN.
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El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, encabezado por Arturo Meraz González, prepara para fin de mes el acuerdo que da luz verde al proceso de revocación de mandato del independiente Armando Cabada.
Los promotores del instrumento de participación ciudadana podrán estar contentos con el proyecto de resolución que habrá de declararlos procedentes. Esto quiere decir que han llenado todos los requisitos que marca la ley y que el IEE considera acreditado el primer paso de la tramitología.
Sin embargo, la aprobación por parte de la autoridad electoral sólo representa el primer paso jurídico para la instrumentación de una eventual votación. El siguiente deberá ser otro acuerdo que establezca un plazo para la recolección de firmas, tarea para la cual sigue sin haber fechas definidas.
En este punto del proceso es donde se encuentra el mayor vacío, pues el espíritu de la revocación de cualquier nivel de gobierno establece que debe realizarse aproximadamente a la mitad de una administración.
Si la labor de recolectar firmas se aplaza hasta que el semáforo epidemiológico marque la luz verde, sería hasta el último trimestre del año cuando pudiera realizarse. Eso en caso de que la contingencia sanitaria ceda.
Así, una posible votación para la revocación terminaría siendo fuera del plazo esperado por la ley, lo que comienza a verse como inviable en términos de organización por el IEE.
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No será la comandanta Mirna Beltrán Arzaga la nueva secretaria de Salud, en sustitución del actual titular del área, Jesús Grajeda Herrera, quien permanece bastante delicado por Covid-19, con respirador artificial, en una clínica particular de la ciudad de Chihuahua. Ayer trascendió que al relevo entraría un especialista de renombre, Jorge Duke Rodríguez.
Eso trascendió ayer por pasillos de Palacio de Gobierno.
