El indolente anuncio lanzado por el gobernador Javier Corral hace algunos días, en el sentido de que este lunes habría nuevo Secretario de Salud, pasara lo que pasara con Grajeda Herrera
LA COLUMNA / de El Diario / lunes, 27 julio 2020
• Habían adelantado relevo del doctor Grajeda
• Temor a la ONU por revisión de crímenes
• Ya son 20 mil firmas contra segundo ViveBús
• Telefonazos del Palacio son recursos desviados
La muerte del doctor Jesús Enrique Grajeda es un duro mensaje para los incrédulos que aun dentro de la Secretaría de Salud dudan sobre la existencia y agresividad del virus.
Su deceso tras casi dos semanas de convalecencia marca además un hito en medio de la pandemia por tratarse del responsable, al menos formal, del colapsado sistema de salud que encabeza el gobernador Javier Corral Jurado.
Si le faltara dramatismo a la situación de emergencia, enfrentada de forma errática por el ‘nuevo amanecer’, la muerte del secretario se convierte en un ingrediente más que evidencia el fracaso de la atención a la contingencia.
Si la fatalidad alcanza al titular del ramo de la salud –con acceso a médicos, servicios privados e insumos considerables– puede alcanzar a cualquiera.
En medio del dolor y el luto que sufren familiares y amigos del secretario de Salud, debe mencionarse para efectos de conocimiento social, el indolente anuncio lanzado por el gobernador Javier Corral hace algunos días, en el sentido de que este lunes habría nuevo secretario de Salud, pasara lo que pasara con Grajeda Herrera.
La realidad es que el exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua había sido relevado de facto desde el 19 de abril pasado, cuando Corral nombró una subsecretaria fuera del organigrama oficial, Mirna Beltrán, a la que denominó “comandanta contra el coronavirus”.
Esa fue una primera agresión contra Grajeda, quitándole el control operativo de la dependencia y dejándole la carga administrativa; la segunda fue el pasado viernes cuando anunció, precisamente, que lo relevaría este día. La primera sí la resintió el secretario; la otra ya no, ya estaba en coma.
Pero hace justamente un año, en julio de 2019, el exrector también ya había mostrado deseos de dejar el gabinete corralista. En corto se lo había confiado a algunos de sus compañeros secretarios. Desde entonces estaba inconforme por la marcha gubernamental: falta de insumos, corrupción en el área y nepotismo por todos los rincones.
Lo tranquilizó entonces el secretario general de Gobierno, Fernando Mesta, pero el acuerdo fue que Grajeda esperaría el momento adecuado para irse. La pandemia impidió la llegada de ese momento adecuado… hasta ahora que la pandemia misma lo arrancó.
Descanse en paz.
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A partir de la semana pasada y cada miércoles, brigadas médicas de la Dirección de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria II de Juárez, habrán de montar operativos en colonias para detectar casos de coronavirus.
El arriesgado trabajo que puso en marcha la directora de Salud, Daphne Santana, junto con autoridades estatales, busca realizar pruebas rápidas (las denominadas PCR) a población abierta. Con ello se pretende atacar de forma frontal la pandemia, pues obviamente se les dará seguimiento a los casos detectados.
El operativo que arrancó en Juárez tal vez sirva de ejemplo al resto de ciudades grandes de la entidad. Desde el comienzo de la contingencia se ha pedido por muchos sectores incrementar el número de pruebas, pero ninguna autoridad de Salud, estatal o federal, se había animado hasta la fecha.
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Hasta el año pasado la administración de Javier Corral había logrado congraciarse con agencias internacionales de derechos humanos auspiciadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Diversas iniciativas de varios organismos, como la Spotlight sobre violencia de género y la alerta temprana por ataques a derechohumanistas, tuvieron buena recepción. En parte eran los oficios del exsecretario general de Gobierno, César Jáuregui, uno de los que abandonó el barco del ‘nuevo amanecer’ en la antesala de la invasión maderista.
Las buenas relaciones se fueron desgastando debido a que algunos programas de interés internacional estaban más llenos de palabras que de acciones.
Hay un ejemplo que dibuja muy bien la nueva realidad. Antes de la declaratoria formal de la pandemia había una nueva petición formal de la ONU para conocer, evaluar y diagnosticar el sistema de justicia penal de Chihuahua.
De inicio Corral y funcionarios de la Fiscalía del Estado, la Secretaría General y el Tribunal Superior de Justicia recibieron con agrado el interés del organismo supranacional. Era una oportunidad de oro para publicitar lo bien que ha resultado –desde la visión official– el trabajo conjunto en esta materia. Ni modo de desperdiciarla.
La sorpresa se la llevaron los primeros enlaces designados por la ONU-México cuando les empezaron a cerrar las puertas del Gobierno del Estado. Inexplicable si había una aceptación previa a la revisión que, aseguran quienes saben de eso, prometía ser profunda.
Algunos casos de la selectiva Operación Justicia (que llevó a prisión a infortunados exempleados estatales de bajo nivel que sólo siguieron órdenes) y sobre todo el batidero que hizo la justicia estatal del asesinato de la periodista Miroslava Breach, encendieron los focos rojos en Palacio.
Como los revisores pidieron seleccionar sin presión alguna los casos a revisar, eso hizo que reculara el Ejecutivo en su amañado plan de promoción nacional que pretendía hacerse con las siglas del organismo internacional. Ganó el temor a la ONU a las ansias de publicitarse políticamente.
Así que las relaciones ahora de Chihuahua con la agencia multinacional están lastimadas y, desde luego, la autoridad estatal quedó bajo sospecha.
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Aunque se pospuso la protesta programada el fin de semana, casi 20 mil firmas se alcanzaron en estos días para mostrar el rechazo a la segunda ruta troncal que comenzó a construirse y a trastornar el tránsito en la avenida Tecnológico.
Ingenuamente Ricardo Melgoza y Sergio Rueda, entre otros de los promotores de las protestas contra dicha obra, creen que habrán de convencer al gobernador Javier Corral de reorientar los cientos de millones de pesos de inversión inicial a otros renglones prioritarios. El reventadero de pavimento y el desorden ya empezaron.
Pese a ello el grupo “No al segundo ViveBús”, que se ha conformado para tratar de frenar los trabajos de la ruta troncal, muestra una evolución fuerte.
A fines de junio rebasaba las seis mil firmas, cuando era inminente el caprichoso arranque del proyecto, del que puede anticiparse su fracaso desde ahora debido a la animadversión social alcanzada.
Ahora presume un respaldo tres veces superior en redes sociales y en la calle, de los verdaderos usuarios del transporte y automovilistas que están en contra de otro monstruo como el primer ViveBús.
Los mismos números oficiales han generado posturas contra el proyecto, que además se construye en medio de la opacidad. Se presume un beneficio para 160 mil usuarios del transporte, cuando por las avenidas afectadas circulan al día más de 200 mil automovilistas que obviamente rechazan el uso del camión porque ahora y después, con el sistema en marcha, no garantiza mayor eficiencia.
Además en estos momentos son urgentes otros renglones olvidados del gasto público, ahí está el colapso del sistema de salud a causa de la pandemia, pero se destinan grandes recursos a una obra encaminada al fracaso por otros intereses.
Sí, argumentos hay muchos contra el segundo ViveBús, pero también es mucha la cerrazón del Estado para atenderlos.
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La supuesta actualización de información que realiza la Coordinación de Relaciones Públicas del Estado –de la que dimos cuenta la semana pasada– es un abierto desvío de recursos. Así lo consideran algunos de los panistas no afines al corralismo a los que por instrucciones de la titular, Alejandra Porras Chavira, les han llamado para pedirles datos personales de contacto.
Curiosamente también les han hablado a panistas que se afiliaron al PAN después de que Javier Corral ganara la gubernatura en 2016. La única forma de tener los teléfonos de esa gente nueva en el padrón azul es que el Comité Directivo Estatal del partido los haya pasado a la dependencia gubernamental.
De ahí que el tema se ha vuelto conflictivo. No es para menos, es bien sabido que el candidato de Palacio de Gobierno para 2021 es uno que se promueve abiertamente como tal, mientras que la otra candidata, la alcaldesa capitalina María Eugenia Campos, es la que goza de las mayores simpatías y es la que más aglutina los intereses internos de Acción Nacional.
Total que el asunto puede pelearse hasta por las vías electorales. En eso trabajan ya los panistas inconformes con la jugada turbia de Palacio.
