Pasan los años, se alternan las fuerzas políticas en los gobiernos, pero los problemas persisten
Luis Javier Valero Flores / Analista / domingo, 26 julio 2020
Pasan los años, se alternan las fuerzas políticas en los gobiernos, pero los problemas persisten; sólo cambian las posturas de quienes llegan al poder y, lógico, las de quienes pasan a la oposición.
Parecen de Perogrullo (Personaje ficticio a quien se atribuye presentar obviedades de manera sentenciosa: RAE) pero creímos que no, a menos que las transformaciones de las fuerzas o personajes políticos que llegan al gobierno abarquen a quienes provenían de las izquierdas, fenómeno que, de aceptar su existencia, sumaría más factores para las desesperanzas ciudadanas.
En el pasado no tan remoto, de cuando era el “régimen del partido casi único”, sus dos fuerzas opositoras, claramente identificadas, la izquierda y la derecha, poseían, supuestamente, a ojos de casi todos, una característica por demás elogiable: Su fuerza moral.
Durante años, el PAN pasó, ante una buena parte de la ciudadanía más avezada de aquellos años, como el partido de los “hombres honorables”.
Sí aportó, cómo no reconocerlo, a algunos militantes y dirigentes con tales características.
A su vez, las agrupaciones de la izquierda, mucho más plurales y diversas que las de la derecha pues aportaron desde las fuerzas claramente reformistas, hasta “las electoreras”, las del activismo social y las guerrilleras, entre otras, sin descartar las corrientes priistas que claramente se ubicaban en lo que ahora denominamos como las de centro-izquierda y que se podrían clasificar como las del nacionalismo revolucionario, también aportaban en ese sentido.
Abundaban los ejemplos de respetabilidad y congruencia entre los militantes y dirigentes de tales agrupamientos.
Hoy, casi todos pertenecen a la “clase política”.
En lo colectivo, en las acciones y políticas públicas también existe un abandono de las posturas de su pasado como fuerzas de oposición.
Por desgracia, el tema de Tratado de Límites y Aguas de 1944 (TILA) es un buen ejemplo de todo lo anterior.
Algunas premisas irrefutables:
– El TILA es benéfico para México en términos generales; no para Chihuahua;
– Los compromisos de Chihuahua se han cumplido casi en su totalidad, incluso en los años de las sequías más severas;
– Hasta ahora, el pago de agua se ha hecho, como lo dice el TILA, con los excedentes procedentes de los flujos pluviales del Conchos; nunca se ha extraído agua de las presas, previo al establecimiento del régimen de lluvias, para pagar anticipadamente a EU.
– En todos los gobiernos federales, de Zedillo a la fecha, sus posturas han sido las de apurar el pago del agua;
– En todas las ocasiones que se presentaron tales exigencias, las organizaciones y partidos de la izquierda chihuahuense se opusieron a la entrega del agua por encima de los intereses de los productores locales.
Pero el cambio de roles y posturas de las fuerzas políticas es deprimente.
La hemeroteca los devela nítidamente. He aquí una breve ojeada:
En septiembre de 1994, el Congreso del Estado (de mayoría panista, cuyo presidente estatal era Javier Corral) solicitó la revisión de los tratados en materia de aguas entre México y Estados Unidos, en una postura a la que se sumó el Gobierno del Estado. (Nota de José Pérez Espino, Diario de Juárez, 22/08/1996).
En ningún momento México ha sacado agua de sus presas, ni de ninguno de sus afluentes para entregarla a Estados Unidos, dijo Jesús Luévano Grano, secretario de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sección mexicana. (Ibídem). El presidente era el priista Ernesto Zedillo.
Cristóbal Jaime Jacques, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) bajo el gobierno del panista Vicente Fox, anunció que México “cumplirá con el pago de su deuda de líquido con Estados Unidos a partir de ‘los futuros ahorros’ que se harán en la zona”. (Nota de La Jornada, 17/V/02).
En esas fechas, Fox se “comprometió con su colega George W. Bush a pagar la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos”. (Ibídem).
En aquellos momentos los paganos eran los tamaulipecos, ante lo cual el senador priista de Tamaulipas, Oscar Loubbert afirmaba “que intereses poco claros exijan que se les entreguen volúmenes de agua mexicana antes de que finalice el ciclo, lo cual contradice la disposición del Tratado ante un eventual faltante que sería repuesto en los próximos cinco años”. (Ibídem).
Por su parte, “Jorge Luis López, del distrito 025 de Tamaulipas, dijo que por segundo año consecutivo la Conagua, (por enviar agua a Estados Unidos), provocó que en el último ciclo productivo se perdieron 400 millones de pesos porque no pudieron regar…”. (Ibídem).
El gabinete de Fox discutió acerca de los pagos del agua.
Las posturas eran, como siempre, entre la que sostiene que la disponibilidad y escasez del agua es un tema de seguridad nacional y la que el pago de la deuda es de principal importancia para las relaciones entre ambas naciones y que México debía cumplir, en la medida de lo posible, sus compromisos internacionales. (Nota de Víctor Chávez, El Financiero, 23 de mayo 2002).
Como ahora, “El presidente Vicente Fox explicó que es necesario que México cumpla con sus compromisos internacionales y que es necesario establecer que las distintas dependencias federales acuerden con los gobiernos estatales (principalmente Chihuahua) un cronograma para la entrega del líquido”. (Ibídem).
Ante la actitud del gobierno de Fox, legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigieron al presidente Vicente Fox “ponerse del lado de México”. (El Financiero, 24 de mayo 2002).
Eran otras posturas. En junio de ese año, el gobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez, se rehusó a firmar un “acuerdo para saldar deuda, suscrito por el presidente Fox con Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”. (Nota de Hilda Fernández / José Luis Ruiz, El Universal, 6 de junio 2002).
Enrique Martínez dijo que el gobierno federal no había comprometido un solo peso “para los proyectos de reconversión de los distritos de riego, de la mejora de unidades y sistemas de riego obsoletos”. (Ibídem).
Días después, Chihuahua hacía el primer abono de agua a EU, luego de que se presentaran las primeras lluvias en la zona de Ojinaga -era el 13 de junio, cosa distinta a la del presente año- el pago se hizo con los escurrimientos pluviales, “aguas abajo de la Presa El Granero… sin necesidad de extraer agua de las presas…”. (El Diario de Chihuahua, 13 de junio de 2002).
Meses más tarde, el Congreso de Chihuahua, de mayoría priista, declaraba que primero se deberían “Satisfacer las necesidades y luego pagar el agua”. (Nota de Carlos Coria, El Diario, 5 de julio de 2003).
Todo se valía con tal de pagarle a EU, desde la óptica del gobierno federal del panista Vicente Fox.
En agosto del 2003, productores de la región alertaron de la existencia de un “plan oculto” en el que con el argumento de que se generarán ahorros en el gasto del agua, a partir de las inversiones realizadas por el gobierno federal, se ofrecía a “los propietarios de los títulos de concesionarios originales de concesionarios la entrega de nuevos títulos en los que se limita su derecho de agua a volúmenes menores”, afirmó Carlos Durán Flores, tesorero del Comité Pro Mejoramiento del Agro Nacional. (El Diario, 1 de agosto de 2003).
A eso se había comprometido el presidente Vicente Fox en un “acuerdo -contenido en la Minuta 309 y firmado en El Paso, Texas, el pasado 3 de julio por representantes de las secciones de México y Estados Unidos en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)-”. (Ibídem).
En ese compromiso Fox fue respaldado por el gobernador Patricio Martínez en dos compromisos: El de intentar convencer a los usuarios de aceptar la “modernización” y de que el agua “ahorrada” quedara bajo la potestad del Gobierno federal”. (Ibídem).
Casi un año después, persistían los esfuerzos del gobierno federal: “Compra federación agua para cumplirle a EU. Alrededor de 500 productores agrícolas de Meoqui y Julimes serían beneficiados”. (Nota de Edgar Prado, Norte de Ciudad Juárez, 31 de octubre de 2004).
Cada uno de ellos recibiría 29 mil pesos por los derechos de extracción de agua de las presas.
Luego, ante las presiones de los productores texanos, el nuevo gobernador chihuahuense, Reyes Baeza, se negó a pagar el adeudo, “… mientras Chihuahua no tenga suficiente agua, no podrá pagar…”. (Nota de Silvia Macías Medina, El Diario, 24 de diciembre de 2004).
En 2007, a principios de julio, ocurrieron las primeras precipitaciones; de inmediato se empezó al “trasvaso de los primeros 37 millones de metros cúbicos de agua de la presa Luis L. León al Río Bravo… esto no afecta al distrito de riego 05, pues se hacen con derrames naturales o derrames de las presas”, afirmó el gerente de la Sociedad de Responsabilidades Limitadas (SRL), unidad Conchos, Jorge Almaraz. (Nota de Martha Fernández, El Diario, 8 de julio de 2007).
El colmo, varios años después, en 2013, “El Gobernador del estado, César Duarte, indicó que a pesar de los compromisos con otras entidades, Chihuahua retendrá el agua debido a la situación de emergencia que ha generado la sequía”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 31 de mayo de 2013).
A los funcionarios federales de entonces, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, aseguró haberles sostenido que “Nunca he aceptado, ni aceptaré que a Chihuahua se nos condicione cualquier infraestructura que tenga que ver con el aprovechamiento del agua…”. (Ibídem).
Dos años después, independientemente del incumplimiento de EU, debido al bajo nivel de sus presas, México completaría el pago del quinquenio 2010-2015. (Nota de David Piñón Balderrama, El Heraldo de Chihuahua, 13 de noviembre de 2015).
Ahora, igual que antes, las fuerzas políticas estatales y nacionales simplemente se cambian los roles.
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Reciba un reconocimiento mi compadre, Lorenzo (Cheque) Pérez, por la excelencia de su empresa, Información Procesada (Inpro), hemeroteca sin la cual resultaría casi imposible investigar lo aquí asentado.
