GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / miércoles, 12 agosto 2020 |
-Hinchados de billetes con el virus
-Muy apagados los católicos
-Tribunal Arbitral sofocado por pandemia
Poca, muy poca seriedad y cuidado el que pone el nuevo Secretario de Salud en su principal función, que es al menos tratar de organizar los esfuerzos de los que sí saben combatir el Covid, darle orden y claridad. Ni para eso sirve.
El decreto publicado el lunes en relación con la nueva semaforización es diferente a lo presentado el domingo. A eso se refería Eduardo Fernández, “El Higadito”, cuando aceptó frente al gobernador que no había modificado una lámina.
Esa diapositiva se refería ni más ni menos que a los indicadores de señalización, parte fundamental del mentado semáforo.
Fernández aceptó el error, tragó bolitas. Como mal alumno únicamente explicó que eran 10 los indicadores y no ocho como se presentaron públicamente. No dijo que la redacción era diferente en su totalidad. Las imágenes en nuestra edición digital.
No alcanzó siquiera a pronunciarlos porque no se los sabía ni se los sabe hasta este momento.
Pero ahora los puede consultar en el decreto publicado, en el cual sí se especifican los diez indicadores y no los ocho.
Podrá decirse que es error mínimo el gazapo cometido, pero es inaceptable cuando el Secretario hizo una crítica demoledora, sin mencionarlo directamente a él, pero de mal gusto en su contexto, a su antecesor Jesús Enrique Grajeda, que en paz descanse.
Habla de que las cosas se seguirán haciendo sobre las rodillas y de manera apresurada, con cambios caprichosos de último momento. Puros domingazos.
También indica que su socio en este ataque pírrico al Covid sabe más de memes de futbol americano que de la materia que inexplicablemente se le está adjudicando como función.
Es Jesús Mesta Fitzmaurice, el coordinador de gabinete, que publicó -enseguida de su foto triunfal en Casa Chihuahua- un mal chiste de una pedida de mano, viral en redes sociales por el infantil error cometido en ella.
Así como en dicho video están él y el Secretario de Salud, erráticos pero con una sonrisa en la boca, tirándose al mar de la medicina sin saber nadar en sus aguas ni de perrito.
Mesta y “El Higadito” en parodia vil de una triste historia, donde el personal de salud es desplazado con desparpajo, puesto en riesgo, desde la comodidad del sueldazo de alto funcionario.
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El lunes por la tarde los inspectores de Gobernación y agentes de la Policía Estatal suspendieron unas carreras de caballos y clausuraron el carril donde se realizaban en el municipio de Belisario Domínguez. Así festejaban los pobladores el día de San Lorenzo hasta que les cayó la ley.
Había más de mil asistentes que pagaron boleto de 200 pesos, nada mal para un día de fiestas patronales en estos tiempos del Covid.
Justo una semana antes se repitió la misma escena en Satevó, a donde llegaron los elementos con los sellos de clausura para cerrar el “Race Track”. Ahí había más de 2 mil 500 asistentes de varios pueblos de la región.
La multa de 100 mil pesos a cada uno de los lugares resulta de risa para las ganancias que se obtienen con las entradas y la venta de bebidas alcohólicas. Esto último es el negocio principal en los festejos regionales que, como ya se ha dicho varias veces, están a la orden del día en estos meses de verano.
Pero no sólo los organizadores de fiestas prohibidas por la emergencia sanitaria se hinchan las carteras con los billetes.
¿Quién les permite de entrada la realización de eventos que de antemano saben que están suspendidos? Las autoridades municipales son las primeras que se enteran y facilitan las anuencias o cuando menos se hacen de la vista gorda ante lo evidente.
Curiosamente nadie les ha pedido cuentas a los alcaldes, Adrián Durán, de Satevó (PAN); y Aarón Loya, de Belisario Domínguez (PRI), pese a que en sus comunidades, pueblos y seccionales las fiestas han sido constantes, al menos durante la última etapa de la emergencia. No han sido sólo carreras de caballos, también ferias, quinceañeras, bodas y bailes diversos.
La irresponsabilidad, pues, no ha sido sólo de organizadores privados, también de los presidentes municipales que son o se hacen…
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Ha estado la jerarquía católica muy silenciosa en el tema de la suspensión de actividades y funcionamiento de templos para la celebración de ceremonias.
Contrario a ella, el Consejo Interreligioso que agrupa otras confesiones cristianas ya pegó el grito en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque no encuentran cuadratura alguna en el semáforo que les prohíbe funcionar. Están siendo flagrantemente discriminados.
No fueron tomados en cuenta ni consultados para buscar mecanismos de prevención. Al contrario han sido ignorados. A Corral no le importa, no va a misa desde que fue (mal) monaguillo de Talamás.
Pese a ello poca posibilidad tienen en su queja ante la CEDH, institución que ha dado muestras de subordinación a palacio.
Otros grupos han tenido mejor resultado a través de acciones radicales, como bloqueos y plantones, pero según sabemos aún no se proyectan acciones de esta naturaleza por parte de ministros y pastores religiosos, cuya paciencia se está colmando.
En la materia, la semaforización federal es flexible, permitiendo un aforo bajo, casi simbólico, pero a nivel estatal se ha adoptado una posición irreductible, pese a que es posible ventilar las áreas y realizar las ceremonias conservando medidas de cuidado.
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Era de esperarse. El Covid brincó del Tribunal Arbitral a la Junta Arbitral, que también suspendió actividades desde el pasado miércoles. Ambas instancias trabajan muy de la mano, en un intenso y necesario contacto.
El acuerdo fue publicado bajo la rúbrica de su presidente, el abogado Cesáreo Sotelo, bajo sospecha de un caso de contagio.
Si decíamos que las condiciones del Tribunal eran de hacinamiento aún en las nuevas instalaciones, las de la Junta son deprimentes.
En unos cuantos metros cuadrados debe el personal realizar sus indispensables labores jurisdiccionales, prácticamente encima unos de otros.
Apenas se puede caminar entre los pasillos. Los expedientes amontonados en las pequeñas oficinitas ahogan a los actuarios y secretarios.
En esas condiciones todos están bajo sospecha del Covid. Debiera la Secretaría de Salud ordenarles estudios PCR a todos en lugar de que condenarlos al confinamiento en casa, con la misma premura que lo ha hecho en el caso de otros servidores públicos.
Los abogados y sus clientes son los que pagan los platos rotos, porque los plazos y términos, junto con audiencias programadas fueron suspendidos hasta el próximo miércoles 19 cuando se cumplen catorce días de cuarentena forzada.
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La discusión del PIN parental está condenada al aplazamiento sin fin en las comisiones unidas de educación, niñez y juventud.
Hay una estrategia de abierto boicot por parte de los legisladores de Morena y sus partidos satélites. Luly Valle, el profesor Chávez, Gustavo de la Rosa y Deyanira Ozaeta, se dan el lujo de ausentarse sin más, para evitar las sesiones de estudio y discusión.
La labor de zapa tiene como finalidad patear la iniciativa hasta el mes que entra y si se puede aún más, para no subir al pleno la votación.
De esta manera podrá iniciar el ciclo escolar sin la molesta intervención de los padres de familia en la educación de sus hijos.
Se trata de impedir lo que en Aguascalientes ya se hizo realidad con la aprobación del mecanismo de consulta y autorización para el abordaje de temas que son ideológicos y de imposición cultural, y que nada tienen que ver con principios científicos.
Hay una comparsa en esta dilación con la Secretaría de Educación estatal, y federal, así como con Sipinna y demás instituciones que se oponen a dicho instrumento.
