El gran detalle ‘descubierto’ es que el dichoso yonke Lighting, llevaba años operando en condiciones ‘normales’
LA COLUMNA / de El Diario / jueves, 20 agosto 2020
-El escondite de carros a la vista de todos
-Sigue campante agresor de héroes
-Corralismo ahorca Comité Anticorrupción
-¿Pacto secreto de panistas y morenos?
Los carros, camionetas, trocas, o la definición que se le quiera dar según el tipo de vehículo del que se trate, terminan convirtiéndose en extensión corporal de sus conductores, particularmente cuando los guiadores son sus dueños.
En múltiples casos los coches (denominación chilanga) son tratados como las “mascotas” de sus propietarios. Su buena sombra, su cochera, su aire acondicionado, su aromatizante… su color… sus accesorios. Es casi, casi indispensable para la vida cotidiana.
Por eso los órganos del cuerpo se deshacen en rabia ácida cuando los vehículos son chocados, son vandalizados… o peor aún, robados. Con cada carro hurtado se va parte del esfuerzo de su propietario, de sus ahorros… de su vida.
No cuestan un cacahuate aunque sean de modelos atrasados ni la reparación del daño lo reparan por completo los seguros aunque sean recuperados. El golpe económico duele y el golpe psicológico enoja y hasta deprime. Si hay violencia en el atraco es análisis para el terror.
Al menos parte de esos sentimientos debieron golpear ayer a víctimas juarenses de robacarros cuando se enteraron que un yonke, literalmente a la vista de muchos, estaba convertido en “bodega” de una veintena de autos que luego serían vendidos en partes.
Diríase en lenguaje policiaco, fue “reventado” ayer antes del mediodía. Presentamos algunas fotos de las difundidas por la Secretaría de Seguridad Estatal que hablan por sí solas.
El gran detalle “descubierto” es que el dichoso yonke Lighting, de Manuel J. Clouthier, llevaba años operando en condiciones “normales”, que indudablemente recibía protección policiaca –de inmediato se supo que de policías estatales, exmunicipales y exmandos de tránsito- y que en esas mismas condiciones operan al menos otra decena de negocios similares.
Eso significa que una gran cantidad de autos de los robados a los juarenses no son llevados a la sierra, como se especula; o son “exportados” a otros países, o trasladados al sur de la República. No, aquí los tenemos a la vuelta de la esquina metidos entre las paredes de yonkes, donde son convertidos en piezas para engordar los bolsillos de los delincuentes y sus protectores policías y/o inspectores.
No sobra echar un ojo con más detenimiento a esos negocios en el futuro; ahí puede estar parte del patrimonio familiar conseguido a punta de sudor y horas laborales extras.
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La justicia camina a paso lento cuando así conviene a sus operadores aunque se trate de casos que debieran ser resueltos a velocidad luz por la contundencia de las pruebas.
Casi dos meses han pasado de la agresión sufrida por un grupo de enfermeras y médicos a manos de un directivo de Plaza de las Américas identificado plenamente como Rolando T.
El individuo, miembro directivo también de una cámara empresarial local, usó la fuerza de escoltas y a vigilantes del centro comercial ubicado en el Pronaf para echar fuera a los trabajadores del sector salud, clínica 6 del IMSS, que pretendieron tomar sus alimentos en uno de los locales.
Adujo Rolando que los héroes de la salud contaminarían su plaza.
Los trabajadores de la 6 decidieron interponer la denuncia correspondiente por discriminación agravada. Fueron acompañados en su defensa por el área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La denuncia fue sacada de Juárez por la Fiscalía de la Zona Norte y llevada a la ciudad de Chihuahua ‘quesque’ porque allá opera la Fiscalía de Derechos Humanos. Existe la firme sospecha que hay plan con maña.
Son muchos días los que han pasado. Los testimonios fueron presentados de inmediato y debieron ser obtenidos sin problemas los videos correspondientes con los energúmenos expulsando a los héroes del centro comercial.
También están las declaraciones firmadas y selladas de los policías municipales que acudieron al lugar por llamado de los trabajadores de la salud.
El importante retraso que ha sufrido el expediente no puede ser obra más que de influyentismo por la parte denunciada, misma que habría intentado por distintos medios “arreglar” de alguna forma con los agredidos.
Casi dos meses de tortuguismo lo dicen todo.
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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra ahorcado por la gobierno corralista. A veces llega la nómina, a veces no, pero hasta “coperacha” deben hacer para comprar tóner y hojas de máquina en su arcaica oficina rentada a fuerzas en uno de los callejones del centro de la capital del estado.
Los integrantes del CPC, Ana Isabel Terrazas Cerros, René Moreno Medina, Liliana Ochoa, Miguel Gómez y Carmen Álvarez, ya no ven lo duro sino lo tupido con el castigo impuesto.
Tal vez no les gustó en Palacio una vieja trasmisión en vivo denominada “Los expedientes secretos del Covid”; o tal vez desagradó el informe 2019 donde se muestra que la administración corralista gusta de combatir la corrupción, excepto la propia. Tal vez ambas cosas son la causa de la penitencia.
Una parte del informe del año pasado (puede verse el extracto en la edición digital de La Columna), pudo ser la causa mayor de tan evidente encono que padecen.
“Hay un avance claro en las investigaciones de la administración anterior que se conocen como Operación Justicia para Chihuahua (…) esta coordinación se pierde cuando hablamos de casos relacionados con la administración actual”. Así lo dice el informe de referencia.
Les ha salido caro el atrevimiento de cuestionar dónde están los miles de millones de pesos supuestamente destinados a atender la pandemia y evidenciar la “impunidad casi total” que se vive en la entidad cuando se trata de corrupción corralista.
Y eso que no hay más causa en la administración actual que se presuma tanto como el ficticio combate a la corrupción.
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Afloró desde el fracaso de la reforma electoral de Javier Corral un ala rebelde del PAN en el Congreso del Estado, que ha logrado escapar del control de Palacio y del coordinador Fernando Álvarez Monje.
Componen el grupo los legisladores que se opusieron el proyecto que buscaba descarrilar a la alcaldesa de la capital, María Eugenia Campos. Son los que le dijeron no al gobernador en público y en privado cuando quiso sacar adelante su capricho electorero. Se trata de Carmen Rocío González, Jorge Soto, Marisela Terrazas, Patricia Jurado y Georgina Bujanda.
Pues bien, esa “bancada” que ahora forman cinco de los 11 legisladores panistas ha tenido la última semana al menos dos acercamientos con el grupo morenista que lidera Miguel Ángel Colunga. Nada tendría de raro si no fuera porque falta poco más de una semana para elegir a quien será presidente del Congreso en el lugar de René Frías Bencomo.
Específicamente Soto y González son los que han buscado a Colunga y otros diputados de Morena para plantear la posibilidad de un pacto que los lleve a tomar las riendas del Legislativo. Los morenistas pugnan por esa posición, la de presidente, y no quieren ceder a perfiles propuestos por Álvarez Monje, pero no se cierran a la posibilidad de un bloque que profundice la división albiazul.
No está claro todavía quién sería la propuesta morenista o panista para presidir el Congreso a partir de septiembre, cuando comienza el nuevo período ordinario de sesiones. Pero una eventual alianza es factible si entre los opositores externos e internos del PAN logran ponerse de acuerdo.
Tampoco está claro cómo incidirán en la Junta de Coordinación Política -donde el voto ponderado lo controla el coordinador del descarriado rebaño panista- al momento en que se plantee una nueva mesa directiva para el siguiente ordinario.
La estocada que se llevaría el grupo mayoritario si prospera el pacto sería monumental. Pero Morena muy posiblemente tendría que ceder una vez más a perder la posición que sólo ha visto pasar en toda la legislatura, pese a ser segunda fuerza política.
