***Comienza A Salir Pus Del Exdelegado Loera… ***COVID: Más Y Más Negros Nubarrones… ***Modifica Alianza Postura Vs AMLO… ***Prolonga TRIFE Agonía A Cabada Por Firmas…

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Dicen que el miedo no anda el burro. El caso es que la Coordinadora Regional de Programas Sociales (Bienestar) en el Municipio de Guachochi, Francisca Ivonne Contreras Peinado, optó por lo sano ante la salida de su protector Juan Carlos Loera y con la llegada de Bertha Alcalde como Delegada Estatal.

Francisca de inmediato despidió a su propia hija de nombre Ana Laura Contreras, quien en franca acción de nepotismo, cobraba quincenalmente su salario.

Y es que se sabe, la nueva Delegada en el estado de la Secretaría de Bienestar, Bertha Alcalde, viene decidida a practicarle una auditoría a Juan Carlos Loera, ya que pesan denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por delitos de nepotismo y desvío de recursos públicos con los que se promovió la imagen.

El hecho es que las cosas pudieran complicársele para quien fuera llamado “súper delegado”.

Muchas fueron las quejas y los señalamientos de manera pública se hicieron y ahora buscan eliminar el máximo algunas evidencias.

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Los negros nubarrones que se ciernen contra la humanidad por la pandemia no son ajenos a Chihuahua, donde particularmente se está ensañando.

Ayer el gobernador Javier Corral reconoció que el Sistema Estatal de Salud está rebasado en capacidad para atender los casos de COVID, sin espacios y sin médicos para hacer frente a la situación.

Los hospitales del IMSS se reportan al 90% de capacidad y los hospitales móviles que recién envió la Federación apenas si aportarán 30 camas más para Juárez y 20 para Chihuahua capital.

En este momento hay 980 pacientes hospitalizados en el estado y si se hace algo de memoria, en los inicios de la pandemia el gobernador dijo que Chihuahua estaría preparado para atender debidamente a 600 pacientes COVID.

De esos 198, un total de 180 están intubadas, o sea, que 1 de cada 5 requiere esta atención especializada.

Chihuahua tiene 26 mil 201 contagios acumulados y 2 mil 026 decesos. Se tiene el triple de casos al pasar de 1 mil 063 en la semana epidemiológica 40, a 2 mil 026 en la 41 y 3 mil 032 en la 42, mientras que al inicio de la 43 ya se registran 2 mil 517 casos.

En el país, las autoridades de Salud reportaron 92 mil 100 fallecidos; los casos confirmados suman 933 mil 155 y es la Ciudad de México la que tiene el mayor número de casos con el 18% del total. Le siguen Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Zacatecas.

Chihuahua no pinta en las estadísticas nacionales, sin embargo, en relación a su población y capacidad hospitalaria, la situación se torna alarmante.

Mientras tanto, el otro estado que pasa al semáforo rojo junto con Chihuahua, es Durango. El gobernador José Rosas Aispuro lo confirmó ayer.

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La Alianza Federalista replanteó sus prioridades y modificó la postura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que algunos interpretaron como la posibilidad de un acuerdo, pero otros como un endurecimiento.

Mediante otra carta, los gobernadores de la Alianza dijeron a AMLO debido a que el 2021 será extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales, posponer la discusión del Pacto Fiscal y enfocarse en el análisis del Presupuesto Federal de Egresos.

Por ello se vio como una solicitud de “tregua”, lo que es al menos en la parte de la inequidad del Pacto Fiscal, pero AMLO ya les dijo que no habrá más recursos ni programas ni nada y háganle como quieran, o mejor dicho, como puedan.

La postura expresada en la última carta es que ningún estado puede recibir menos recursos en términos reales que en 2020. Así que ni para atrás ni para adelante y si dicho de manera sobria, es decir, sin “politiquerías”.

Lo que no entienden es que el presidente no está dispuesto a ceder ni un solo peso, muchos menos doblar las manitas ante este grupo opositor.

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La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocido como Trife, ordenó invalidar las firmas que han recabado hasta ahora los grupos ‘ciudadanos’ Mandato JRZ y Juárez Decide, por haber estado fincadas en una pregunta ilegal.

Sin embargo, ordenó respetar la ampliación del plazo que otorgó recientemente el Instituto Electoral de Chihuahua, ya que suspendió el proceso de recolección de firmas al menos dos ocasiones por causa de la pandemia.

En el nuevo plazo, una vez que se reintegre la captura de firmas, se tendrá que utilizar otra pregunta que ya fue validada.

Es decir, le prolongan la agonía política al alcalde Armando Cabada, que por cierto, su consejero jurídico Maclovio Murillo informó solo la parte de la invalidación de las firmas, no de la ampliación del plazo.

Lo interesante es que la recolección de nuevas firmas y la validación de las mismas puede llevar a empalmar la revocación de mandato con las elecciones del próximo año, pero el Trife ya dijo que no sería correcto empatar ambos procesos.

En un boletín de prensa, el Trife informó que al resolver el juicio ciudadano 120 de este año, los integrantes del pleno modificaron la resolución del Tribunal local, ya que consideraron que al establecer que era inválida la pregunta que se estaba haciendo por contener un tecnicismo jurídico y ser posiblemente tendenciosa, no tomó en cuenta que ya la recolección de firmas se hacía con esa pregunta ilegal.

Por tanto, y “toda vez que no es viable reponer el procedimiento de revocación de mandato, pues ya se han recabado apoyos con base en la pregunta modificada se concluye que el Tribunal local deberá ordenar al IEE que conceda la ampliación del plazo de la etapa que se estaba ejecutando, a fin de garantizar que sean contabilizados los apoyos de respaldo que se hicieron a partir del cuestionamiento reformulado”.

Además determinó que, por mandato legal, no deben coincidir la jornada de votación de la revocación de mandato y la jornada electoral y de alcanzarse el apoyo mínimo de firmas, deberá convocarse a la ciudadanía a una jornada especial lo más pronto posible.