Cefereso, otro golpe federal al ego de Palacio

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GPS / Columna El Diario de Chihuahua / lunes, 28 diciembre 2020 |

-El maltrato a la familia de Arturo Meraz

-Ninguna diferencia entre Calderón y Corral

-Crece molestia de católicos por ocurrencias

El cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 9 fue un nuevo golpe al ego de Javier Corral. No le llamaron ni para el con permiso. Se ha de sentir el gobernador como un cero a la izquierda.

No hubo comunicación ni ayer muy temprano a la hora del operativo, ni por una elemental cortesía. Ni altos mandos ni medios. Nadie. Se debió enterar el mandatario por terceras personas y no de forma directa.

Las relaciones han sido tirantes entre el Estado con el responsable en funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, sobre quien se han dirigido muy distintos adjetivos calificativos, algunos incluso patentes en comunicados de prensa oficiales.

Precisamente es dicho funcionario quien firma el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, y quien tendrá la última palabra en el destino del bien inmueble, al menos así lo dice con todas sus letras la inserción en dicha gaceta oficial.

El operativo de traslado de los internos se efectuó muy de madrugada entre la corporación federal, Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal.

A los estatales no los requirieron ni siquiera para damas de compañía. La mutua desconfianza ha sido patente en los últimos meses, después del craso error corralista de dejar fuera de la mesa de seguridad al que hoy es virtual candidato a gobernador por Morena, Juan Carlos Loera.

El cierre del Cefereso 9, ubicado a un costado de la carretera Chihuahua-Juárez, ya casi para llegar a aquella ciudad, tiene como base proteger la dignidad de los internos.

Contrario sensu, como dirían los abogados, dicha instalación carcelaria no cumplía con parámetros mínimos ni de seguridad para reos de alta peligrosidad ni cuidado de elementales derechos humanos, pese a que tenía funcionando casi una década.

El informe 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue demoledor. Las insuficiencias existían en salud, seguridad, reinserción social, educación, deporte, atención a personas LGBTTTI, y drogadicción.

Era por tanto un polvorín del amarillo al rojo, en el semáforo penitenciario implementado por la CNDH, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital.

No hay tanto entonces porque extrañarse en la decisión que finalmente llegó, y que se encuentra muy en el ámbito de la Federación, que se ha desligado estratégicamente del Estado por la indudable ineptitud con que ha sido manejado el tema.

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Es muy duro lo que están teniendo que sufrir la viuda e hijos de Arturo Meraz González, expresidente del Instituto Estatal Electoral, para poder acceder a lo que por derecho les corresponde.

Están siendo maltratados y enviados a cumplir con trámites que deberían ser expeditos, no solo en el caso de dicho funcionario, sino de cualquier persona.

En términos de purismo jurídico podría decirse que es correcto, pero ya tienen varias semanas con el procedimiento y no han podido acceder, ya no digamos a la indemnización, sino a algunas prestaciones que le correspondían y que se adeudan al exfuncionario electoral.

El procedimiento se está llevando ante el Tribunal Estatal Electoral bajo el expediente JCL-32/2020, y se refiere a un juicio que busca dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el IEE y sus servidores públicos.

Están buscando ser declarados como beneficiarios para recibir las prestaciones que por ley le correspondían al estimado funcionario electoral fallecido por Covid.

Es más hasta se publicó en estrados del IEE un llamado público para que quien se sienta con derechos acuda al órgano jurisdiccional electoral.

Se esperaría cuando menos un poco de sensibilidad y apoyo, que al menos por parte del TEE ha existido al suplir la deficiencia de la queja en varios aspectos, según nos informan.

Sin embargo, no deja de ser embarazoso y problemático el procedimiento, que los ha hecho sufrir las de Caín, con el profundo dolor encima por la pérdida del ser querido.

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Publicó el Secretariado Ejecutivo su último informe en relación con los delitos cometidos a nivel nacional y por entidad federativa, en el cual se evidencia por supuesto la violencia en espiral que enfrenta Chihuahua.

El homicidio, principal indicador en la incidencia delictiva, continúa imparable. Son 166 las muertes registradas en noviembre, una reducción del 30 por ciento en relación a octubre, podrían decir quienes están impacientes por echar campanas al vuelo.

Pero los números son engañosos. A la fecha ya se superan los homicidios ocurridos en 2019 con creces, son 129 más a la fecha.

Igual ocurre con los homicidios dolosos, 124 más que los acontecidos el año pasado, y aún falta diciembre.

Se rozan ya los diez mil homicidios en lo que va del quinquenio corralista, cifra terrible sólo comparada con los niveles de violencia ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón, hace ya una década.

Prueba indudable de la incapacidad que ha existido en el Gobierno estatal.

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La imagen que le mostramos en la edición digital corresponde al contenedor del destilichadero localizado sobre vialidad Los Nogales.

Los vecinos han hecho de dicho lugar un auténtico muladar. En lugar de colocar los desperdicios en el contenedor, llegan y los lanzan a un lado.

La finalidad de colocar el contenedor es que sean tirados en su interior los tiliches inservibles, pero no hay desafortunadamente ningún cuidado al respecto.

Son sin duda gajes del oficio por parte del personal de limpia y aseo urbano, pero no deja de generar coraje por el desperdicio de recursos humanos y materiales, doble trabajo, el que se tiene que realizar para recoger todo y colocarlo en el contenedor.

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Ni la carta enviada al gobernador Javier Corral, menos los mensajes por redes o los rezos que han elevado los católicos, han sido tomados en cuenta por el mandatario en la caprichosa semaforización sanitaria que dicta cada vez que se le ocurre.

La semana pasada, con miras a las celebraciones religiosas más importantes del año, los católicos organizaron una caravana por la ciudad para pedir la reapertura de los templos.

Fue la Comisión Diocesana de Laicos, por lo visto con la venia del arzobispo, Constancio Miranda, la que determinó salir a hacerse presente para pedir que la actividad religiosa sea también considerada esencial, en tiempos de crisis en los que la fe es para muchos el único de sus recursos.

En la foto que se muestra en la versión digital de GPS aparecen algunos carros que participaron en la marcha, justo el día en que Corral entregaría camiones “chuecos” reparados a algunos municipios, en un evento público.

Los vehículos traían mensajes con esa exigencia. “Necesitamos nuestras iglesias abiertas”, “Viva Cristo Rey”, “los templos son esenciales” y “abran las iglesias”, eran entre otras las leyendas con las que desfilaron por la capital.

La contradicción entre cerrar los templos y hacer concentraciones para el lucimiento del gobernador; o bien, tener las iglesias cerradas, pero permitir aglomeraciones de todo tipo en bancos, comercios, oficinas de gobierno, funerales y demás, era lo que buscaban exhibir.

Ante la desatención al reclamo, algunos sacerdotes recurrieron a mensajes directos a la feligresía, pues incluso con medidas sanitarias básicas les han negado la posibilidad de reapertura, lo que ha hecho crecer la molestia entre los católicos que ya radicalizados han comenzado a abrir misas desde la “clandestinidad”.

Ni modo, ahí se quedará su reclamo porque los funcionarios de Salud, con el gobernador a la cabeza, no perdonaron los días de asueto y descanso.