¿Cárcel a niños por no usar cubrebocas?

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La iniciativa que contempla inaplicables sanciones de 36 horas de arresto y más de 4 mil pesos de multa es tan irrelevante que seguramente una buena campaña publicitaria tendría mejores resultados

LA COLUMNA de El Diario / sábado, 07 noviembre 2020 |

-¿Cárcel a niños por no usar cubrebocas?

 -Pase a la populista ‘ley del cubrebocas’

-Preparan presupuesto 2021 sin dinero para el 2020

-Será la vacuna o los hospitales

Prácticamente le dieron pase libre a la “ley del cubrebocas” en la Comisión de Salud, que conforman los diputados Jesús Manuel Vázquez del PAN, René Frías de Nueva Alianza, Janet Mendoza de Morena y Deyanira Ozaeta del Partido del Trabajo.

Admitida la propuesta que envió Javier Corral apenas el miércoles, la comisión le dio trámite ayer. Previamente se hicieron observaciones tan simples como que es mero populismo y su articulado (23 artículos principales y siete transitorios, incluido el de su derogación una vez que pase la contingencia sanitaria) es tan básico que un sencillo reglamento municipal hubiera sido suficiente.

La iniciativa que contempla inaplicables sanciones de 36 horas de arresto y más de 4 mil pesos de multa es tan irrelevante que seguramente una buena campaña publicitaria tendría mejores resultados. Pero era imposible que le negaran el análisis favorable los asesores legislativos por mera corrección política en tiempos de pandemia.

La aprobación del dictamen quedará para la siguiente semana y luego habrá de subirse al pleno, para su posterior publicación en menos de una semana.

La medida populista, presentada con más afán de protagonismo que con utilidad práctica, podría distraer de otros temas más relevantes que habrán de debatirse en el Legislativo, precisamente a partir de la siguiente semana.

Vienen la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y unas reasignaciones presupuestales de proporciones enormes, para lo que seguramente no habrá cubrebocas que alcance.

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Sigamos con el tema anterior: esas disposiciones de la norma denominada formalmente como “Ley que Regula el Uso del Cubrebocas” van de las obviedades a los absurdos. Algunos ejemplos de su imposible aplicación saltan a la vista.

Separa las mascarillas simples de las higiénicas y de las de uso médico, sin que marque determinada autoridad para diferenciarlas o catalogarlas, ya que cada quien usa lo que puede o lo que tiene a la mano. Está muy visto que la gente trae desde un perfecto cubrebocas quirúrgico hasta un pedazo de tela sucio con el logotipo pirata de su equipo de futbol favorito.

Su cumplimiento, además, será un tanto más absurdo, pues obliga a niños mayores de 12 años a portarlo, pero no dice cómo proceder con un menor de edad que no lo tenga, salvo la amenaza general del arresto y la multa económica tasada en UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

Como un instructivo para el uso de esta herramienta pasa, está ideal, pero como una ley resulta verdaderamente ridícula.

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No es remoto que en cualquier momento el Gobierno estatal se quede sin dinero hasta para pagar la nómina de sus empleados.

El rostro actoral del gobernador el miércoles que dio a conocer el sui generis toque de queda mostró preocupación cuando reconoció la falta de recursos para inyectar al sector salud en esta nueva y más implacable embestida del Covid-19.

Ya no hay dinero, enfatizó con un melancólico histrionismo dirigido a quienes desde el interior de los hospitales claman con auténtica desesperación por más insumos y más apoyos de toda índole para enfrentar al apocalíptico virus.

No andaba la mente de Javier Corral en el Covid-19 en esos instantes. Andaba justo en la quiebra de las finanzas estatales y en los milagros que requiere ya no para terminar su régimen en septiembre del año próximo sino para concluir el 2020.

Han durado toda la semana sus gentes de Hacienda y de Administración sosteniendo reuniones con sus similares de las distintas secretarías para armar el presupuesto del 2021… sin saber cómo terminar el del año en curso.

Los análisis han sido con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Fiscalía General del Estado, la de Desarrollo Urbano y Ecología, Innovación y Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Rural, Coordinación de Comunicación Social, etc.

Con las advertencias del Gobierno federal sobre las reducciones, la bajísima recaudación estatal esperada para el año entrante, la disminución actual de ingresos por impuestos ocasionada por la pandemia y el fracaso enorme de la reestructuración de la deuda pública estatal, han generado que los cálculos vayan por dependencia a disminuciones no al anunciado 20 por ciento sino hasta el 25 y hasta el 35 por ciento.

Es, efectivamente, un escenario de cataclismo no esperado ni en las más febriles pesadillas del nuevo amanecer. Su capacidad de maniobra se ha reducido lastimeramente a la caja chica.

Para el 2021 solo saldrán los gastos quizá elementales de cada secretaría, algunos pocos millones para apoyar las campañas electorales de los candidatos de casa y se darán de santos si pagan sueldos completos de toda la burocracia estatal de enero a agosto que concluye la administración.

En medio de tales urgencias fue decretado el “toque de queda”.

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Con el acomodo de más de 30 mil millones en materia de salud fue enviada al Ejecutivo para su publicación la Ley de Ingresos aprobada por la Cámara de Diputados. Así acabó una discusión de semanas que ahora pondrá en la balanza si se acaban las obras de hospitales a medias (más de 100 por todo el país) o se financia la vacuna contra el Covid.

Esos miles de millones de pesos, que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberá concentrar en la Tesorería de la Federación a más tardar el 1 de abril de 2021, serán determinantes en la política sanitaria federal.

A nivel estatal tendrán su impacto más fuerte en Juárez, donde existen dos obras hospitalarias en el abandono, una de especialidades y otra de oncología. Son esas obras donde se pasearon en 2018 Javier Corral y Andrés Manuel López Obrador para prometer que las terminarían y las pondrían en operación, ya fuera con el IMSS, Salud del estado o el naciente Insabi. Pura palabrería.

En la discusión entre los legisladores que se prolongó hasta el jueves por la noche, la panista Patricia Terrazas Baca no pudo lograr que se etiquetaran de ese fondo los recursos necesarios para los hospitales en la frontera. La abandonaron el resto de los legisladores de la entidad, básicamente pregonó en el desierto.

La moción de la influyente chihuahuense, presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, fue desechada junto a un montón de reservas de todos los partidos. Al final se aprobó el manejo del fondo de salud como acordó la mayoría morenista y como lo quería Palacio Nacional.

Pues bien, ahora que la normativa de los ingresos quedó aprobada y lista para su publicación, en la Secretaría de Hacienda es donde se habrá de decidir en qué se gastan los recursos autorizados. Quienes están al tanto del manejo financiero insisten en que el presidente habrá de decidir si se van en la vacuna o los hospitales sin terminar. No habrá para ambos renglones del mismo vulnerable sector de la salud.