Un negociazo con agregado electoral

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El Diario de Chihuahua / GPS / Columna lunes, 06 julio 2020 | 05:00

-Desaparecen dictámenes sobre cuentas

-No bajan de mil 500 los contagiados

-Pasó de servir de nada a club de amigos

Deben tener cuidado los servidores públicos al momento de promocionarse porque podrían incurrir en un delito electoral, que en la actualidad podría tener como consecuencia la cárcel.

La imagen que mostramos en GPS digital es de Roberto “El Pony” Lara, en una sesión de video conferencia con el comité municipal del PAN, donde expuso los programas de modernización del sistema de agua tratada, que se encuentra en marcha.

Este proyecto financiado mediante un crédito de 223 millones de pesos no tuvo ningún problema para ser aprobado.

Fue presentado a los militantes panistas conectados por video conferencia como una gran estrategia para brindar servicio a los ciudadanos. Negociazo en el fondo.

Hubo mutis del otro gran proyecto de alumbrado promovido por el Municipio, que fue truncado a través de un plebiscito costosísimo.

Pero ese detalle no generó problema alguno. El prurito se encuentra en que aparentemente Roberto Lara se encuentra en las mismas instalaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, utilizando equipo e Internet propiedad de la administración, al momento de la transmisión. Son las cinco de la tarde del pasado miércoles 24 de junio.

Por supuesto debería la autoridad electoral de oficio entrar a revisar el hecho, toda vez que es obvio que el responsable de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento es un aspirante al ayuntamiento de Chihuahua, y su participación tiene un fondo implícito de promoción personal con fines electorales, para lo cual está vedado el uso de recursos públicos.

Desde el año pasado ha incrementado su presencia mediática y en redes sociales. Hay quien asegura que incluso trae asesores de imagen de esos que no son baratos. Por lo pronto, el logo que se le atribuye no parece nada original ni creativo.

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Desde diciembre fueron autorizadas las cuentas públicas a múltiples organismos centrales y descentralizados del Gobierno del Estado de Chihuahua. Es julio y aún no tiene conocimiento la Auditoría Superior del Estado sobre los dictámenes legislativos que desaparecieron por arte de magia las irregularidades.

Se encuentran entre estos organismos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Operadora Vivebus -aún se le denomina así-, el Colegio de Bachilleres, la Coesvi y el Fideicomiso del Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de víctimas en la lucha contra el crimen.

Son cientos de millones de pesos los que la ASE había observado y que el Congreso purificó en el más absoluto acuerdo cupular.

Entre estas observaciones se encuentran sueldos universitarios desmesurados, así como otros arrimadijos en alimentos y viáticos no comprobados. Son 214 páginas, en su mayoría de observaciones que no fueron solventadas a juicio de la ASE, pero que de poco sirvió.

Los demás organismos se encuentran por las mismas. El pretexto para no comunicar oficialmente la decisión seguramente será el Covid, pero es fundamental para conocer en términos exactos la determinación legislativa. Es decir, los términos concretos de la purificada oficial. La página de la ASE simplemente dice “por dictaminar”.

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Carga Javier Corral una pesada loza en su espalda. Es el gobernador electo con el menor porcentaje de votos en los últimos cuatro sexenios.

Francisco Barrio se empecinó con Ramón Galindo y Patricio Martínez le ganó con un 49 por ciento de los sufragios, algo así como 497 mil votos. Era 1998.

En 2004, José Reyes Baeza Terrazas le ganó a Corral la gubernatura, con un 56 por ciento de los votos, 561 mil sufragios efectivos. Corral apenas logró el 41 por ciento.

En 2010, César Duarte se impuso a Carlos Borruel con el 55 por ciento de los votos, 600 mil electores votaron por él. Borruel apenas logró 39 por ciento.

En 2016, Javier Corral de nuevo en la boleta, apenas logró el 39 por ciento de los votos -ni siquiera el 41 por ciento de 2004-, y con ello ganó en virtud del fenómeno del Chacho Barraza, que jaló un 18 por ciento de los votos.

Hoy, en su cuarto año de gobierno, carga adicionalmente con una mala percepción ciudadana, un estado que no resolvió el problema de la deuda y que incurrió en préstamos para pagar lo elemental, que es el gasto corriente. 

No pudo siquiera con el déficit presupuestal. Agréguese el indudable problema de inseguridad y la crisis económica provocada por un manejo inadecuado de Covid.

Así, en esas condiciones, persiste en su afán de influir en la determinación de su partido para elegir candidato a gobernador.

El sainete de esta semana no es otra cosa que pataleo desesperado por apuntalar a su alfil, Gustavo Madero, un senador ausente en la solución de los grandes problemas de Chihuahua. El más debilucho de todos los delfines.

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Los datos de las últimas semanas en materia de Covid son preocupantes. Son 14 días constantes en que el número de contagiados activos a nivel estatal no baja de mil 500.

Si bien es cierto, los hospitalizados se mantienen en 200, y de ellos apenas unas decenas intubados, hay un relajamiento por la ausencia de campañas eficaces de promoción de la salud, fuera de los tediosos programas de gobierno estatal que han saturado las redes en los últimos meses, y que los ciudadanos –unos cuantos- apenas acceden por segundos.

El dato preocupante es que los contagiados nuevos han tenido picos significativos, antier con 102, antes con 83 y 95.

Es urgente una auténtica reunión del Consejo Estatal de Salud en la que se expongan los datos y se adopten decisiones, porque la Secretaría de Salud luce por su errática conducción en la materia. 

Pareciera que preparan e impulsan el regreso al color rojo y con ello de nuevo la paralización total.

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A casi un año de su designación, la titular de Protección Civil del Estado, Ana Gómez Licón, no ha hecho otra cosa más que convertir la dependencia en un elefante blanco.

Durante el periodo de emergencia sanitaria, la instancia que debió ser protagonista y marcar una pauta en la atención a la contingencia, simplemente desapareció; salvo personal operativo que domina múltiples funciones, la burocracia dorada de Protección Civil fue enviada a casa.

Eso sí, en las últimas semanas doña Ana hizo discretos movimientos para aprovechar los generosos sueldos de la nómina pública. Para ello sacó a los pocos expertos que quedaban en el área, al fin que con una dependencia paralizada ya ni falta hacían.

La señora designó a sus amigos Julio Rojo como jefe administrativo y a Zayra Jáquez como jefa operativa, ambos sin el conocimiento básico de la materia que ahora tienen a su cargo; la protección civil realmente les importa menos que un comino.

La institución se volvió así en mero instrumento decorativo de la administración estatal. Antes tuvo un periodo de estabilización y crecimiento, cuando mandaron a la dependencia a un marino especialista en la materia.

El club de amigos de doña Ana, así podría ser el nombre ahora de la oficina estatal. Total, ya se ha olvidado por completo su misión, en gran medida porque sigue estando en el aire: mientras a nivel nacional la instancia ya es parte de la Secretaría de Seguridad, aquí sigue en el organigrama de la Secretaría General de Gobierno, superior jerárquica que también parece florero.