Columna / El Diario de Chihuahua / jueves, 23 julio 2020
-Faltaron delitos contra asesino de Camila
-Esperan en Ladrilleras regreso de morenos
-Quieren contar las muelas a los agricultores
El nuevo amanecer le echó la caballada encima al empresario que hace unos días organizó la carrera “Reto Cerro Coronel”, a quien se acusó de no colaborar con la sociedad chihuahuense.
La justificación es el discurso de que quien no colabore con la sociedad chihuahuense no tiene derecho a recibir apoyo alguno. Pinochet es apóstol de la democracia comparado con Corral.
Discrecionalidad fulminante desde el escritorio cómodo de Juan Pedro Santa Rosa, el titular del Instituto del Deporte y repetida por el patrón.
Es incongruente que bares como la Cervecería 19 y algunos otros tengan operaciones simulando cuidar los términos condicionantes de la pandemia; y que los camiones urbanos se muevan atiborrados de pasaje en la ciudad, sin que la autoridad actúe.
Pero que no se le ocurra a alguien organizar una carrera, que en su mayoría fue virtual, porque entonces se pierden los derechos de ser apoyados con las migajas autorizadas.
El deporte, como todos los sectores, se encuentran si no en quiebra, sí al borde del truene, por la ausencia de apoyos.
Manuel “Igor” del Castillo vocero de Gobierno del Estado publicó la lista de actividades de bajo y alto riesgo.
Vaya sorpresa, tenis y golf de bajo riesgo para su jefecito santo, los demás que se vayan al rancho del señor presidente.
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La sentencia de 115 años impuesta al asesino de la niña Camila fue sin duda ejemplar; sin embargo, los juzgadores no incluyeron los delitos de desaparición forzada y trata de personas. Este último una constante en Chihuahua, que afecta principalmente a las niñas y adolescentes.
Hay, sin embargo, algo curioso: a pesar que las autoridades tienen plenamente identificadas por lo menos 14 colonias de la capital y 12 en Juárez, en donde se comete el ilícito, no hagan nada por evitarlo y aún más, que exista un Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, que fue pomposamente arrancado en enero de 2019.
En el evento de instalación, el gobernador Javier Corral dijo que Chihuahua daría el ejemplo a nivel nacional en el trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para combatir el delito y atender a las víctimas.
A la fecha no hay resultado alguno. Ojalá el ejemplo no sea el contrario.
Las reuniones formales de trabajo del famoso consejo han sido quizá dos en todo este tiempo, y aunque en los últimos meses se ha convocado a reuniones virtuales –por aquello de la pandemia- estas terminan cancelándose debido a que de los 23 consejeros registrados, se presentan tres o cuatro. No hay quorum pues.
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, habrá que esperar si hay algún informe de trabajo o sólo la presentación de trípticos, que se sabe están elaborando, o tal vez ni siquiera eso.
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Los morenos decidieron salir a la calle a conocer de primera mano la pobreza, por eso que en estos días fueron vistos en algunas colonias marginadas.
En la zona de Ladrilleras Norte se apareció Osmand González, secretario del Trabajo del Comité Estatal de Morena, acompañado de la empresaria del ramo inmobiliario y financiero Jaqueline Armendáriz Portillo, de quien no se sabía que fuera morenista hasta ahora que ha tenido constantes acercamientos con el partido.
Casualmente los jóvenes de Morena comenzaron por uno de los extremos del Distrito 12, que lo andan trabajando para quitarle lo azulado.
Ambos fueron, según lo que dijeron a los vecinos, a escuchar a los habitantes, conocer y atender sus necesidades, que por cierto no son pocas, pues son gente que vive en asentamientos irregulares a los que no llegan los servicios básicos. Ahí donde se regresa el aire entra la luz con “diablitos” y el agua con mangueras o pipas. De la basura o la seguridad ni se diga.
Las olvidadas familias del sector plantearon a González y Armendáriz que se dedican principalmente a la venta de artesanías y como muchos tarahumaras pretenden quitarse la imagen de que sólo piden “kórima”, pues hacen otras cosas para subsistir en medio de la adversidad. Son gente de trabajo con realmente muy pocas oportunidades.
Los morenistas se comprometieron a regresar este próximo sábado para definir algunos planes de apoyo a los artesanos y trabajadores del sector.
El compromiso de ayudarlos fue hacerlo de forma integral y no sólo con el asistencialismo común que daña más de lo que favorece.
Falta que cumplan los morenos, porque la idea que se tiene de los políticos es que sólo van a las colonias cuando andan buscando los votos.
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En un brete se encuentra el gobernador, pero muy poco le importa. De poco le ayuda la manera descarada en que se desdice de sus agresiones políticas contra la alcaldesa Maru Campos, cuando las evidencias son palpables y documentadas.
Hay un texto emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que nos hicieron ver algunas de las panistas que se sienten agredidas por su condición de género debido a la desproporcionada forma en la que ha reaccionado Corral.
En él se señala que existe violencia política cuando se amenaza, asusta o intimida en cualquier forma, con el objeto de anular derechos políticos, incluyendo renuncia o función.
También se comete esta violencia cuando se “divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos” o cuando “eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones”.
Sabe o al menos debería saberlo el titular del Ejecutivo que en cualquiera de los supuestos, las manifestaciones y actos vertidos y desplegados caen como anillo al dedo.
En el caso concreto, ejerce de nuevo violencia política contra las mujeres panistas que han tenido la osadía de reclamar su conducta.
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Recién se hizo hasta una rueda de prensa para dar a conocer la nueva droga que circula por las calles chihuahuenses. Fentanillo es el nombre de este opioide sintético similar a la morfina, aunque con efectos hasta 60 veces superior.
Quizá esto es novedad para los altos mandos policiacos, pero muy bien saben los agentes que combaten en las calles que en realidad hace años se produce esta droga, aunque principalmente su destino es los Estados Unidos, donde existe un encarecimiento significativo que llega hasta siete dólares la dosis.
Resulta que la pandemia afectó la producción de los agentes químicos que se utilizan para la producción del fentanillo, por lo que de manera simultánea los laboratorios ilegales tuvieron que reducir la elaboración de esta droga.
Andan poco desorientados al hablar del fentanillo como algo novedoso. Incluso, tendrían que ir a todas las farmacias porque la industria médica lo distribuye de forma legal a través de fármacos recetados.
Muy poca seriedad como en otros temas con este asunto, que es una tragedia en las calles.
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Son nueve las entidades federativas donde se ha presentado la propuesta del PIN parental. Chihuahua es una de ellas.
Se supone que siendo la entidad gobernada por el PAN no debería existir ningún problema en autorizar dicha moción a la educación.
Sin embargo para sorpresa de todos, el PIN, que no es otra cosa que ratificar la preeminencia de los padres de familia en la educación de sus hijos, ha sido permanentemente boicoteada.
Quedaron atrás los tiempos en que los funcionarios panistas se ceñían a los principios doctrinales de su partido, que en este aspecto son terminantes. Ahora son simplemente violados.
“En sus relaciones con la familia, como en todos los campos de su actividad, el Estado está obligado a respetar la preeminencia de la familia… y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos”, establecen dichos principios.
Interesante que los estatutos del partido que fundó Gómez Morín impongan como sanción por el incumplimiento de ellos incluso la expulsión. Aspecto que también es ignorado.
En Chihuahua la oposición a esta figura que se encuentra en comisiones unidas viene desde Palacio de Gobierno. Hay una descarada presión sobre los diputados, desde diversas instancias sin pudor alguno. La Comisión de Víctimas, Sipinna estatal y por supuesto el DIF y últimamente el Instituto de salud mental. No puede ser casualidad.
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Debe transparentarse la medición que con recursos de los chihuahuenses se ordenó realizar sobre los niveles de las presas. Cuánto costó, a través de qué dependencia se realizó, qué empresa fue la responsable y cuáles fueron los resultados.
De otra manera la desconfianza en Conagua y su cómplice Gobierno del Estado de Chihuahua sólo se acrecentará.
Piensan que le pueden contar las muelas a los campesinos, están equivocados.
