¿Por qué cerveza sí y parques no?

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Nada tenemos contra el consumo moderado de cerveza; al contrario, su ingestión prudente es recomendada aun por los especialistas en la salud

LA COLUMNA / de El Diario / sábado, 24 octubre 2020 |

-¿Por qué cerveza sí y parques no?

-Por ley, ‘Poncho’ no puede ser candidato

-Sensación de asfixia Covid en la maquila

-Municipios también colapsan por deuda

Nada tenemos contra el consumo moderado de cerveza; al contrario, su ingestión prudente es recomendada aun por los especialistas en la salud. Su sabor es mundialmente atractivo en particular acompañada de carnes asadas, barbacoas o botanas.

Aún con semejantes bondades, es incomprensible a la luz de razonamientos estrictamente lógicos de salud que la cerveza haya superado el semáforo rojo y no los parques llenos de oxígeno y espacio abierto, ya sea para realizar ejercicio físico o por lo menos atacar la claustrofobia de las cuarentenas.

Por supuesto que los más conocedores del ambiente político y de los negocios saben mejor que bien las razones que tuvieron Corral Jurado y sus funcionarios de Gobernación para dejar cuatro muy buenos días por semana a la venta de cerveza y todo tipo de bebidas alcohólicas legales. Sin duda hacia ellos se extiende el negocio.

También es cierto que los parques son convertidos en lugares de alta concentración de gente y por lo tanto facilitan la dispersión del letal bicho Covid-19 pero en fines de semana y en determinados horarios.

Igual que la venta de cerveza tiene su gracia de cuatro días, por elemental criterio de salud los parques debieron tener la propia en horarios específicos de la mañana y de la tarde.

Desafortunadamente no es el buen discernimiento el que opera en Corral para la toma de sus delicadas decisiones. No conoce más allá del interior de los aviones en los que pasa la mayor parte de su tiempo, las cuatro paredes de Palacio de Gobierno y los consejos de sus ventajosos colaboradores más cercanos. No conoce a los gobernados, dónde viven, ni cómo viven.

Ha “combatido” la pandemia así nomás, a tontas y a locas, como dice la popular expresión.

Y como prueba de remate tenemos que ayer tuvo actividades presenciales (en pleno semáforo en rojo decretado por él mismo) en Ojinaga. Presentamos en versión digital las fotos donde “inaugura” obras que hace tiempo había inaugurado ya el alcalde de aquella región, Martín Sánchez Valles.

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El Artículo 14 de la Ley Asociaciones Religiosas dice, entre otras cosas, que “los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable”.

“No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo…”.

A mayor abundancia sobre el tema, el artículo 182 de la Constitución Política Mexicana y el 72 de la del Estado, señalan con meridiana claridad que para ser votado a un cargo de elección popular no se debe pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto alguno, las cuales son disposiciones muy claras que parece no entender Javier Corral.

Metido como está en la dinámica electoral al interior de su partido, en Juárez ha querido imponer por todos los medios posibles la candidatura a la alcaldía del pastor cristiano Alfonso “Poncho” Murguía, quien hasta la fecha sigue apareciendo en activo en todos los padrones de ministros de culto con que cuenta la Segob, lo que evidentemente lo imposibilita en esa aspiración.

Por instrucciones de Corral, la dirigente estatal del PAN no solo mantiene con el pie en el cuello al comité municipal, sino que ha operado, o al menos lo intenta, la posibilidad la eventual candidatura de Murguía incluso mediante reuniones secretas en esta frontera, a espaldas del comité municipal y del mismo consejo político creado por ella misma.

En la recta final de su mandato, Corral repite y mejora las peores prácticas del priismo que tanto criticó por años, tratando de vetar candidatos como el caso de la alcaldesa de Chihuahua, o de imponer otros como en el caso de Murguía. La desconocida que le dará la militancia blanquiazul será de pronóstico reservado.

“Poncho” se ha dejado querer, por supuesto, pero luego tendrá qué discernir entre seguirle haciendo caso a Corral o aguantar el corrido para apoyar eventualmente a su también querido primo, precandidato a gobernador priista, “Teto” Murguía.

Los planes B y C de Javier Corral pudieran ser el efectivo fiscal de Justicia en la zona norte, Jorge Arnaldo Nava; y su jefe el fiscal general, César Augusto Peniche.

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Ayer por la mañana comenzaron una serie de reuniones los directivos agremiados a Index (Industria Manufacturera de Exportación), en Juárez y Chihuahua, que encabezan Pedro Chavira y Luis Carlos Ramírez López. Buscan establecer nuevos modelos de trabajo en cuanto a turnos y horarios de transporte de personal, dos factores identificados como puntos clave del alza de contagios de Covid.

La nueva exigencia a las maquiladoras es la de ajustar los cambios de turno que manejan y generan altas concentraciones de gente, así como idear mejores formas de traslado de sus empleados de la casa al trabajo y viceversa.

Aunque los dirigentes de Index se han mostrado abiertos a hacer lo que sea por frenar el alza de contagios, entre los directivos de las plantas subsiste un reclamo por todo lo que se le impone a la maquila de parte de las autoridades. Todo se les carga y no son correspondidos por los gobiernos estatal y federal.

Incapacidades por Covid, sobreregulación fiscal interna y más en cuanto a exportaciones, que es básicamente el giro de las manufactureras de la frontera y la capital, más nuevas disposiciones a las que obliga el semáforo en rojo; esas son las cargas extra con las que cuenta la industria, que se han agudizado conforme transcurre el año.

Los directivos y gerentes aducen con razón que dentro de las plantas se han tomado las medidas sanitarias correspondientes al riesgo epidemiológico, con inversiones millonarias. Pero al exterior de las empresas no pueden hacerse responsables de la actitud de los trabajadores o de fallas constantes de la autoridad sanitaria, que son precisamente las que han llevado al colapso al sistema de salud.

Presionar tanto a las manufactureras, cuando es reconocido a nivel nacional que ha sido el sector que mejor ha paliado la depresión económica, podría resultar contraproducente con esas inversiones extranjeras que generan cientos de miles de empleos.

Le van a dar las maquilas hasta donde tope con las medidas de prevención, pero la sensación de asfixia que sienten se asemeja a un avanzado estado del Covid que puede derivar en consecuencias fatales.

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Nueve de 19 municipios de Chihuahua que tienen deuda registrada oficialmente no han entregado información suficiente para medir su riesgo en el semáforo crediticio creado a partir de la Ley de Disciplina Financiera.

Puede verse la lista completa de las ciudades en la versión digital de La Columna. Son los municipios que, con autorización previa del Congreso del Estado, han recurrido al crédito para hacerle frente a compromisos de gasto e incluso con el fin de cubrir sus aportaciones a proyectos conjuntos de obra que les ofrece el Ejecutivo estatal.

Los principales (Juárez, Chihuahua, Delicias) aparecen en verde, con un endeudamiento sostenible resultado del análisis que hace el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero llaman la atención esos que son casi la mitad de los municipios pequeños y medianos que no han reportado información, lo que de suyo es un mal indicador.

La tasa estatal de municipios incumplidos es muy alta, encima del 47 por ciento, dado que la tasa nacional apenas rebasa el 30 por ciento.

Los compromisos financieros de esos municipios lógicamente se verán afectados en 2021, con la previsible baja en aportaciones y participaciones que harán colapsar diversas áreas del servicio público. Sin duda agrava la situación el hecho de que oculten su situación financiera real, siguiendo el mal ejemplo que les pone el Estado.