GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / viernes, 18 septiembre 2020 |
-Viáticos sin explicación clara
-El premio de “Igor” a la misoginia
-Encuentro legislativo sin resultados
No fue únicamente una falta de respeto a la representación institucional sino una franca agresión a la mujer por ser mujer.
Así fue visto el enésimo desplante ejecutado ayer por el gobernador, Javier Corral Jurado, contra la alcaldesa de esta ciudad, María Eugenia Campos Galván.
Fue el gobernador de pena ajena inclusive con los anfitriones directivos de Walmart que inauguraron un gigantesco centro de distribución en la salida norte de la ciudad, muy cerca de la caseta de peaje de Sacramento.
Deben haber pedido los ejecutivos que se abriera el piso cuando Corral les pidió colocar en el presídium lejos de él a la alcaldesa aunque aguantaron la presión y permitieron que también ella tuviera intervención en el micrófono para agradecer la inversión en la ciudad.
La fotos tomadas por El Diario –que presentamos en nuestra versión digital- son elocuentes pero las divulgadas por “Igor” del Castillo, el jefe de Comunicación Social del gobierno estatal, son francamente agresivas tirando a muy corrientes.
De todas las imágenes oficiales fue Maru cercenada; también fue editada de los videos y burdamente su nombre evitado en las redes sociales de Corral que incluyeron el evento.
Es evidente que el gobernador no concibe ni en sus peores pesadillas a Maru como su eventual sucesora, no por supuestos nexos con la administración estatal anterior, sino porque ha hecho en el municipio la obra que el mandatario no ha logrado en todo el estado y particularmente porque ella aportó en el 2016 más de 100 mil votos que ayudaron al triunfo estatal, así como en el 2018 las diputaciones que mantienen al PAN como grupo mayoritario en el Congreso.
El celo es patológico.
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Probablemente no son los grandes montos en viáticos, pero es el procedimiento el cual llama la atención al momento de la comprobación.
Son no más de 26 mil pesos utilizados la mayoría de ellos en viajes a Ciudad Juárez, por parte de un empleado del Tribunal Superior de Justicia.
Se trata del auditor Saúl Fierro Flores, que firma por otras dos personas que hacen el viaje junto con él durante varios días a la frontera.
La imagen que le mostramos es un dato que arroja la página Comisiones Abiertas, con tres de los viajes, dos de ellos de once mil pesos cada uno.
Se indica que el viaje se realizó con dos personas más pero no ofrece mayor información de la comisión.
El informe rendido, uno de los cuales tenemos en nuestro poder, no justifica para nada la comisión, sólo que se trata del desahogo de actividades en el Distrito Judicial Bravos.
“Por medio de la presente me permito informar a usted que ha sido terminada la comisión que enseguida se detalla: actividades y desarrollo de la comisión desahogo de diversas diligencias en el distrito judicial Bravos”. Y punto.
El documento tiene fecha de junio de 2019. El jefe del departamento o autoridad competente que ordena la comisión, simple y llanamente le recibe sin más, estampando su firma.
La superficial revisión con la cual es autorizado el gasto, contrasta con la puntual y milimétrica auditoría que se realiza a los juzgados.
De hecho, los juzgados civiles en el Distrito Judicial Morelos se encuentran en plena revisión por parte de visitadores de oficinas centrales, en un proceso que acaba de arrancar y se prolongará hasta octubre.
Los juzgados son tratados inmisericordemente durante las revisiones, con lupa su manejo administrativo y jurisdiccional. Cero tolerancia. La visita es esperada con terror.
No cabe duda que hay de tratos a tratos.
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Unos magistrados se van en diciembre, otros se quedan, en el Tribunal Estatal Electoral, pero la opacidad es la marca de la casa.
Desde 2015 fueron designados, unos por cinco años, otros, por siete. Tienen en común todos ellos, un detalle interesante en sus declaraciones patrimoniales y de interés.
No estuvieron antes ni ahora dispuestos a su divulgación pública. Ni José Ramírez Salcedo y Yuri Zapata, que se van en diciembre, ni quienes se quedan dos años más, César Wong, Jacques Jácquez y Julio Merino “El Peloncito”, este último presidente del órgano jurisdiccional electoral estatal.
La leyenda de mérito, ¿está de acuerdo que la información contenida en esta declaración se haga pública?, recibió un lacónico no en un recuadro debidamente tachado.
Los magistrados electorales forman parte de la casta dorada salarial en materia de elecciones -y fuera de ellas-, con puestos cuyo nombramiento es plurianual.
La ausencia de transparencia es un lujo con el cual los señores magistrados cierran año y se preparan para el proceso del 2021.
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Si supieran las jóvenes feministas que el martes 15 de septiembre se manifestaron durante el grito, la manera en que la administración estatal premia a Israel Beltrán Montes, quizá ahí seguirían protestando.
El concesionario de radio y locutor, que maltrató impunemente a la reportera Brenda Chacón, con comentarios y actitud misógina indudable, es uno de los privilegiados por la oficina de comunicación social en materia de inversión en publicidad.
Son varios los millones que ha recibido desde 2016 a la fecha, con un contrato marco que ni de chiste se ha renovado anualmente como debiera, o al menos, se mantiene en algún cajón para ser sacado en el momento oportuno.
Este año la inversión con el radiodifusor ronda casi los dos millones de pesos, en múltiples órdenes de compra que salen como boletines exprés, sobre las rodillas.
Muy por encima ese gasto, incluso, lejos de una televisora nacional y diversas cadenas de radiodifusión, al menos en los datos hasta el momento publicitados.
Tiene aroma a premio inexplicable el uso del presupuesto por parte de la oficina que dirige Manuel “Igor” del Castillo.
La ausencia de tacto en el funcionario responsable de la imagen estatal ya es conocida. Tuvo precisamente con motivo de las fiestas patrias un nuevo episodio.
La imagen de una odiosa comparación entre él y el presidente Andrés Manuel, acompañados de sus respectivas esposas.
Negará que tuvo algo que ver en la ocurrencia, pero lo retrata de cuerpo entero por la superficialidad. Cursi y ridículo con cargo al erario público, alentando a sus aplaudidores sin sentido alguno.
En esa banalidad, el recurso económico para Beltrán Montes, encuentra sin duda la justificación perfecta, aunque abra heridas en el colectivo feminista válidamente agraviado.
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Por segunda ocasión sesionó el Congreso del Estado en la zona cero del conflicto por el agua entre los productores y la federación.
Primero lo había hecho en febrero, con inasistencia de los legisladores de Morena; ahora lo hizo casi con todos sus integrantes en forma presencial.
Sin embargo, en nada ayudó el encuentro legislativo a la resolución del conflicto, más que en aumentar la polarización.
Los discursos fueron subidos de tono igual que los abucheos.
En ella, la peor parte la llevó Miguel Ángel Colunga, quien se apersonó para defender lo indefendible, a riesgo de su integridad.
El legislador de Morena tuvo que ser sacado con protección de seguridad vestidos de civil.
A lo lejos, detrás de la pantalla de la computadora, Gustavo de la Rosa, leyó un mensaje íntegro extraído de la mañanera presidencial, protegido a la distancia.
Ni de locos se apersonó. Aun dentro de Morena hay quienes plácidamente ven los toros desde la barrera.
