GPS / Columna / El Diario / viernes, 16 octubre 2020 |
-Transa en adjudicación directa federal
-Trata de hallar “El Higadito” el agua hervida
-Con amparo frenan pavimentación de calles
El burócrata promedio no puede ni dormir en la noche-madrugada de los días quince y treintas esperando la nómina para pagar algún recibo que se vence o echar gasolina en la mañana.
Incluso hay quienes apenas despunta el sol acuden a los cajeros automáticos a retirar efectivo para realizar pagos urgentes.
Pero ello no importa a los dueños del dinero en la Secretaría de Hacienda. Ayer dejaron en el “sucidio” -como dicen en el rancho- a casi 300 empleados del Congreso y cinco mil más en el Instituto Chihuahuense de Salud.
Así como se puede leer, miles de familias tuvieron que esperar a que se les pagará su sueldo, con retraso de horas, lo mismo empleados de base, sindicalizados y de confianza.
Delicado el incidente, aclarado a medias tintas en la mañana con una improvisada conferencia de prensa a modo por parte del titular de Hacienda Arturo Fuentes Vélez.
Muy lejos creemos que haya sido la intención maltratar a los burócratas, más bien hay un problema grave de flujo de efectivo en las arcas estatales.
No es la primera vez que ocurre. Ya han existido retrasos similares, sólo que no han trascendido o se ha responsabilizado a los bancos que dispersan la nómina.
El mensaje es una alerta delicada. Una administración fracasada que empieza incluso a incumplir con pago de sueldos.
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No tendrá mucho trabajo la Secretaría de la Función Pública para encontrar irregularidades en la adjudicación directa mediante invitación con la que se remodela la denominada Casa de la Niñez Indígena, allá en lo recóndito de la sierra, en El Hormiguero, municipio de Urique.
Y decimos que no se necesita mucho esfuerzo porque simplemente el contratista adjudicado, un reconocido simpatizante morenista en Camargo, José Alberto Lara Hernández, ni siquiera se encuentra registrado en Compranet como proveedor.
Dice la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, en la nota localizada al calce, que “la persona física o moral consultada no se encuentra inscrita en el RUPC -Registro Único de Proveedores y Contratistas-, por favor solicitarle la inscripción a la Unidad Compradora que le adjudicó algún contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.
Es decir, la obra se adjudicó fuera del procedimiento de licitación pública, con el argumento de alguna de las excepciones oscuras que existen en las leyes aplicables, no sólo federales, sino también en las estatales, para darle vuelta al mínimo permitido, que está muy lejos de los 14 millones y pico en que está presupuestada.
Se hizo mucha alharaca al respecto en el Congreso del Estado, incluso se envió un exhorto a la Secretaría de Gobernación Federal mediante oficio 1032/2020, apenas iniciado octubre, para que investigue, pero el asunto es mucho más simple.
Hay jugoso negocio a flor de piel. Si no se cumplió con el más mínimo y elemental requisito, estar inscrito en el padrón de proveedores, mucho menos se cumple con lo más.
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La comparecencia del Secretario de Salud, Eduardo Fernández, “El Higadito”, en el Congreso del Estado, debe ser rescatada en algunos aspectos que no tuvieron resonancia y pasaron desapercibidos.
Uno de ellos nos parece de suma relevancia porque es producto de la impericia y ausencia de focalización.
Tiene el funcionario en la dependencia graves faltantes de medicamentos en las farmacias, tanto de Servicios de Salud como de Ichisal.
Hay hospitales sin concluir, que la administración estatal ha sido omisa esperando recursos federales que jamás van a llegar por la ausencia y focalización de gestión. Prefirieron millones en un parque en El Chamizal en Juárez antes de pensar en los hospitales.
Son miles de empleados los que carecen de seguridad social en el empleo, los llamados precarios, no sólo en el área administrativa, sino en el personal médico y de enfermería.
Con todos estos problemas encima, ahora Eduardo Fernández encuentra la solución en un problema que tiene treinta y tantos años de existencia, como es la descentralización que luego fue federalización de los servicios de salud.
Y que hoy tiene su esencia en la creación del Instituto Nacional para el Bienestar, del cual Chihuahua se deslindó.
Es un entramado de pasivos laborales y recursos etiquetados del gobierno federal, un monstruo de mil cabezas, que no tiene solución.
Pues ahí pretende meterse el economista. Como no le entiende a la medicina, porque ni a curandero llega, ahora trata de encontrar el agua hervida.
Sólo el estudio actuarial del pasivo laboral es para comprender de inmediato lo absurdo de atender un aspecto que no es otra cosa que su waterloo anticipado.
Lo peor es que acepta que en estos once meses que restan no va a poder hacer nada, más que entretenerse y perder el tiempo. Ahí está el video de la sesión legislativa para la posteridad.
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No sólo el personal médico se cansó en la extenuante lucha contra el Covid. También los rostros de la conferencia de gobierno lucen demacrados y sin fuerzas.
Primero se rajó Manuel “Igor” del Castillo, el Coordinador de Comunicación que requirió dos, tres o cuatro ayudantes, ya perdimos la cuenta; la poderosa subsecretaria Myrna Beltrán ha estado más ausente que presente, fue llamarada de petate; Gumaro Barrios se ha dado largas vacaciones igual que el zar Covid, Arturo Valenzuela. Puro jarabe de pico.
Leticia Ruiz sacó la casta, pero ha terminado también ausentándose. Ahora la nueva adquisición es Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva. La imagen es de ella en atuendo rarámuri. Veamos cuánto aguanta siendo de pies ligeros.
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El Juzgado Décimo de Distrito ordenó al Consejo de Urbanización Municipal (CUM), encabezado por Carlos Alberto Rivas Martínez, detener la pavimentación de calles que había comenzado fuera de la normas legales, dado que había invadido una propiedad privada al norte de la ciudad.
El juicio de garantías se resolvió desde mayo de este año, pero por la contingencia sanitaria y las trabas legales que trató de imponer el CUM, el litigio se había entrampado en los laberintos de la justicia federal.
El resolutivo judicial, cuyo extracto puede verse en la edición digital de GPS, establece claramente la protección de la justicia a favor de quienes reclamaban la sucesión a bienes de Jorge Rómulo Félix Muñoz, que no son otros más que los dueños del desarrollo Granjas El Valle, un inmueble particular en proceso de regularización cerca de Riberas de Sacramento.
Básicamente la dependencia municipal sólo quería meter pavimento en ciertas calles para favorecer a algunos privilegiados, pero los vecinos exigen que sean todas las calles y de forma legal y regular, no a la brava, con la selectiva visión que se tiene desde el poder público.
Aunque el proceso tiene desde mayo a la fecha, apenas para este sábado 17 de octubre fueron citados los afectados del sector, encabezados por el activista de colonias Carlos González Rivas, por parte del gerente del CUM. Curiosamente fueron convocados a una reunión en las instalaciones de la Comandancia Norte de la Policía Municipal.
Por la extraña cita fuera del CUM pararon antenas los regidores de Morena y el secretario del Trabajo de ese partido, Sebastián Torres Aguayo, Rubén Castañeda Mora y Osmand González, todos con intereses en ese sector de la ciudad, peleado por panistas y morenistas.
Así que seguramente el sábado se apersonarán en la Policía Municipal para no descuidar su bastión y poner los puntos sobre las íes en este conflicto judicial que envuelve al CUM.
