El Observador / 03 de septiembre 2020
Los 13.7 millones de pesos que recibió el abogado Juan Collado de las arcas públicas de Chihuahua, según el gobernador Corral, fueron a parar a los bolsillos de Carlos Salinas de Gortari.
Según Corral, el exgobernador Duarte estaba comprando con el expresidente de México, el derecho a dirigir el PRI a nivel nacional y dice que lo tienen más que comprobado, hasta testigos hubo.
El martes, el gobernador Corral deslizó apenas que el dinero que recibió el abogado de la administración Duartista, era para cumplir compromisos con un expresidente y lo dejó así.
Por la mañana del miércoles, al abogado, otrora encumbrado por el presidente Enrique Peña Nieto, era leído de los cargos por el desvío de los recursos de Chihuahua, por medio de una audiencia desde un penal federal ubicado en la Ciudad de México.
En esa audiencia virtual, dirigida por una juez de control desde la Ciudad Judicial de Chihuahua, el Ministerio Público le acreditó 5 pagos a sus cuentas bancarias:
Uno el 26 de junio de 2013, por un millón 060 mil pesos; otro por siete millones 420 mil pesos que se depositó en la cuenta 0451218506 de Bancomer; uno más por 3 millones 180 mil pesos y dos más por 1 millón 60 mil pesos cada uno.
Juan Collado había sido contratado en la administración de Duarte para representar al Estado en litigios de corte nacional, pero la Fiscalía de Chihuahua dice que se trató de una simulación de contratos para sacar esos recursos.
Anoche, el gobernador Corral reveló en una televisora local que el dinero fue a parar a las manos de Carlos Salinas de Gortari, ¡Órale!
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En la Ciudad de México, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal desechó la petición de amparo solicitado por Bertha Duarte Gómez, por notoriamente improcedente.
La hija del ex gobernador de Chihuahua había logrado que se admitiera su solicitud después de corregir el primero que solicitó, pero nuevamente le fue rechazado.
La vástaga del ex busca evitar la detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición, así como su ejecución, para ser juzgada en Chihuahua por el saqueo de recursos de su padre.
Sin embargo, el Juez también quiere decir que no hay nada en contra de la hija y por lo tanto, no procede que sea amparada por la justicia federal en contra de posibles acciones de la justicia estatal.
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Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó su cortinota de humo para quitarse los reflectores por su mal gobierno, la Cámara de Diputados aprobó la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México.
No hay ningún cargo, solo porque lo pide López Obrador y porque fueron presidentes de México, no hay más.
Ni tardos ni perezosos, sus lacayos diputados buscaron el formato para aprobar la consulta popular que hará que López Obrador se lave las manos y eche la culpa al pueblo de que “es quien pide enjuiciar a los que han dirigido a la nación”.
¡Pilatos! Le llamó el senador Gustavo Madero y lo retó a que pusiera las denuncias en contra de los que le antecedieron en el cargo.
La Cámara, de mayoría morenista aprobó un formato para consultas populares, cualquiera que sea, pero su intención es inaugurarlo con la encuesta en contra de los expresidentes.
Algunos analistas opinan que es bueno que se aprueben estos formatos, porque el mismo López Obrador puede ser sometido a un juicio popular antes de que termine su mandato e incluso después.
Además, en la Cámara de Diputados se discute también la posibilidad de quitar el fuero constitucional a los expresidentes de México.
Lo que suena ridículo es la pregunta que se haría en la encuesta: “¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?”.
El formato aprobado habla de que con un millón 800 mil firmas basta para fundamentar la propuesta de consulta.
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El INE dio a conocer que sindicatos participaron indebidamente en la integración de organizaciones políticas como Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM).
De comprobarlo, el registro de ambas como partidos políticos estará en peligro de ser cancelado.
Según el INE, la Unidad Técnica de Fiscalización descubrió que en la estructura directiva de “Fuerza Social” hay personajes que pertenecen a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige Pedro Haces Barba.
Siete integrantes de CATEM ocupan también cargos de delegados, presidentes, secretarios y auxiliares en Fuerza Social.
Mientras que de Redes Progresistas dijo que una cuarta parte de los ingresos totales provino de trabajadores del SNTE, donde la mandona es maestra Elba Esther Gordillo.
Además, el dirigente es Fernando González, yerno de Elba Esther y encontró que 257 miembros del SNTE aportaron fondos por 5 millones 829 mil 570 pesos en especie, un 25.9% del total de los ingresos de esta organización política.
Así que quienes suspiraban y aspiraban por esta organización para participar en las elecciones del 2021, ya pueden ir buscando otra afiliación política.
