Columna / El Diario de Chihuahua / viernes, 31 julio 2020
-Plan para criminalizar la lucha social
-Defiende a su marido desde la Fiscalía
-La reapertura de juzgados federales
Es evidente el uso político electoral de la visita del embajador norteamericano en México, por parte de Javier Corral, muy lejos de la obligada cortesía internacional.
Tiene el gobernador como aspecto crucial de la agenda tratar el tema Operación Justicia para Chihuahua, entrometiéndose en asuntos que le conciernen al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ni la FGR entra en esos terrenos.
Ese activismo le cobrará factura por su impertinencia e incontinencia, pero aún más.
Es una visita de gran importancia la de Christopher Landau. Debería convocar no por elemental cortesía, sino por obligación institucional a los senadores por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y Bertha Caraveo, responsables desde la Cámara Alta de la responsabilidad internacional.
Por supuesto, la presencia de la primera autoridad en el municipio, María Eugenia Campos, en ese mismo tenor.
Contrario a ello, con su gabinete, demuestra una vez más su carácter sectario y oportunista.
Nomás falta que cargue con su ejército de candidatos a puestos de elección popular del 2021.
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Se está urdiendo desde las sombras un complot oficial de alto nivel para criminalizar la lucha social de los productores del campo que defienden el agua de las presas. Hay demasiadas casualidades en torno a este asunto.
La infiltración de agentes de seguridad vestidos de civil e identificados con charolas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, no puede ser entendida de otra forma. Si había uno, por supuesto había más. Así operaban antes y con seguridad operan ahora.
Uno de esos elementos, con corte de cabello al estilo castrense, fue descubierto y sometido a la fuerza por los productores. Sólo así fue obligado a mostrar sus credenciales.
Nada tiene que estar haciendo ese efectivo militar camuflado en reuniones de estrategia de los productores. Se supone que las “orejas” del Cisen y del Ejército se habían acabado, pero no es así. Ahí está la prueba irrebatible.
El asunto de los infiltrados presentados como detenidos no es nuevo. La denuncia de los productores en relación con estos sujetos extraños, que ahora alegan haber recibido pago para realizar desmanes, quema de vehículos e instalaciones oficiales, fue hecha hace varios días, antes de los efectivísimos resultados de la Fiscalía General, no de la Federal sino de la Estatal.
Personal castrense y jóvenes infiltrados son una mezcla incendiaria y sospechosa, como en regímenes anteriores acontecía para deslegitimar movimientos sociales.
El colmo llegó con la afirmación presidencial del “aguachicol”, misma expresión que Corral utilizó desde la semana pasada -y que ayer repite- y que habla de los vínculos íntimos con operadores políticos de primer nivel de la 4T, todo en el mismo sentido, echar lodo a los productores y dentro de poco, librar órdenes de aprehensión.
Ese “aguachicol” ha sido el argumento para ir contra los Lebaron y ahora perseguir a los productores, con Martín Solís y el Frente Democrático Campesino, ese que sí puede quemar unidades, realizar disparos e incendios en propiedad privada.
Contra los productores de los distintos distritos de riego ya hay suficientes elementos, inclusive bombas molotov, vehículos, antorchas y demás pruebas para demostrar una organización delictuosa, tipo penal apetitoso.
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Con sistematicidad e hígado, desde un principio, ha estado el síndico municipal Amín Anchondo sobre el ayuntamiento, con más enjundia que elemento real alguno. ¿Es panista? No parece.
Su enfoque en golpear el ejercicio del gasto ha ido mucho más allá. Ha construido una narrativa de irregularidades que sólo existe en su retórica, ahora con la construcción del puente en el Periférico de la Juventud.
Sabe muy bien que no tiene sustento -de lo contrario sería plausible su posición- y por ello se limita a una narrativa de supuestos actos irregulares, con los cuales pretende sorprender.
Es el problema que ocurre cuando los puestos de responsabilidad recaen en personas sin perfil ni antecedentes en la función pública. Añora el hueso prometido desde el nuevo amanecer.
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Le llovió sobre mojado ayer a la señora Alma Orozco, esposa de Eduardo Fernández, nuevo titular de Salud.
De motu proprio salió a defender la designación de su marido, acusando con mil epítetos al abogado Jaime García Chávez.
Ensalzó el servicio burocrático en tiempos de pandemia y le salió el tiro por la culata. La contestación del abogado fue de altura.
El nombramiento contradice un compromiso previo, es traición a los médicos, y es una simple decisión pragmática de negocios.
Pero aún más. La señora trabaja en Fiscalía, y no faltó quien le recordara que está ahí gracias al nepotismo oficial que es marca de la casa. El conecte conyugal rindió frutos.
A Lalo Fernández se le murió el ganado de Duarte, poca esperanza tienen los chihuahuenses en manos de alguien que no pudo cuidar esos bienes, menos la salud.
No es entonces el interés de una buena administración, ni de conciliar pugnas internas que sólo existen en la cabeza del gobernador.
Son cientos de millones de pesos en compras, mediante adjudicación directa arreglada, negocios de segundo y tercer nivel con proveedores farmacéuticos, equipos y mil arrimadijos.
Poca estatura moral hay en el nombramiento, cuando el nuevo secretario carga dos denuncias, una de ellas penal y la otra administrativa, calientitas.
Por esto y más la señora poco pudo hacer en defensa de Lalo, es indefendible aunque use adjetivos subidos de tono que no le son propios.
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¿Que no habrá alguno de los 278 asesores que brindan sus servicios para el Congreso del Estado con un costo mensual estimado en dos millones 128 mil pesos, que se digne en corregir ortográfica y jurídicamente a la diputada Ana Estrada?
“¿En serio, onvrez (sic) opinando?”, así lo escribió la legislatura. Desconoce que biológicamente la procreación requiere de un óvulo y un esperma, y que éste último sólo puede ser proveído por un varón.
Aún no hay generación espontánea ni creación en laboratorio de dicho elemento orgánico. Desconoce en su mundo idílico de la casta legislativa que en Chihuahua la vida está protegida desde la concepción por precepto constitucional.
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El próximo lunes regresan a trabajar en plenitud los juzgados federales, bajo un esquema idéntico al del Tribunal Superior de Justicia.
Habrá que sacar cita para realizar cualquier trámite ante los juzgados, sea revisar un expediente o presentar una demanda.
Los abogados se preparan para un nuevo martirio, porque el sistema informático ha servido menos que para nada por sus constantes fallas.
El acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que reanuda plazos y términos fue publicado apenas esta semana.
