Era de esperarse que Duarte Jáquez se haya refaccionado adecuadamente con información sensible sobre su mega enemigo el actual gobernador Corral
LA COLUMNA / de El Diario / viernes, 31 julio 2020
-Ataques y revires sobre el mismo lodo
-Ni una coma le moverán a ley anulada
-Adelantado el IEE con proceso electoral
-Desatado canibalismo pese al conflicto del agua
No por nada fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, gobernador; aspiró con posibilidades a dirigente nacional del PRI y a hasta presidente de la República. Corral mismo le veía ese calado a César Duarte cuando se apersonó en la Casa de Gobierno a pedir su apoyo para alcanzar un escaño en el Senado.
Era de esperarse que Duarte Jáquez se haya refaccionado adecuadamente con información sensible sobre su mega enemigo el actual gobernador Corral antes de ser considerado prófugo de la justicia chihuahuense y aun durante su estancia como tal en los Estados Unidos hasta su detención en Florida hace tres semanas.
En su audiencia judicial del miércoles soltaron sus abogados supuestas pruebas sobre la relación de Corral Jurado con el crimen organizado. Se supone que se trata de un audio sobre “un consejero” del gobernador que afirma la existencia de esos vínculos.
Saltó Corral de inmediato como en polvorín y lo consideró “argucia”.
Es innegable que el ballezano le abolló a Palacio el abollado espíritu de la “Operación Justicia para Chihuahua” y de pasada echó a perder los preparativos de Corral para los festejos de su nuevo aniversario de vida, justo el próximo domingo.
El escopetazo suena a la vieja frase: quien esté libre de culpa que tire la primera piedra. Con razón legal o sin ella (lo definirán los jueces), Duarte fue colocado entre las cuerdas con un tema de tanta credibilidad para su propia aplicación como contra el gobernador Corral.
Si concedemos la “obviedad” de que Duarte encabezó una administración corrupta y de nexos hacia la delincuencia organizada, lo mismo podemos decir del actual mandatario de extracción panista. Pueden ser vistas a lo lejos sus pisadas en esos mismos lodos.
Es de pena ajena pero las vísperas indican que por ahí llegarán las grandes discusiones mediáticas futuras entre los cuerpos de defensa de uno y otro equipo. Aventarán todos los ahorros que hayan levantado sobre los lazos con la delincuencia y las transas hechas con el dinero del presupuesto chihuahuense.
¡Vaya espectáculo! Y con visita especial hoy en la ciudad de Chihuahua. Estará el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, con una agenda específicamente para fortalecer la presencia de Ford y Delphi en la ciudad pero seguro el gobernador Corral incurrirá en tentaciones político-electorales como meter en la comitiva a sus candidatos para distintos cargos de elección popular 2021.
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El coordinador de la bancada del PAN, Fernando Álvarez Monje, les cargó la mano esta semana a los expertos jurídicos del Congreso del Estado.
Los puso a revisar a fondo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
La conclusión simple a la que habían llegado el pasado miércoles fue que técnicamente la norma pasa los controles de constitucionalidad y convencionalidad; su fallo estuvo en el procedimiento legislativo exprés que habían adoptado en marzo de 2018. El error, según ellos, sólo fue haberla sacado en media hora, sin estudio ni dictamen previo, mayoriteada sin rubor alguno.
Por ello es que, al menos en lo previsto las últimas horas, la misma ley sería planteada como iniciativa del grupo panista. Seguramente el turno se dirigiría a la Comisión Primera de Gobernación, del redimido diputado Miguel La Torre.
Pero presentar la misma ley tal cual podría ser un error enorme que la llevaría de nuevo al tribunal constitucional.
No verle fallos tan evidentes como la falta de criterios y de soporte jurídico en algunos procedimientos (ya que ordena utilizar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos casos), sería como enviar de forma directa la ley a la basura… otra vez.
Plantearla así, sin moverle una sola coma, impedirá su uso como instrumento legítimo para el juicio político y la declaración de procedencia. Tal vez es lo que no alcanzan a ver los asesores que a todo le dicen que sí al coordinador de la bancada azul, quien a su vez sólo responde con afirmativas a los dictados del Palacio de Gobierno.
Peor aún, mantener la norma cuestionada en la forma en que fue aprobada y el fondo de su contenido, la volverá inaplicable en todo sentido. No se diga por el principio de la no retroactividad, que impide procesar con cualquier ley a cualquier persona en desventaja.
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La contingencia sanitaria tiene estancados varios procedimientos habituales del Instituto Estatal Electoral (IEE), pero curiosamente no le ha pegado al arranque el proceso 2021.
Es más, por extraño que parezca está adelantado cuatro meses en su calendario, a partir de la conformación de una comisión temporal que se encargará de elegir presidentes, secretarios y consejeros de las 67 asambleas municipales que deberá instalar en el estado.
La comisión fue integrada desde la semana pasada. Quedó conformada por el consejero Gilberto Sánchez Esparza como presidente y como vocales Claudia Arlett Espino, Fryda Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Gerardo Macías Rodríguez y Saúl Eduardo Rodríguez Camacho.
Lo que ha levantado sospechas es que por lo general el trabajo de la comisión que revisa perfiles e integra las asambleas municipales comienza a funcionar en el mes de noviembre del año previo a una elección estatal, como la que se realizará en 2021.
Es cierto que hay adecuaciones al período de gobierno y a las fechas del calendario electoral, pero aún así resulta relevante la prisa -a menos que sea mera previsión- por apurar los trabajos previos al arranque del proceso electoral. Éste comienza formalmente el primero de octubre.
Andan apurados los consejeros, seguramente, por el impacto que tuvo en la operación del IEE la contingencia sanitaria. Pero eso no explica por qué tan retrasados en unas cosas y tan adelantados en otras, como esta tarea de integración de las asambleas por toda la entidad, que por lo general se realiza entre los meses de noviembre y enero.
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Antes de la pandemia, los líderes políticos albiazules de la región sur del estado posaron muy contentos en el último informe del gobernador Javier Corral. Puede verse la foto de aquel tiempo en la edición digital de La Columna.
Aparecen en la imagen el alcalde Arturo Zubía Fernández; el entonces diputado y hoy secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya; el director de la Junta Municipal de Agua, César Méndez e Idalia López, comerciante que se ha vuelto afín al panismo pese a su origen priista, debido a que tiene intereses en la nómina municipal albiazul.
En marzo todavía aparentaban unidad. Ahora la historia ha cambiado y todos han entrado a la rebatinga de puestos y candidaturas, pese a la bronca del agua que tienen encima en ese caliente corredor, que por cierto es, hasta ahora, de dominio panista.
El canibalismo político entre militantes de sangre azul ha llegado a tal grado que ahora se contabilizan 12 grupos dentro del mismo PAN. Todos están más ocupados y preocupados en controlar posiciones de poder actuales y futuras.
Falta de liderazgo, de disciplina y controles son las causas del desorden en la que se ha vuelto la región más conflictiva. Es un problema que subyace en el pleito por el agua de las presas, que ha hecho estallar la violencia tres veces en este año.
Ese panorama que tienen los panistas de la región alienta un fuerte divisionismo, en la antesala de los comicios de 2021. No es que controlándolo se arregle el conflicto del agua, pero sí es uno de varios factores que alientan la ingobernabilidad no sólo de un municipio sino de toda una región en la que el estado parece no tener injerencia ni cuidado.
