Armó el general novela que no pudo sostener

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Es de verdad espeluznante la frialdad para mentir del máximo jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio

LA COLUMNA / de El Diario / miércoles, 28 octubre 2020 |

-Armó el general novela que no pudo sostener

-También olvidaron las pruebas Covid

-Amenaza recorte laboral a Pensiones

-Duarte, golpazo al ego corralista

Es de verdad espeluznante la frialdad para mentir del máximo jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Catalogó el 18 de septiembre el asesinato de Jessica Silva como un “lamentable accidente” ocasionado por militares a su mando. Ayer muy temprano dio a conocer el general la detención de seis soldados por dicho homicidio.

“Reiteramos que en la Guardia Nacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal, normando su actuación en el irrestricto respeto a los derechos humanos”, publicó en un tuit.

Nada más falso que eso. Jessica Silva fue atacada junto a su esposo, Jaime Torres, el 8 de septiembre tras concluir una serie de protestas llevadas a cabo junto con cientos de productores en la presa La Boquilla. Exigían frenar la extracción de agua para entregarla a los Estados Unidos.

Rodríguez Bucio dijo aquella ocasión que sus elementos habían detenido a “tres sospechosos que se acercaron a un destacamento y los amenazaron con lanzar granadas”. Nada de respeto a los derechos humanos.

Trasladaba la comitiva militar a los “sospechosos” para “entregarlos a las autoridades correspondientes”, cuando “escucharon disparos”. Reaccionaron los agentes y atacaron a la pareja, creyendo que pretendían “rescatar a los detenidos”. Fue la noche del 8 de septiembre en plena zona urbana de Delicias.

Fue una seguidilla de mentiras bastante burdas. Los “sospechosos” detenidos no eran otros que tres productores también participantes en las protestas. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez.

Ellos permanecen recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán acusados primero de portar explosivos con los que pretendían atacar a la Guardia Nacional. No pudieron sostener esa acusación y la reclasificó luego un juez de distrito a modo por “acopio, portación de cartuchos y de uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas”.

“La Guardia Nacional informa que, una vez que la Fiscalía General de la República realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos (sic) de nuestra institución”, menciona el tuit de ayer.

Fue mucho el tiempo para “encontrar los elementos que hacen suponer la culpabilidad” castrense. Desde el día del ataque no quedó duda, entre ellos de Jaime Torres, marido de Jessica, quien todavía convalece por las heridas recibidas.

Más aún, parece que la justicia se asomó por conveniencia. La admisión de responsabilidad se ha dado justo horas después que fueron liberadas las vías férreas en Estación Consuelo (a unos kilómetros del lugar del ataque) y cuyo bloqueo ocasionó a empresas varios miles de millones de pesos en pérdidas.

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A la falta de ventiladores respiratorios y de personal para su manejo, al maltrato al personal de salud, a la sobresaturación de hospitales, ahora hay que agregarle la escasez de reactivos para las pruebas diagnósticas de Covid. Parece que esas también el Estado olvidó pedirlas por estar concentrado en otras cosas.

Hasta ayer la falta de pruebas se había generalizado en las regiones de Chihuahua, Juárez y Delicias, que incluyen a los municipios más golpeados por la pandemia. Si hace unos días era difícil hacer una prueba en hospitales del sector público, ya se volvió imposible.

Comenzaron negándoles las pruebas -un verdadero crimen por el trato indigno que significa- a los empleados de la Secretaría de Salud, así fueran médicos, enfermeros o administrativos, para economizar. De todos modos prácticamente se agotaron con el incremento de casos y la demanda de atención de la ciudadanía.

Siete meses de planeación no fueron suficientes para prever la adecuada cantidad de camas, de ventiladores, de médicos y personal especializado, tampoco de reactivos que habrían de requerirse en la fase más crítica de la emergencia sanitaria.

La primera advertencia en cuanto a las pruebas la tuvo el secretario de Salud, el no médico Eduardo Fernández Herrera, una semana después de haber asumido el cargo, a principios del mes pasado. No movió un dedo porque ya se daba por domada la pandemia, falsa idea que hubo en Chihuahua con la manipulación política del semáforo epidemiológico. La realidad explotó en la cara.

Las pruebas en el sector privado tienen un costo prohibitivo para la mayor parte de la población. Es el equivalente de dos a 15 días del salario promedio (no el mínimo) que se paga en la entidad. Ni de chiste están al alcance de todos los que requieran hacerse una.

Así que ahora es el nuevo reto del sistema de salud, conseguir las pruebas mínimas para mantener las unidades monitoras. De pruebas masivas, como las que ha exigido la iniciativa privada, ni hablar.

Siguen pagándose las consecuencias de una administración estatal centrada en una agenda política llena de confrontaciones y metas estériles.

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Un recorte de personal estimado en el 30 por ciento es la propuesta que a rajatabla trata de sacar el director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto “Tito” Herrera, con pretexto de la pandemia. La crisis en el organismo, en la que tiene ya años, se pone como la causante de los despidos que vienen, que se plantearon ante la Junta Directiva.

Mientras las dependencias que le adeudan a PCE siguen dándoles largas a los pagos y la calidad del servicio cae, al grado de que sus diversas áreas ya colapsaron con la emergencia sanitaria, la única salida que ve el funcionario es la de continuar con la política de despidos que inauguró desde el comienzo de la administración.

Eso ha generado malestar en el personal, sobre todo porque, como si fuera una irregular empresa privada, pretende comenzar el reporte con los empleados vulnerables que por motivo de la contingencia están incapacitados o laborando desde sus casas.

Hay muchas alternativas, a juicio incluso de los directivos de la dependencia, que pueden tomarse antes de llegar al recorte. Pedir espacios prestados a dependencias y sindicatos, exigir el pago de los adeudos a las dependencias que no reportan las cuotas patronales o hasta un préstamo a cuenta de esa deudas por parte de la Secretaría de Hacienda.

Pero Herrera no ve más allá. Sigue tan cuadrado como siempre y por lo pronto ya mandó recado a todas las delegaciones que tiene PCE en el estado para que le vayan calibrando la guillotina.

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La suspensión de la audiencia en la cual se decidiría la extradición del exgobernador César Duarte, es un golpazo para el ego corralista.

A estas alturas del año ya querían utilizarlo para golpear a propios y extraños, desatada la guadaña sin miramiento alguno.

Estaban frotándose las manos con el fin de acortar los días en que tendrán, en el proceso contra el exmandatario, un asunto electoralmente jugoso.

En el fondo de eso se trata. No hay en ese tema la finalidad de hacer justicia o recobrar en beneficio de los chihuahuenses un patrimonio supuestamente robado.

Existe una intencionalidad de golpeteo electoral, que no pasa desapercibido ni aquí ni allá en Miami, mucho menos en la Ciudad de México.

Nada podía hacer la juez del caso respecto a la solicitud de ampliación del plazo para presentación de alegatos, porque fue presentado por ambas partes, la defensa del exgobernador y la fiscalía norteamericana.

Salió el consejero jurídico Jorge Espinoza a dar una lacónica explicación mediante un audio divulgado por Comunicación Social.

No dijo nada el abogado de las consecuencias de la dilación, ni Corral se refirió al asunto. Saben que en el timing presidencial difícilmente les darán en charola de plata una bandera de campaña.

Mucho menos en un contexto donde con el pretexto del Covid y los fideicomisos pone en la palestra irresponsable el rompimiento del pacto federal, que es más estridencia que otra cosa.

Es paradójico que el autoritarismo del cual se queja es su forma de actuar y tratar a los ayuntamientos de Chihuahua, con quienes jamás se ha sentado a la mesa a negociar proyectos y presupuestos.

Ahí está el afamado Plan de Inversión 2019-2021, que fue armado desde su despacho y sin tomar en cuenta a nadie más que su disposición caprichosa del momento.