Desde áreas vigilantes de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno estatal le echaron ojo nuevamente a la Coordinación de Comunicación Social dirigida por Manuel ‘Igor’ del Castillo
LA COLUMNA / de El Diario / sábado, 12 septiembre 2020 |
-Modelan en Palacio para negocio privado
-El administrador vende hasta los accesorios
-En cero los fondos para seguridad
-Nunca buscó cita con el presidente
Desde áreas vigilantes de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno estatal le echaron ojo nuevamente a la Coordinación de Comunicación Social dirigida por Manuel “Igor” del Castillo.
Se trata de un negocio particular que podría estar haciendo o por lo menos consintiendo de excelente gana el funcionario estatal pero utilizando a personal de la propia oficina por él dirigida.
Una secretaria de Comunicación Social y la conductora del programa de televisión “Chihuahua informa, noticias con valor” fueron usadas como modelos de la tienda de ropa Santinas aparentemente en horarios hábiles de trabajo y en las propias instalaciones laborales, Palacio de Gobierno.
La secretaria fue identificada por Función Pública como Fedra Ortiz, la conductora es Myriam Saldívar Nieto, quien fue presentada el pasado 29 de junio como conductora televisiva oficial por el propio gobernador del estado, Javier Corral Jurado. Le aventó inusuales porras.
En la versión digital de La Columna presentamos imágenes de la publicidad subida a redes sociales. Efectivamente, en las fotos puede apreciarse que fueron tomadas algunas de ellas en el interior y exterior de Palacio, a unos pasos donde tiene sus oficinas la Coordinación de Comunicación Social.
“Igor” del Castillo fue nombrado como jefe del área a finales del 2019, en relevo de Jesús Pinedo, removido precisamente por haber sido sujeto de una investigación por parte de la Función Pública, que encontró vínculos familiares en proveeduría por alrededor de cinco millones de pesos.
Esta vez desconocemos el nivel de compromiso entre Del Castillo, el personal bajo su mando y la tienda de ropa publicitada en escenarios de Palacio de Gobierno .
Seguramente lo aclararán de inmediato.
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No para todo el nuevo amanecer hay año de Hidalgo (o de Gómez Morín).
Agustín Flores, un hombre muy cercano en las confianzas y en las lealtades del gobernador, Javier Corral, debió despedirse por completo de su negocio, Del Paseo Café, ubicado en el corazón de la ciudad de Chihuahua.
Era un lugar tradicional, cálido, muy socorrido en particular por la clase media blanquiazul y tricolor. Algo de nice.
Agustín colocó en sus redes sociales publicidad vendiendo lo que ha quedado del negocio, lavabos (“de granito, alma de acero”) y otros accesorios.
Debe destacarse el dato porque Flores funge como director administrativo de la Secretaría Particular del gobernador. Es quien maneja, entre otros asuntos, las tarjetas por 100 mil pesos que usan (cada uno) su jefe el gobernador; el jefe de escoltas, Juan Manuel Escamilla, y el secretario privado del mandatario, Francisco Muñoz. Es total la confianza hacia él.
Pero la crisis evidentemente le llegó (obvio agudizada por la pandemia Covid), debió cerrar su negocio particular y ahora hasta malbarata por unos cuantos pesos accesorios de excelente calidad.
De las frutas podridas al final del quinquenio están quedando algunas rescatables.
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Otra mentirilla del gobernador Javier Corral, para variar, afloró con el conflicto del agua de las presas, que se mantiene como la principal tensión de la entidad y ha alcanzado niveles nacionales.
Hace más de dos semanas, el mandatario justificó el desalojo de los productores de la región sur del estado, quienes protestaban en los alrededores del Palacio de Gobierno. Fue el 24 de agosto cuando, tras limpiar el centro de la capital de manifestantes, se comprometió a buscar al presidente López Obrador y representar ahora sí a los campesinos chihuahuenses.
“Ya no quiero más intermediarios en el tema, porque no están funcionando los intermediarios”, dijo Corral en un anuncio que hoy recuperamos del archivo digital del mismo Gobierno del Estado.
Pero desde entonces no hizo el intento siquiera de buscar el acercamiento con Palacio Nacional. No hay registro alguno de que cuando menos hubiera tratado de tener una cita. Contrario a eso se le atravesó y se engolosinó con la “alianza federalista” de un bloque de gobernadores que decidieron formar un frente contra el Gobierno federal.
Además de buscar la entrevista con Andrés Manuel, Corral dijo en aquella ocasión que incluso acompañaría la protesta de los productores, así tuvieran que instalar un campamento en la Ciudad de México. Fue compromiso público que rápidamente olvidó por subirse a la ola federalista, que de vez en cuando se pone de moda en cada sexenio.
Así, resultó mera palabrería, optó por la grilla pura con el afán de ganar reflectores nacionales. Creyó que el problema se resolvería ignorándolo, como si no aprendiera de la lección sobre las crisis que se le estrellan en la cara constantemente por fingir que no existen.
Lo demás es historia. Una mujer muerta, su pareja grave, La Boquilla tomada, las amenazas de bloqueo sobre puentes y carreteras. Y las fuerzas de seguridad federales y estatales distraídas en conflictos sociales cuando deberían estar combatiendo a la delincuencia, la única beneficiaria de tan asombrosa confrontación entre niveles de gobierno.
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Distraídos en sus informes o el conflicto del agua, a los alcaldes parece que no les ha caído el veinte de que vienen peores tiempos en materia de seguridad el próximo año.
En el paquete de fondos que habrán de recortarse o desaparecer del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021) sobresale el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que ha ido en picada desde el sexenio anterior.
El año corriente los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias recibieron en conjunto poco más de 100 millones de pesos del Fortaseg. El registro oficial puede verse en una imagen que presentamos en La Columna. Ese monto que aparece de cada municipio tuvo una disminución de 20 por ciento, en números gruesos, en la comparación con el año 2019.
Pero la frontera, por ejemplo, beneficiada con 35 millones de pesos en 2020, llegó a tener hasta 70 millones de Fortaseg en 2018. Eso muestra de forma más evidente el tamaño de la caída.
Pues bien, si el PEF llega a aprobarse como está, los presidentes municipales habrán de decirle adiós al programa de seguridad, porque no lleva un recorte sino un acta de defunción. Se plantea su desaparición sin contemplaciones.
Hasta ahora no han reaccionado los alcaldes, al menos públicamente, pero se sabe que la capitalina con proyectos futuros, la panista Maru Campos, busca armar un bloque opositor que frene la intentona.
Campos Galván, como presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México, pretende no sólo una alianza con los alcaldes de la entidad, sino con los de todo el país y legisladores federales, que finalmente son los que van a votar el presupuesto.
