En el mismo lugar donde estos días fue atacada a balazos la pareja de productores agrícolas, a principios del 2018 fue señalada con precisión lapidaria el desapego de Javier Corral Jurado en su función como gobernador
LA COLUMNA / de El Diario / domingo, 13 septiembre 2020 |
Es toda una trágica coincidencia. En el mismo lugar donde estos días fue atacada a balazos la pareja de productores agrícolas, a principios del 2018 fue señalada con precisión lapidaria el desapego de Javier Corral Jurado en su función como gobernador.
Desde aquella fecha, en su calidad de candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de dos martillazos bien colocados atravesó el clavo completo en los restos de credibilidad presumidos por el nuevo amanecer.
“Es mucho pueblo el de Chihuahua para tan poco gobernador”, dijo en palabras que recorrieron y se repitieron por todo el país. Lo único que ha hecho Corral es pintar de azul las casetas de cobro (carreteras), acusó en aquel discurso pronunciado en Delicias, la ciudad conocida como vencedora del desierto.
Un articulista de El Universal, Salvador García Soto, escribió el pasado 10 de septiembre sobre una reunión que habría tenido López Obrador “con sus colaboradores”, donde dejó ver “el enojo y desprecio que siente” por el gobernador de Chihuahua.
“Cuando alguien mencionó el nombre del mandatario panista, la reacción (del presidente) fue automática: ese es un vulgar traidor y mentiroso, dijo el presidente”.
El texto de García Soto fue desparramado por todo el círculo político nacional. En Chihuahua fue de asombro, en particular por los supuestos calificativos adjudicados al jefe máximo de Morena.
Nada de qué sorprenderse, justo desde abril del 2018, AMLO describió al gobernador con duros pero claridosos epítetos. Lo hizo en público. No trascendido, no extraoficial.
“Aquí empezó la llamada alternancia y miren cómo está el estado, porque son lo mismo el PRI y el PAN… Uno se da cuenta cuando entra a Chihuahua porque las casetas de cobro están pintadas de azul, eso es lo único que ha hecho Corral, pintar de azul las casetas de cobro”.
“Javier Corral presume y engaña a los que no lo conocen, de que es un hombre progresista y de avanzada. Llegó a declarar de Ricardo Anaya que le gustaba mucho el dinero y era muy ambicioso, pero ahora resulta que es el principal apoyador de Anaya”.
Debió dejar el tabasqueño en puntos suspensivos esas frases. Casi tres años más tarde es voluminoso el catálogo de deformaciones en la personalidad del gobernador como servidor público.
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El conflicto por el agua que ha derivado ya en tragedia es consecuencia nada menos del “poco gobernador” que ha sido Corral para Chihuahua. De los casi cuatro años que ha sumado al frente del Poder Ejecutivo del estado, ni siquiera semanas le ha dedicado a los problemas de fondo que sufren la entidad y sus habitantes.
El estado presenta déficits y rezagos como profundas, abiertas heridas, en múltiples rubros; de infraestructura urbana en pequeña, medianas y grandes comunidades; de seguridad pública, educación, salubridad, financieros, gobernabilidad, en los órganos vitales del Gobierno del Estado como tal.
Acumula Corral en su estadística más de nueve mil 500 personas asesinadas; una grave crisis en salud iniciada desde los primeros meses de su administración, entre diciembre del 2016 y el primer semestre del 2017, y acentuada por la pandemia del coronavirus.
Ha pagado cerca de 20 mil millones de pesos en intereses por un desastroso manejo de la deuda pública estatal; mantiene asfixiada la autonomía e independencia de los poderes Judicial y Legislativo, y en lugar de propiciar la inclusión y el diálogo, se ha convertido en factor de discordia y mala vibra entre la clase empresarial, religiosa, organizaciones sociales y los partidos políticos, incluido el propio, Acción Nacional, cuyas bases en su inmensa mayoría ahora se avergüenzan por la ineptitud y frivolidad del mandatario surgido de sus filas.
Cuatro años es muchísimo tiempo como para no haber conseguido al menos encaminar solución de fondo a toda esa problemática. Sabía el gobernador en conciencia y confesado en público antes y durante su campaña electoral que, una vez tomadas las riendas del estado, no había precisamente tiempo qué perder frente a la urgencia de resultados. Había qué recomponer todo aquello que César Duarte y sus antecesores descompusieron.
Entre el 2006 y el 2010-2011, quedaron en el estado decenas de miles de familias desintegradas por aquella sangrienta guerra contra el narco desplegada por Calderón. Produjo la confrontación miseria, viudas, viudos, miles de niños huérfanos, que seis años más tarde empezaron a caer víctimas del narcomenudeo. Toda una generación terrible castigada por un destino infausto.
Ni una palabra, ni una acción, del Gobierno estatal para intentar dar seguimiento después del 2016 a aquella “recomposición del tejido social” iniciada y frenada por envidias y celos políticos con el “Todos Somos Juárez” y otros proyectos truncos encaminados al mismo objetivo.
No hubo tiempo para todo eso porque el gobernador llegó a Palacio de Gobierno como un adolescente mísero pero con tarjeta de crédito ajena a una plaza comercial para clientes de clase alta.
Desde que arribó al poder ha concentrado el grueso de su tiempo en disfrutar los extraordinarios paisajes del estado y del país desde el cielo, a veces nublado, en ocasiones poéticamente azul.
Acumula horas por miles en casi dos mil vuelos realizados en una flotilla aérea del Gobierno del Estado que en campaña prometió vender mediante la aplicación de un decreto de austeridad abandonado en el baúl de las mentiras.
Contrató con cargo al presupuesto público a entrenadores especiales para aquellas “carreras de la liberación”; armó una caravana político-electoral que se desplazó durante semanas de Juárez a la Ciudad de México; fue sorprendido varias veces jugando golf incluso en horarios laborales hábiles; también agarró por afición el tenis (sus escoltas frecuentemente han sido fotografiados cargando equipos para ambos deportes “especializado”); en medio de la pandemia, con decenas de chihuahuenses muriendo casi a diario y la economía destrozada, usó toda su concentración y el grueso de su tiempo como gobernador, para urdir una reforma electoral que terminó tronando con mayor intensidad que el maíz en una olla para palomitas. Ni pena ni cargo de conciencia; peor aún, todavía busca desquitarse al interior del PAN contra quienes ahí le “jugaron las contras”.
Justo hoy día su tiempo lo dedica casi por completo en dar vida a esa “alianza federalista” integrada junto a otros nuevos gobernadores que trata de fungir como “contrapeso” de la Presidencia de la República. Las miras inocultables son 100 por ciento electorales. Ningún beneficio para Chihuahua.
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El conflicto por el agua, así como el temario descrito, requerían, requieren, de un liderazgo con poder de decisión, sí, pero con sobrada voluntad para conciliar a las partes y alcanzar acuerdo.
El Gobierno de la república decidió cumplir a rajatabla el tratado internacional de aguas entre México y los Estados Unidos.
La cronología sobre los acontecimientos ocurridos en el centro y sur del estado a lo largo de todo este año nos dice que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Comité Internacional de Límites y Aguas (Cila) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fueron convertidos por el gobierno estadunidense como ejecutores de ese tratado sin defensa alguna para los 12 mil agricultores que usan el llamado vital líquido de las presas de la región.
Las versiones sobre el cumplimiento del tratado durante los últimos años son muchas. Los productores tienen las suyas y los gobiernos federal y estadunidense las propias. Allá dicen que todavía falta por extraer agua hasta finales del mes entrante. La Federación mantiene apostada la policía en la zona, los campesinos siguen con casetas de peaje y vías férreas tomadas. Ya cruzaron hasta Juárez para manifestarse en los puentes internacionales.
Ahora el gobernador Corral ha pretendido pasar al bando de los afectados con la extracción del agua pero durante todo el año estuvo prestando a la Policía Estatal para reprimir a los campesinos en carreteras y en el centro de la ciudad de Chihuahua. Siempre repitió las palabras de AMLO: el tratado debe cumplirse.
Ese es el grave problema. No hay disposición ni una línea horizontal de comportamiento hacia la búsqueda de soluciones de un conflicto que, demostrado está, requiere de muchísima transparencia, de claridad, de carácter y de tiempo para las negociaciones, de tanto tiempo como las décadas que han transcurrido sin luz al final del túnel.
En Chihuahua no hay gobernador para atender esa problemática de fondo; la Federación tampoco ha encontrado entre sus filas los liderazgos necesarios para el tamaño de la conflagración… y están en puerta las campañas electorales con sus toneles de pólvora listos para cualquier chispa que los haga estallar.
Así las cosas, el conflicto seguirá. Los agricultores buscarán seguir posesionados de sus presas y en ellos queda la mayor responsabilidad, sí por defender su derecho al agua, pero también de hacerlo con prudencia e impidiendo intervengan intereses políticos y de la otra realidad inocultable, los huachicoleros del vital líquido.
No hay gobernador pero debe haber pueblo.
