El Observador / 27 de agosto 2020
Anoche se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exdirector del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fidepech) en el sexenio del exgobernador César “N”.
José Lázaro Noaquín López Ramírez, había sido trasladado al Hospital Central para ser atendido de graves complicaciones de salud, relacionadas con el coronavirus.
El exfuncionario estaba preso desde el 3 de agosto cuando la jueza de control, María Alejandra Ramos, consideró suficientes elementos incriminatorios para dictarle auto de vinculación a proceso por el desvío de recursos públicos hacia una empresa propiedad del exobernador César Duarte.
Según el MP, entre mayo y junio de 2012 intervino en la distracción 6 millones de pesos a favor de la Financiera de la División del Norte S. A. de C. V. mediante la simulación de un contrato de crédito con dicha financiera, cuyos accionistas eran el entonces jefe del Ejecutivo y el exdirector de Fideapech, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.
José Lázaro Joaquín fue apresado en la Ciudad de México en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de esa ciudad.
Ayer se desataron versiones de que serían varios los exfuncionarios vinculados a la Operación Justicia para Chihuahua, contagiados por coronavirus.
Difícil, muy difícil la cosa.
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Al tiempo que afirmó públicamente que había personas de origen chiapaneco mezcladas y exacerbando los ánimos en el conflicto de las presas, el gobernador Javier Corral ordenó el retiro de las fuerzas policiacas estatales de las inmediaciones de la presa Las Vírgenes como muestra de buena voluntad.
Mientras, un grupo de dirigentes de módulos de riego de Delicias, Camargo y Ojinaga, negociaban con el mandatario cerrar filas para exigir a la Comisión Nacional del Agua que extrajera solo 40 millones de metros cúbicos más de agua y párele de contar.
Además, que la extracción se hiciera solo de Las Vírgenes, que además de no estar en el Tratado Internacional de Aguas, hacerlo significaría el verdadero colapso para la agricultura de toda esa vastísima región.
Acordaron también que de no acceder, irían a la Ciudad de México para exigir ser atendidos por el presidente de México y de no lograrlo, se instalarían afuera de Los Pinos hasta que los reciba.
No es que sea escéptico, pero este Fisgón como Santo Tomás, ‘hasta no ver’…
Mientras tanto, la Guardia Nacional informó a través de redes sociales que a las 18 horas con 11 minutos, los agricultores que mantenían tomada la caseta de cobro de Saucillo comenzaban a retirarse.
Resultó que esos agricultores no formaban parte de la resistencia de Andrés Valles e incluso él desconoció dicha acción.
Sin embargo, en Meoqui, otro grupo de agricultores, no identificados de momento con ningún módulo o liderazgo, arrojaron montones de tierra sobre las vías del ferrocarril, con lo que se inició un nuevo bloqueo.
Los autores colocaron además maquinaria pesada sobre las vías y luego se mantuvieron a distancia.
Así, se mantiene el ‘toma y daca’ en el conflicto por las aguas de Chihuahua.
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El senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, se apuntó una importante victoria al lograr que la Fiscalía General del Estado le notificara formalmente que no existe ninguna investigación ni expediente en esa dependencia.
Mediante oficio, la autoridad estatal le hizo saber que tras un rastreo, ninguna unidad de la Fiscalía contaba con expediente o investigación en su contra, por ningún motivo.
Aunque en el oficio le hacen saber de un par de pecadillos del pasado, cometidos en sus innumerables luchas sociales, son casos cerrados, sobreseídos o archivados por prescripción.
La Fiscalía respondió a la solicitud del senador Pérez Cuéllar, luego de ser señalado públicamente de que habría recibido favores por parte del exgobernador César Duarte y que sería investigado.
Cruz presentó la solicitud formal a la autoridad el 29 de julio y el 17 de agosto le respondió que no existe registro y no hay carpetas de investigación en su contra que lo vinculen con algún delito o con el exgobernador Duarte.
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El dinero que recibió Andrés Manuel López Obrador para financiar su campaña y que recolectó su hermano Pío López, sería violatorio de delitos electorales.
Es decir, no solo son “aportaciones voluntarias” como las calificó el presidente de México, sino aportaciones que debieron ser notificadas a la autoridad electoral por estar reguladas por la Ley.
Según expertos en el tema, los millones que entregó el excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero al hermano del presidente de México, Pío López Obrador, se clasifican en el delito de financiamiento ilícito a partidos políticos.
Ese ilícito se sanciona con penas que van de 5 y hasta 30 años de prisión, de acuerdo al Artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Además, si no se aclara el origen exacto de las presuntas aportaciones realizadas en 2015, pueden incurrir en delitos fiscales, por no haber reportado el recurso.
Los expertos dicen que por oficio, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el INE, están obligados a investigar el origen, montos y destino de los millones.
Mientras sean peras o manzanas, el PAN presentó una denuncia en contra de Pío López Obrador y el excomisionado de Protección Civil, David León, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Ahora es cuando el anticorrupto debe mostrar que su promesa era en serio.
O acaso era ‘hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre’…
