GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / lunes, 19 octubre 2020 |
-Es pura mentira el plan hídrico
-La imagen de “El Higadito” es de fracaso
-Sin evidencia de apoyo a productores detenidos
En las cuentas incobrables de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento deben obrar las de los contratos que corresponden a los recibos que mostramos en la edición digital de GPS, por más de 80 mil pesos y más de 50 mil pesos.
Podría pensarse que son altos consumos de algún exclusivo fraccionamiento donde las casas tienen alberca, aljibe y acceso privilegiado a la red de agua potable, para que nunca les falte el vital líquido. No, corresponden a domicilios de la populosa colonia Cerro de la Cruz, donde algunos ni tinaco tienen.
Los propietarios de esas casas jamás han podido arreglar su situación, que se ha vuelto inexplicable para ellos, no así para los que sólo ven números en la dependencia a cargo de Roberto “El Pony” Lara.
El de mayor adeudo, de 84 mil pesos, se le adjudica un consumo de 14 metros cúbicos de agua por mes, una cantidad razonable que se encuentra en el límite bajo. Al que debe poco más de 50 mil se le registra un consumo elevado, de 30 metros cúbicos al mes, por encima del límite normal de una vivienda popular.
Las lecturas de los medidores están en entredicho, pues es sabido que la JMAS mide al tanteo la mayor parte de los consumos de la ciudad. Los aparatos que cobra para medir son la mayoría un feo adorno para esconderse bajo las banquetas de las casas.
Quejas como estas comienzan a multiplicarse. Es lógico, pues los más humildes que hasta se quedaron sin empleo a causa de la pandemia, ven cómo crece mes a mes el recibo por más intentos de ahorro que hacen y por más que buscan auxilio en la JMAS.
Las cifras son imposibles de saldar para quienes apenas tienen empleo o ingresos para vivir, lo que seguramente no comprende un funcionario con un estilo de vida pachanguero, menos su jefe el gobernador, quien pasea en aviones del Estado, en los privados de sus amigos empresarios y juega golf un día sí y otro también.
Estos son sólo dos ejemplos de miles en los que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se ensaña con los más pobres, con quienes no tiene piedad y merma su patrimonio. Pero que no sean empresarios prominentes-amigotes de la capital porque ahí “El Pony” hasta perdón les pide.
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Ahora resulta que hay un vicio de origen, grave, muy delicado, en el afamado Plan Hídrico 2040 elaborado por la Junta Central de Aguas y presentado con bombo y platillo el año pasado.
En particular porque no es su facultad jurídica elaborar dicho Plan, incluso, su seguimiento y evaluación.
Todo ello le corresponde al Consejo Hídrico, que jamás desde su creación en ley fue instalado y nunca ha funcionado.
Es menos que una entelequia. Ni siquiera existe, más que en la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, creada mediante decreto en 2012, por el exgobernador odiado César Duarte.
Este asunto está muy lejos de ser especulación. Fue motivo de discusión hace unos días en una reunión en la que intervinieron asesores jurídicos del Congreso y de la Junta Central.
Incluso se debatió si éste solo hecho podría ser motivo de sanciones o responsabilidades por parte de la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior del Estado.
El Plan fue creado en abril del 2019, bajo la actual administración, o sea que sí hay responsables, son quienes actualmente se desempeñan en la JCAS.
Para resolverlo están pensando en quitarle al mencionado Consejo las facultades ejecutivas sobre el Plan Hídrico, para armonizarlo con la Ley Estatal de Planeación.
La visión es que un Consejo sólo puede ser consultivo y jamás resolutivo, por encima incluso del titular de la administración estatal. Pifia monumental.
Rescatamos una imagen del excel en el que están trabajando las modificaciones, que quieren llevar al pleno a la brevedad, para suavizar o eliminar cualquier responsabilidad oficial. Captura de pantalla en versión digital de GPS.
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La imagen del secretario de Salud, Eduardo “El Higadito” Fernández, es de un completo fracaso en la atención de la pandemia por Covid, de nuevo en mensaje dominguero insustancial.
Patético en posición suplicante a una sociedad que ha sido dejada de lado en la búsqueda de soluciones.
Una población que paga su cuota de sangre todos los días y que ha sido manipulada desde el principio, con cierre total de actividades durante meses que no sirvió absolutamente de nada más que para salvar el pellejo político.
Ahora que tienen frente a sus narices el fracaso de la ligereza con la que toman decisiones, tienen que tragar bolitas frente a la cámara.
Por supuesto, el gobernador se escondió desde el viernes cuando sobre las rodillas hizo el anuncio que se oficializa con la inserción en el Periódico Oficial.
Han jugado al timing y hoy lo hacen de nuevo con medidas draconianas de persecución, que quieren endilgar a los ayuntamientos ante su incapacidad de comunicación y convencimiento social.
Escuchamos de todo en el mensaje de Eduardo Fernández, pero no vimos a un titular del ramo de la salud, sino a un economista insustancial.
Para colmo confirma lo que ya sabíamos, que es el gobernador quien decide con el pincelín los colores. No hay base estadística alguna.
Los indicadores han sido violentados una y otra vez.
Lo que decide el jefe del Ejecutivo lo firma el secretario y lo apoya el supuesto Consejo de Salud, ninguna de cuyas sesiones ha sido pública, pese a la relevancia del asunto.
Poca receptividad tendrá Fernández en su mensaje, que cae como gota de agua en el desierto, más cuando le pide a los municipios realizar el trabajo sucio de la persecución con motivo de las restricciones ordenadas, que ya están de nuevo en vigor.
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Pasó hasta cierto punto desapercibida la promoción que el alcalde juarense Armando Cabada realizó ante el Instituto Estatal Electoral, donde consulta cuáles son las actividades de promoción que desde el ayuntamiento puede realizar para promover el “No” en la revocación de mandato.
Es lógico pensar en que siendo una decisión sumamente relevante, pero además vinculatoria, la autoridad podría o debería tener participación, en una contienda que busca adelantar la conclusión de su titularidad en la administración municipal.
Pero contrario a ello, el IEE está atando de manos al alcalde, no le va a permitir ni un solo spot, ni una hoja, con cargo al presupuesto, en donde defienda su postura. Es más, no podría siquiera realizar promoción en horas de oficina, para defender lo que es en resumen un plebiscito acerca de los resultados de la administración.
La postura oficial es que no se trata de una contienda electoral entre partes, sino un asunto estrictamente ciudadano, en el cual se evalúa el desempeño de una autoridad para determinar si permanece o no en el cargo.
Por supuesto la determinación tiene una alta carga política, casi un verdadero bozal, dejarlo inerte; imposible no pensar en inequidad entre los promoventes y la autoridad a la cual están enjuiciando. Sólo podrá hacer Cabada uso de su libertad de expresión con las limitantes de ley… y ampararse.
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En el asunto de Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Lechuga Márquez, detenidos por cargar botes vacíos de gas lacrimógeno, en la zona de La Boquilla, con motivo de los enfrentamientos por el agua, hay muchas verdades a medias.
No hay un solo elemento objetivo en el cual la Consejería Jurídica, la CEDH o cualquier otro órgano chihuahuense haya mostrado que está al pendiente exigiendo su liberación.
Se habla de recursos jurídicos, como el de queja ante el Consejo de la Judicatura, pero no hay evidencia alguna. Hay dilación inaceptable.
Cumplen más de un mes detenidos, y no se sabe de una estrategia concreta, acompañamiento con abogados, apoyo económico para viajes o cualquier otra cosa.
Por el contrario, sólo discurso. En otros asuntos ha peleado Chihuahua como Gobierno su carácter de víctima. Aquí no existe ni el intento, aun y cuando se trata de una injusticia demasiado evidente.
