Corral sintió la lumbre afuera de su oficina y prefirió salir en fuga hacia Juárez antes que proceder a sofocarla. Aquí solo “recorre obras” y planea negocios particulares
LA COLUMNA / de El Diario / lunes, 24 agosto 2020
• Está por miedo de tiempo completo en Juárez
• Más partidos políticos pese a transas
• “El Güerito” es factor en Redes
• Riesgosas respuestas ante denuncia
Desde el viernes de la semana antepasada dejó el gobernador Javier Corral su despacho principal en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua y se trasladó a Juárez con una numerosa comitiva de auxiliares y funcionarios de distintos niveles. Sigue aquí desconocemos hasta cuándo.
Es ahora evidente que el gobernador no ha querido intervenir de ninguna forma en el conflicto por el agua de las presas de la región centro-sur del estado y que prefirió correr a la frontera antes que atender a los miles de productores de aquella zona que tomaron casetas de peaje, carreteras y las oficinas de Corral en Chihuahua. No se ha caracterizado Corral precisamente por su valentía al frente de la gubernatura, tampoco por su capacidad de diálogo con críticos o ciudadanos en general opositores a cualquier acto de su gobierno.
En este caso los productores se han opuesto de manera contundente a la extracción supuestamente irregular de agua de varias presas para cumplir un tratado internacional de aguas con los Estados Unidos. Van varias semanas de manifestaciones, ahora rematadas con la toma de Palacio y la paralización vial del centro de la capital.
Corral sintió la lumbre afuera de su oficina y prefirió salir en fuga hacia Juárez antes que proceder a sofocarla. Aquí sólo “recorre obras” y planea negocios particulares, ni siquiera consigue agentes viales para mitigar el desorden vial ocasionado por sus imposiciones en las principales calles de la ciudad. Acá se mantendrá mientras exista “peligro” en Chihuahua capital.
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Ni las sanciones mínimas por irregularidades graves habrán de detener el registro oficial de siete nuevos partidos, que podría darse el próximo viernes por el Instituto Nacional Electoral (INE). Hace unos días fue el mismo INE el que determinó la existencia de financiamiento y gasto oscuro de las organizaciones que están a un paso de tener denominación formal, acceso a recursos públicos y anuencia para participar en las elecciones de 2021.
Un comparativo con información del organismo electoral puede verse en la edición digital de La Columna. Muestra que entre todos sumaron irregularidades por 13.3 millones de pesos, por aportaciones recibidas fuera del sistema financiero formal y provenientes de fuentes no identificadas.
El castigo global apenas es menos de la mitad, 6.1 millones de pesos. Si eso no fuera grave, los más multados con notables irregularidades también incurrieron en prácticas prohibidas legalmente por la autoridad electoral, que contradictoriamente les daría el registro. En el caso de México Libre (Libertad y Responsabilidad Democrática A.C) del expresidente Felipe Calderón tuvo casos de firmas falsificadas.
Redes Sociales Progresistas, del gordillismo representado por el yerno de la maestra Elba Esther, Fernando González Sánchez, recurrió al corporativismo sindical; casi igual lo hizo Fuerza Social por México, que se apoyó en una escisión de la Confederación de Trabajadores de México.
Esos son los más grandes, pero si se revisa caso por caso afloran transas y vicios desde el comienzo del proceso de creación. Pese a ello en unos días podrán gozar de la enorme bolsa de más de 7 mil 200 millones de pesos que saldrán del presupuesto federal de 2021, más los arrimadijos que logren en los estados donde puedan participar. Todo se sumará al costo de la por sí carísima democracia mexicana.
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En los terrenos de los nuevos partidos, el que es un factor determinante en Redes Sociales Progresistas (RSP), al menos en Juárez, es el exadministrador de la ciudad, Rodolfo “El Güerito” Martínez. Ahora que la franquicia de la maestra Elba Esther Gordillo podría arropar a los exalcaldes Héctor “Teto” Murguía y Javier González Mocken en sus proyectos, salió a relucir el nombre del exfuncionario independiente, cuyas aspiraciones políticas personales no acaban de quedar en claro.
El también empresario llevaba bastantes hilos de las relaciones de la administración independiente. Algunos de ellos eran los que influían en Movimiento Ciudadano y Redes, dos partidos que van en ascenso, uno ya oficial y otro a punto de lograr el registro. Producto de esa labor política de “El Güerito”, desde hace unos meses RSP tenía definida su participación a nivel estatal y local. Operaría a favor o en contra de la marca independiente que representaba Martínez, pero dependería de quiénes serían los candidatos que lanzara Morena, del que depende Redes de forma casi orgánica. Dado que RSP es un partido de nueva creación tiene prohibidas las alianzas con otros.
Pero eso no quita que pueda mover fichas, quitar, poner, influir de alguna manera en el reparto de los votos. Su fuerza está en el magisterio, un mercado de sufragios que a cualquier candidato encandila. De ahí la importancia que le dan al partido que casi tiene la bendición del Instituto Nacional Electoral asegurada. Falta saber cuáles son los planes políticos personales de “El Güerito”, en concreto ahora que las siglas de RSP apuntan hacia otra parte. Pero de que es factor el exfuncionario dentro del mismo, no hay duda alguna.
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Esta semana será radicada la denuncia que presentó ante la justicia federal el magistrado duartista Jorge Ramírez. Acusa al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía del Estado, a todo el Congreso y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos, de procesarlo mediante la inconstitucional Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
En los tribunales federales ven que no hay forma de sacarle la vuelta a la querella y menos existen argumentos para dejar de admitirla, debido a que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la impugnación que da origen al reclamo de Ramírez. De admitirse la denuncia será en esta misma semana que notifiquen a las partes acusadas, que deberán responder de manera muy simple: si aplican o no la ley que apenas hace un mes fue declarada inconstitucional por la Corte. Hay bastantes riesgos en las respuestas que deben dar los tres poderes señalados. Pese a ello, inexplicablemente el consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza, se ha negado a “coordinar” la forma en que Ejecutivo, Legislativo y Judicial habrán de enfrentar el cuestionamiento.
Si admiten que basan un proceso jurisdiccional y penal en una norma que no existe, las consecuencias pueden ser desastrosas para el corralismo, que basó la causa contra el duartista en una ley sacada a contrapelo y además aplicada a la brava. Si niegan el uso de la ley, entonces la denuncia del magistrado se invalidará y en automático no habría proceso contra Ramírez. Seguiría tan campante en la Primera Sala de lo Penal hasta que le encuentren lo que sea para acusarlo de cualquier otra cosa. Ambas respuestas son muy riesgosas porque suponen un sonoro fracaso, otro más, de la administración selectiva de la justicia.
