Contrasta el video con otra foto de un antro llamado Moscú, cuyo estacionamiento luce por completo lleno, según las imágenes enviadas a esta columna. Nos aseguran que muchos otros establecimientos de la ciudad con ese tipo de giros han sido abiertos por ‘consideraciones especiales’
LA COLUMNA / de El Diario / lunes, 17 agosto 2020 |
• En el Central, patitos alegres y guardias gruñones
• El chantaje a la Conago y al presidente
• Hay acercamientos Madero-Maru
• Profundizan el desacuerdo morenista
El semáforo naranja otorga licencia categórica a los parques públicos para su reapertura. No ocurre así con el Parque Central que, en el mayor de los absurdos, mantiene “estrictamente prohibido” el ingreso a niños y mascotas. “Y a quien no le guste nomás le echamos a los ministeriales y listo”.
Con ésas y sin preguntar se han topado padres de familia que por desconocimiento de esas reglas llegan al parque administrado por el Gobierno del Estado y así son recibidos y advertidos por los celosos señores que resguardan el ingreso.
Tenemos en la versión digital de La Columna un video de los alegres patos en el solitario parque. También la foto del vigilante que se llevó los antiaplausos la tarde del sábado amenazando a papás y mamás delante de su hijos. Sólo dan entrada a “los adultos”, que se reducen a contadas parejas de enamorados.
Contrasta el video con otra foto de un antro llamado Moscú, cuyo estacionamiento luce por completo lleno, según las imágenes enviadas a esta columna. Nos aseguran que muchos otros establecimientos de la ciudad con ese tipo de giros han sido abiertos por “consideraciones especiales”.
Las reglas sanitarias del Gobierno para frenar el coronavirus no son claras, ni justas ni parejas. Lo hemos repetido. Es inconcebible que a estas alturas del semáforo naranja no hayan podido los funcionarios estatales fijar lineamientos que permitan el ingreso regulado de familias completas (por supuesto con niños) al Parque Central y es también inaceptable la discrecionalidad en el ramo de los bares y cantinas.
Con actuaciones policiacas, goriloides, y menos con la evidente corrupción que permite esa discrecionalidad de la que hablamos, no hará el gobernador que ceda el virus; no sin medidas preventivas asertivas e informaciones claras y suficientes. ¿Alguien lee y entiende los “decretos” que publica en el Periódico Oficial del Estado?. Nadie, ni siquiera los que lo imprimen.
Por bien de la propia salud de los niños juarenses, ese Parque Central debe ser reabierto mientras tengamos semáforo naranja.
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Otro jalón de orejas desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue notificado a la administración de Javier Corral. Ahora es la Ley para la Administración de Bienes, aprobada en febrero pasado, la que está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Confeccionada como traje a la medida para sostener la ofensiva corralista contra su antecesor, la norma ahora puede ser el “amparo” perfecto favorable al detenido en Miami.
El pasado cuatro de agosto (puede verse el acuerdo de admisión correspondiente en la versión digital de La Columna) el ministro Arturo Zaldívar le dio entrada a la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. El aviso oficial llegó a Palacio apenas hace unos días.
Ocho artículos clave de la ley son los que considera inconstitucionales el organismo nacional, porque establecen el manejo y la disposición anticipada por parte del Gobierno de los bienes asegurados a un presunto delincuente.
Asimismo le dan forma a un proceso de venta cuyos recursos caerían a un oscuro fondo de reserva de manejo discrecional por parte de la Fiscalía del Estado. Como si le hicieran falta mecanismos legales al Ministerio Público para hacer sus transas comunes.
Al momento de promoverla, el gobernador pensó que tendría el complemento perfecto a la Ley de Extinción de Dominio para disponer sin rendir cuentas, como lo ha hecho en la práctica, de los bienes asegurados a Duarte Jáquez.
El Legislativo aprobó sin ver. Hubiera sido políticamente incorrecto no hacerlo. Pero ni Corral ni los legisladores pensaron que la manga ancha otorgada a la Fiscalía podría perjudicar no sólo a Duarte, sino a cualquiera que fuera acusado. Sin pruebas ni una sentencia en firme esos mecanismos dejaban en la indefensión al que cayera justa o injustamente.
Librar otra batalla en la Corte no será cualquier cosa para un gobierno que va de salida y en picada. Así, la norma se trasformó en casi un amparo para el acusado. Es otra muestra más de los palos de ciego en la estrategia jurídica del corralismo y la selectiva ‘Operación Justicia’.
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A principios del mes que entra la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, rendirá su informe de labores. Como quiera que sea, el acto futuro ya marcó una pauta en el proyecto político de la panista más fuerte que busca ser candidata a la gubernatura.
De buenas fuentes nos dicen que una vez que pase todo el ajetreo oficial, la precandidata buscará a algunos compañeros del albiazul, como el senador Gustavo Madero, con quien limará algunas asperezas políticas.
Estaríamos hablando de que Campos y Madero tendrían las primeras reuniones de acercamiento antes de las fiestas patrias.
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El bloque de gobernadores que se autodenomina “alianza federalista”, grupo del que forma parte el de Chihuahua, mantiene el intento de chantaje en la víspera de la reunión de la Conago.
Programado para el miércoles de esta semana, el encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a realizarse en San Luis Potosí, es de los acuerdos políticos más importantes tomados en medio de la pandemia.
No es sólo un capricho la reunión masiva de 32 mandatarios estatales citados, el presidente y unos 35 integrantes del gabinete legal y ampliado; es la urgencia del problema lo que motiva el encuentro. En el peor escenario epidemiológico que se había considerado, al país le hacen falta acuerdos y acciones orientados al control del virus antes de cualquier otra cosa.
Pero la alianza opositora que han conformado los gobernadores de 10 estados (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Durango) mantiene condicionada su asistencia al encuentro.
Los gobernadores han amenazado con un desaire a la Conago si no se toma como prioritaria su agenda. Básicamente piden que sea llamada una Convención Nacional Hacendaria a la brevedad y al Gobierno federal abra la llave de los recursos a los estados, que se dicen descapitalizados y sometidos a penurias a causa del deficiente y centenario pacto fiscal.
Entre hoy y mañana la facción de mandatarios estatales habrá de definir con puntos y comas lo que piden que se incluya en el orden del día. Por ahora la agenda de la Conago marca como puntos los acciones inmediatas en materia sanitaria y el plan de recuperación económica siguiente. En ambos renglones tanto la Federación como los estados han dado palos de ciego.
Así que la mínima negativa podría ser el pretexto para no asistir.
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Prácticamente la totalidad del Consejo Estatal de Morena se reunió el pasado sábado en su sede de la capital del estado. La sesión fue de acceso restringido y sin publicitarse porque todos están hipersensibles en las últimas semanas de antesala para que haya candidaturas al 2021.
Para variar, el único acuerdo es que no hay acuerdo ni siquiera en quién debe llevar las riendas del partido.
El debate más acalorado estuvo entre la continuidad o no de las dirigencias nacional y estatal. El asunto ha brincado de los tribunales a los órganos internos morenistas, donde hay temor de que un paso mal dado, un cambio en la dirección, resulte fatal para la llamada 4T.
En el caso de la dirigencia nacional a favor del cambio se manifestaron Ximena Reyes, Ulises García, Leticia Ortega y Benjamín Carrera.
Todos los que promueven el cambio son gente del equipo del superdelegado Juan Carlos Loera. El funcionario, por cierto, esta semana ratificó con una foto en redes (puede verse en la edición digital de La Columna), su apoyo al coordinador de los diputados federales, Mario Delgado, quien pide el relevo mediante la encuesta abierta a militantes y población en general.
A favor de mantener las dirigencias hasta pasado el proceso electoral próximo se pronunciaron, entre otros, Osmand González, Andrés Domínguez, Zianya Sandoval, Hugo González, Marcos Maravé, Karen Mora, Mary Adame, Ruth Arvizu y el subdelegado federal Marcelino Gómez Brenes.
Los anteriores son parte incluso de la corriente “loerista”, pero insisten en mantener el estatuto y dirigencias sin cambios, o a lo mucho por la encuesta, pero respetando a la militancia morenista.
