GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / jueves, 10 diciembre 2020 |
-Un show delictivo electoral el corralista
-Distractor peligroso, nueva elección en IEE
-Quiere candidaturas la subdelegada federal
Ha sido Ismael Rodríguez un incondicional de Javier Corral sin reparo alguno, “prestándole” o rentándole su aeronave para realizar viajes, incluso en aquellos que podrían ser francamente peculado electoral.
Se ha movido a placer por los aires a costa del erario público, porque ni modo que no haya factura o pago de por medio, por el uso del Pilatus PC-12/45 con matrícula N528PM.
Durante mucho tiempo ha fungido Chacho, como le dice familiarmente el gobernador, como presidente de la Junta Central de Aguas y del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.
Incluso se ha aparecido en gestiones directas con ayuntamientos y otros organismos de gobierno, ostentándose sin ningún cargo oficial, ya que dejó desde hace unos meses la Coordinación Ejecutiva de Gabinete.
Muy cuestionable que siendo funcionario tuviera esos tratos con el gobernador para el uso del avión privado perteneciente a la empresa que lleva sus siglas IRG AERO LLC.
Ahora aparece de pronto en la “mañanera” de Corral -a donde no se paraba éste desde hace dos semanas- con un programa de recuperación de agua para habitantes de la Sierra de Chihuahua, donde se han invertido poco más de 12 millones de pesos.
Ahí anda Ismael haciéndole al altruista, bien por los escasos indígenas y sus familias que han salido beneficiados con la instalación de sistemas de recolección de agua de techos de lámina.
El choque de puños de ambos frente a las cámaras, capturado en screen shot y enviado a esta columna, dice algo más que amistad, es cuatismo y complicidad pura de los negocios a la sombra del poder.
Claro que no hay transparencia al respecto, son miles de dólares en cientos de viajes no registrados oficialmente, al menos en la cómoda opacidad estatal.
Aparecen ambos personajes en la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, digna de ser enmarcada en oro o platino.
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Está intentando hacer todo un circo la Fiscalía General del Estado con el procedimiento que debiera ser reservado e incluso confidencial en contra de la alcaldesa Maru Campos.
Hay un plan orquestado de comunicación, incluida la contratación de mensajes en radio y televisión, redes sociales y medios de comunicación para ello.
El chat de Alfonso Villalobos en el whats app del candidato preferido del gobernador, que trascendió en medios digitales, con un plan de medios, es más que evidencia de ello; es la confesión de una orquestación que incluso resulta delictuosa, por el uso de recursos públicos.
Victimizan y revictimizan a la aspirante a la gubernatura como auténtica perseguida política.
Sólo le falta contratar a la Fiscalía espectaculares con un se busca.
Se trata entonces de evitar a toda costa el registro de la candidata Maru Campos, a través de un procedimiento exprés en un juzgado a modo, ante la existencia de un amparo que evita la aprehensión.
Serán entonces las siguientes cuatro semanas de un show mediático, mucho mayor que el desplegado en contra de Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”.
Cero cuidado en las formas, sin reparar en un pequeño detalle, y es que durante los próximos ocho días, Maru recorrerá todo el estado en busca de las firmas de la militancia, poco menos de 900, argumento ideal para construir un andamiaje de movilización social naturalita, que podría cobrar una cara factura a las pretensiones estatales.
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Pues deberá Claudia “Cata” Espino estar organizando los comicios del 2021 y por otro lado, pelear la ratificación en el cargo señalada para mediados de abril.
Pareciera que al INE se le olvidó que Chihuahua estará inmersa en la organización de un proceso electoral mayúsculo.
Y los responsables de estar al cuidado del mismo, los consejeros electorales, serán los primeros en inscribirse para buscar la titularidad del OPLE.
Aunque no se crea, tendrán que aplicar un examen, hacer un ensayo y enfrentar una entrevista, junto con otros especialistas electorales que van tras el hueso que dejó el fallecimiento inesperado del presidente del IEE, Arturo Meraz, un hombre incluyente, tolerante…plural.
La convocatoria es una auténtica maraña de complejidad, distractor innecesario en estos momentos de preparación de la jornada electoral.
Se contaminará el proceso de elección de presidente del órgano electoral con la intervención de múltiples actores políticos, de todos los colores, que meterán la cuchara en el mismito consejo general del INE, como si no fuera suficiente con el choque de intereses que los comicios estatales y federales simultáneos concitan.
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Lo dijimos hace unos días. Las acciones para contener el Covid y evitar más decesos han sido mucho más que un fracaso, son un auténtico desastre.
Han cambiado el semáforo a placer de acuerdo a las circunstancias políticas, desde un escritorio, sin una base objetiva ni científica.
Ya estamos en 3 mil 826 decesos y no se ve mejoría alguna. Los últimos dos meses son para el olvido, ya que hay una indiferencia total desde Palacio de Gobierno y la Secretaría de Salud en específico.
De nada sirve que haya camas, si los pocos infectados por el coronavirus tienen muy pocas probabilidades de salir con vida.
Ayer los intubados eran arriba de 100, igual números de familias en la más completa angustia e incertidumbre por sus seres queridos.
Para colmo, se olvidaron en el decreto del 22 de noviembre, que es la última semaforización publicada, de las personas vulnerables, embarazadas, personas mayores y con enfermedades previas, y la restricción para que laboren, por el alto riesgo de contagio.
Se dirá que se subsana con la inclusión en el Diario Oficial de la Federación de aquel lejano 27 de julio, pero eso es únicamente tapar el ojo al macho como se dice coloquialmente, dejando en la indefensión a las personas vulnerables.
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Si es cierto -como dice la nueva delegada de Programas Federales de Desarrollo, Bertha Alcalde Luján- que hay un blindaje contra elecciones en el gasto social, entonces muy probablemente le quede poco tiempo en la Secretaría del Bienestar a la subdelegada en Guachochi, Francisca “Paquita” Contreras.
La funcionaria federal ha aprovechado su posición, de acuerdo a denuncias de los morenistas serranos, para impulsar a un médico originario del sur del país, Roque Hernández. La idea es convertirlo en candidato a la Presidencia Municipal de la capital turística de la Sierra Tarahumara.
El doctor es un desconocido en la región por razones más que obvias. No obstante, la pretensión de Contreras es hacerlo candidato de Morena.
Sobra decir que tiene todos los vientos en contra y su proyecto, igual que el de la ahora subdelegada que también fue candidata, apunta a fracasar, ante un fuerte dominio priista.
Sería otro perfil perdedor, como ella que ni salió a hacer campaña y para muestra están los ridículos 400 votos que obtuvo en las elecciones del 2018.
Asimismo, la funcionaria federal quiere imponer a su hermana Ana Contreras para candidata a diputada. Sí, la misma que tiene o tenía en la nómina de Bienestar. En este caso está más difícil el objetivo dado que el Instituto Estatal Electoral ha dispuesto que en el Distrito 22 el candidato debe ser un indígena y ella no lo es.
Hay otro perfil, el de Edith Díaz Aguirre, de origen rarámuri y maestra en Educación Indígena de Guachochi, que además es militante de Morena. El problema es que, denuncian, Contreras manipularía a una persona de la etnia tarahumara para luego quitarle la titularidad y dejársela a su hermana.
Así la 4T en la apartada región serrana.
