Los cargos de mandos policiacos y muchas veces militares en Parral son como la lotería. Son muy disputados porque la llamada capital del mundo y su región ha sido convertida en centro de operaciones del crimen organizado
LA COLUMNA de El Diario / sábado, 14 noviembre 2020 |
-Se saca la ‘lotería’ exjefe policiaco
-La del cubrebocas es ley inaplicable
-Convierte Palacio en oficina electoral
-Llega superdelegada con unos millones extra
Los cargos de mando policiacos y muchas veces militares en Parral son como la lotería. Son muy disputados porque la llamada capital del mundo y su región ha sido convertida en centro de operaciones del crimen organizado.
De Camargo hacia Jiménez y hasta Parral; y de Parral por toda la sierra, existe una poderosa red delictiva que ha superado o convertido en cómplice principalmente a las jefaturas policiacas de todos los órdenes, municipales, estatales y federales. Dicen que es una mina de oro.
Bueno, pues quizá en memoria de los buenos recuerdos de su relación con el exjefe de la Comisión Estatal de Policías (CES), Óscar Aparicio Avendaño, el gobernador Javier Corral, acaba de dar el visto bueno para nombrar en Parral como comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a Ginés Jaime Ruiz.
Hablaríamos de extrañeza por semejante nombramiento si nos remontamos a los antecedentes de Aparicio, a la falta total de perfil de Ginés para ese cargo dependiente de la Fiscalía General del Estado, pero le hallamos lógica precisamente en las características lucrativamente gordas de Parral.
Ginés fue regresado sepa Dios de dónde porque ya no formaba parte de la estructura policiaca estatal desde unos días después que violó el fuero del magistrado judicial estatal, Jorge Ramírez, el primero de julio pasado. Lo detuvo y lo llevó a la cárcel por presunta corrupción pero cuando el aún togado gozaba de fuero. La foto correspondiente de aquel momento la tenemos en la versión digital de La Columna.
Se nota la mano de Aparicio todavía en la Fiscalía General del Estado. Es obvio que al gobernador no le interesó ya de plano contener la violencia ni bajar los tremendos índices de inseguridad que golpean al estado.
Los últimos meses que le restan a su administración los está dejando para que los “aprovechen” como año de Hidalgo muchos de sus funcionarios, como es ahora el caso del “jefe Ginés”.
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Hasta el artículo 21 de la Constitución Política de México fue violado con la brillante “Ley Cubrebocas” impuesta por Javier Corral y aprobada por los sumisos 22 de 33 diputados, los mismos que no se resisten a cualquier capricho del Palacio de Gobierno por más ridículo que sea.
La norma que se espera ver publicada hoy en el Periódico Oficial del Estado puede resultar controvertida por los legisladores opositores, que no batallaron para encontrarle los puntos flacos debido a la evidente carencia de técnica y el abuso, el exceso en la facultad de promover nuevas leyes.
De todos esos puntos flacos, el mayor que salió a relucir es que con las multas que impone la norma se viola la Constitución, que en el apartado en mención señala que las sanciones en caso de violaciones a reglamentos gubernativos no pueden ser mayores a un día de salario de una persona empleada en la economía formal o un día de ingreso para quien sea parte de la informal. La Ley Cubrebocas supera esa marca por mucho, tanto de salario mínimo como de salario promedio.
Ciertamente la ley aprobada tiene un rango mayor al de un reglamento, pero las infracciones que marca son de carácter meramente administrativo. A la luz de esto resulta en multas desproporcionadas tanto las que se pretenden aplicar a los empresarios como a los ciudadanos comunes que tengan la osadía de no tener un cubrebocas.
Si a esto se le suma que nadie está obligado a lo imposible -como puede ser comprar un cubrebocas cuando no hay siquiera para un litro de leche en el caso de más de 100 mil habitantes en pobreza extrema- hay materia para impugnar la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los diputados de Morena son los más interesados en echar abajo el ordenamiento, pero no se deciden porque podría tardar más tiempo en tribunales el asunto que la misma pandemia, además de que confían en que nadie, ningún alcalde ni policía municipal, habrá de aplicar tan surrealista norma creada por un dictadorcillo en potencia.
Por inaplicable, pues, podría dejarse de lado el cuestionamiento de su inconstitucionalidad, pero nada le quita ese carácter ni la hace siquiera medianamente aceptable o útil para los fines que dice perseguir.
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Javier Corral debe decidirse entre la gubernatura o dirigir la campaña electoral del 2021.
Aunque sus resultados han sido menesterosos para cualquier tema, seguridad, salud, economía, finanzas…a lo largo de los cuatro años que lleva al frente de la administración, hoy prácticamente ha decidido tirar el arpa para concentrarse en la elección del año entrante.
Hemos presentado información sobre infinidad de reuniones que ha sostenido con actores políticos panistas y no panistas enfocadas específicamente en el 2021 y sus múltiples posiciones de poder que aparecen en juego, sobre todo alcaldías, diputaciones locales y federales, y la gubernatura.
Ayer de plano se brincó la barda. Usó Palacio de Gobierno como cuartel de guerra electoral con todo y numerosa protesta social en las calles aledañas. Tianguistas le exigían trabajar o responsabilizarse del alimento para sus familias.
Corral nomás tuvo oídos para la priista, Graciela Ortiz, que busca la gubernatura y presumiblemente saltar los expedientes X; el diputado del PAN, Miguel Riggs, que va por la alcaldía de Chihuahua; el también panista, Roberto Lara, que igual pretende la alcaldía; el priista duartista Jesús Velázquez, que busca como premio la alcaldía de Guachochi con las siglas del PAN tras haber traicionado al durtismo; y el diputado local, Miguel Latorre, panista que también pretende ser alcalde.
Para todos ellos tuvo espacio en su agenda el gobernador, no para los tianguistas gritando afuera de su oficina por trabajo, ni para los comerciantes que le exigen flexibilizar las medidas restrictivas, ni para las familias de las múltiples víctimas de la violencia.
Ya no queda gobernador ni para lo elemental… nomás para lo electoral-personal.
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Con un aumento importante de presupuesto federal, así es como llegará la nueva superdelegada federal designada para Chihuahua, Bertha Alcalde Luján. Ayer se despidió de su cargo de directora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La funcionaria entregó la oficina que le había encomendado el ahora exsecretario Alfonso Durazo y viajará el fin de semana a Chihuahua, donde asumirá formalmente el lunes el cargo que recién dejó Juan Carlos Loera de la Rosa.
La designación de la abogada como delegada tiene su peso. Es hija de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La familia de Luján y el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani es de las más allegadas al presidente de la República. Su presencia en la nómina pública de alto nivel lo confirma. Eso manda un mensaje de la importancia que le da Andrés Manuel López Obrador a la entidad, aparentemente alejada del centro del país.
Pero además la funcionaria llegará con un mayor presupuesto federal para ejercer y vigilar, algo así como un 2.5 por ciento más que en 2019 en términos reales.
Esa es una cantidad nada despreciable en medio de los reclamos del Gobierno del Estado por los recortes aplicados a las transferencias de la Federación a la entidad, que tuvieron una baja histórica como producto de la caída en la recaudación fiscal participable y los recortes en áreas consideradas excesivas o ineficientes.
El otro punto destacable de su designación es que la mujer es considerada pieza clave en la creación del modelo y la aprobación del andamiaje jurídico de la Guardia Nacional, el modelo experimental de seguridad del sexenio actual que, aunque no ha dado los resultados esperados, es el que habrá de seguir a prueba durante el resto de la administración.
Entonces son dos las vertientes en las que habrá de enfocar su atención la funcionaria: seguridad y gasto federalizado directo, principalmente en los programas sociales prioritarios, que son la marca del sexenio, más allá de los grandes convenios de inversión y coinversión con el estado o los municipios.
Ambos puntos, seguridad y presupuesto, han sido conflictuados por la administración de Javier Corral, con quien la superdelegada buscará llevar la fiesta en paz, pero sin tolerar berrinches ni ataques politiqueros, condición que anticipa el nivel de relación que tendrán. En fin, la semana que entra su mano comenzará a notarse.
