El tercer caído de la tenebrosa Operación Padrino, puesta en marcha por las autoridades antinarco de EU hace casi 10 años, fue el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado
LA COLUMNA de El Diario / sábado, 17 octubre 2020 |
-O cómplices, o tontos, o engañados…
-No pagaron sueldo ni a diputados
-Ahora Hacienda también ahorca a Pensiones
-Sin estrategia para captar voto del extranjero
El tercer caído de la tenebrosa Operación Padrino, puesta en marcha por las autoridades antinarco de Estados Unidos hace casi 10 años, fue el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado. Los dos primeros fueron el capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La detención realizada en Los Ángeles, California, la tarde del pasado jueves, hizo temblar otra vez las estructuras políticas, militares y de seguridad de México. Era obvio, es un pez tan gordo cuya caída pone a todo el sistema de seguridad en entredicho.
Desde su aprehensión comenzaron a manejarse versiones que implicarían al mando militar actual, dado que el actual secretario de la Defensa con Andrés Manuel López Obrador, Luis Crescencio Sandoval, fue subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial, subordinado a Cienfuegos Zepeda en el pasado gobierno. Las horas siguientes fueron aclarando el panorama.
Aunque el golpe a la credibilidad del Ejército es inocultable -es el primer general de cuatro estrellas detenido en el país vecino por sus vínculos con el narco-, ayer López Obrador en la mañanera supo cómo sobrellevar el ramalazo. La detención es evidencia de lo podrido que dejó al Estado el modelo neoliberal, justificó.
Con ello y sin decirlo, el presidente hizo voltear la mira a otra realidad: la caída de Cienfuegos parece cercar a su antecesor, Enrique Peña Nieto. Y sumarlo a otro que está cercado, Felipe Calderón, por las previas detenciones de “El Chapo” y García Luna.
Seguramente ninguno, Peña y Felipe, se atreverían a dar una vuelta a Miami Beach o a la Quinta Avenida de Nueva York. Ni siquiera se atreverían a pasar de shopping a El Paso, luego de ver la suerte de dos de sus más cercanos colaboradores. El miedo es lógico. O sabían lo que hacían sus jefes de seguridad o fueron unos presidentes tontos, engañados. Ni quién crea lo segundo.
A la vista de las buenas relaciones de López Obrador con Donald Trump, la intención de Estados Unidos parece muy clara. Al mexicano, de todos modos, le tocará trabajar en recomponer la desprestigiada imagen de las Fuerzas Armadas, en las que ha depositado toda su confianza.
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También los diputados locales, no sólo los empleados de algunas fracciones o de áreas del Legislativo, fueron víctimas de la mala paga del Congreso del Estado, que irritó a medio mundo el pasado jueves, día de quincena.
La razón de la molestia es que ya fue la segunda quincena consecutiva que les aplican la misma dosis. El último día de septiembre no les pagaron tampoco, fue hasta el siguiente cuando se hizo efectivo en sus cuentas el sueldo.
A muchos empleados, igual que a los pobres legisladores, les pega sobremanera el retraso, debido a que tienen pagos domiciliados a sus cuentas que al no cubrirse generan penas y recargos. A otros tantos lo que les molesta es la actitud de avestruz de los funcionarios legislativos, que no son para dar explicaciones sobre lo ocurrido.
La imagen de un mensaje de Whatsapp, en el que un diputado reclama a uno de los funcionarios de alto nivel del Congreso, puede verse en la versión digital de La Columna. Ahí pone el antecedente de que el retraso de esta quincena no es el único y para colmo la directora de Recursos Humanos, la corralista Olivia Franco, se esconde para no dar respuesta a las quejas de los empleados, ni siquiera de los mismos legisladores.
“(Está) igual o peor que el secretario de Hacienda”, es la queja del legislador.
¿Cuál independencia del Legislativo del Ejecutivo? ¿Cuál división de poderes si presupuestalmente uno está sometido a otro? Siguen sin responderse esos cuestionamientos que surgen ante tan democráticos yerros de Hacienda.
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Otro que sufre los retrasos del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, es el cuadrado director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto “Tito” Herrera. El tío del no médico secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, vive quejándose de las malas condiciones en que lo tiene el responsable de las finanzas estatales, que también es la cabeza de la Junta Directiva de PCE.
El adeudo que tienen las dependencias estatales con el organismo administrador del servicio médico y la seguridad social de los burócratas, está rondando los cuatro mil millones de pesos. En números gruesos eso le deben en conjunto a PCE.
Las cuotas de servicio médico y Pensiones las retiene directamente la Secretaría de Hacienda, pero no las transfiere a la institución. Se las administra a cuenta gotas, de ahí la caída en picada en el trato, la atención, la entrega de medicinas, incapacidades, créditos y demás beneficios que debe otorgar a los trabajadores. Las cuotas patronales que deben aportar las dependencias tienen años sin cumplirse.
Bueno, a eso achaca “Tito” Herrera la gestión que ha venido a menos en Pensiones, desde el comienzo de la administración corralista.
Antes el director no se quejaba porque su sobrino era el subsecretario de Egresos, generoso con su tío como no lo era con las demás dependencias estatales.
Ahora la crisis se profundiza en PCE por dos pésimas gestiones, la del propio Herrera y la de Fuentes Vélez, a quien parecen haberlo rebasado las constantes crisis de flujo que tiene en las cuentas oficiales, por más recortes y supuesta austeridad que presume la administración estatal.
Además de los lamentos de Herrera, se habla de quejas formales por mala administración o desvío de recursos ante la Secretaría de la Función Pública desde hace años, pero esa dependencia a cargo de Mónica Vargas Ruiz parece estar pintada o sólo estar para cuidar otros intereses.
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Un buen mercado de votos que podría cambiar el resultado de la elección en Chihuahua se encuentra en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia y otros pocos países. Son más de 36 mil chihuahuenses los que han tramitado su credencial para votar desde fuera de la entidad, ya sea por vía electrónica o por correo postal.
Esa cantidad de votantes representa, por ejemplo, arriba del cinco por ciento de la cantidad de sufragios con que se ha ganado la gubernatura en 2010 y 2016. También es más de lo que han sacado los candidatos derrotados de los partidos políticos minoritarios.
Extrañamente ninguno de los aspirantes a la gubernatura del PAN, PRI o Morena se han percatado. O si lo saben no han hecho esfuerzo alguno por tratar de conectar con esos electores, a los que podrían buscar por las más diversas vías y hacerlos sentir que son tomados en cuenta.
No es mucho el interés que tienen esos chihuahuenses por las elecciones, lo que se refleja en que sólo 12 mil ya tienen su credencial (de los 36 mil que se han acercado a tramitarla), y únicamente apenas 200 están registrados como votantes, en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE).
Pero aunque las cifras denoten poco interés real en participar, el papel de los partidos y de los candidatos debe ser tomarlos en cuenta como parte de las personas que podrán decidir el rumbo de la gubernatura.
Tienen de aquí a principios de marzo para enfocar una estrategia que los lleve a penetrar en ese mercado alejado, que puede ser acercado gracias a la tecnología.
