GPS / Columna / El Diario de Chihuahua / sábado, 23 enero 2021 |
Deuda de Corral, de la ineficiencia a la quiebra
PRI: Los que regresen empezarán de cero
“Certificó” notario a modo de Palacio
Desde el centro el CEN panista “discrimina” al Estado de Chihuahua en sus promocionales televisivos; o lo que resulta peor, no hay nada qué promocionar.
El dirigente nacional Marko Cortés es el actor principal de los spots que a diario y en horario triple AAA están pautados en las cadenas nacionales de televisión. Son promovidos los logros y/o avances de “los buenos gobiernos panistas”. Tamaulipas, Durango, Guanajuato… Yucatán.
Se trata de la campaña en apoyo a las precandituras federales, que en los hechos aún ni existen, por lo menos en Chihuahua, y en donde se dice que van dirigidos a la militancia cuando en realidad todo mundo los ve o escucha.
El caso es que por cada una de las entidades panistas se describe un logro, pero no incluye Chihuahua con gobierno también blanquiazul. No le alcanza para ser ejemplo nacional.
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Mañana el Partido Acción Nacional (PAN) realizará su elección interna. Definirá al candidato o candidata a la gubernatura en medio de una marcada división y ambiente de confrontación propiciados por Javier Corral.
Una elección en un contexto que no diseñaron y menos imaginaron los fundadores Gómez Morín, los González Luna y mucho menos los referentes locales Prieto, Herrera o los Álvarez, mucho menos las recientes generaciones.
Va Acción Nacional a un proceso histórico, como todos, en donde dos grupos al interior buscan llevarse la nominación. El primero lo encabeza Corral con Gustavo Madero, mientras que el antagónico le corresponde y lidera la propia aspirante María Eugenia Campos Galván.
Madero llega con estructura y patrocinio gubernamental, más la campaña mediática oscura que realiza Corral, el músculo de la Fiscalía estatal y el invadido Poder Judicial.
De ahí se construye la premisa de que se puede presentar una elección de estado. En horas se sabrá.
Desde Palacio, Corral ha llevado al límite su intención de permanecer en el poder y por lo tanto no ceja de amilanar a la aspirante Campos a quien acusa en público y en privado de relaciones indebidas con el duartismo.
Se asume ante los medios como simple ministerio público y hasta juez para, en el nombre de la anticorrupción, pegarle a su propio partido y buscar el decline de la alcaldesa con licencia.
Esa pincelada describe la trama de lo que se presentará el domingo. Amenazas de encarcelamiento por parte del jefe del Ejecutivo y las denuncias de Maru por violencia de género, política y persecución contra Corral.
En este marco acudirá la militancia mañana a las urnas. Una contienda contaminada por la soberbia, estigmatizada por el odio, la confrontación y el abuso desde el poder, como si fuera eterno.
La métrica financiada por el propio partido da cuenta que los números favorecen a Maru, con marcadas preferencias en los 19 municipios del centro sur, desde luego incluyendo la capital, y Ojinaga, no así en Ciudad Juárez; mientras la zona serrana tiene medición por lo menos al arranque de la semana.
No obstante la medición de las preferencias, la elección interna dependerá, como ocurre en otros partidos y en elecciones constitucionales, de la movilidad que realicen los equipos de campaña, las estructuras y las del propio partido.
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Ahora sí que literalmente Corral se quedó con las ganas de llevar a Chihuahua al baile, ante la negativa que le dio el Congreso para contratar el nuevo crédito.
Bastó un lineazo morenista desde el centro, la ira del desdeñado PES, más los atentos saludos de Maru Campos, a través de los diputados panistas Carmen Rocío González y Jorge Soto.
Una deuda por mil 900 millones de pesos que para Corral significaba la seguridad de un retiro tranquilo, en abundancia y abultado bono compensatorio del gran esfuerzo desplegado durante el quinquenio.
No debemos olvidar que se sacrificó en los deportes élite, tan constantes como innecesarios, al igual que viajes a las playas del Pacífico, el Caribe y a la Ciudad de México.
Un nuevo crédito que sumado a la deuda actual, colocaría a todos los habitantes del estado, con una deuda (per cápita) de 14 mil pesos, dinero que ni pidieron ni gastaron los chihuahuenses.
En los números oficiales de la deuda estatal, la Secretaría de Hacienda establece que Chihuahua se coloca como el segundo estado con más deuda en el país, al sumar 50 mil 600 millones de pesos, más una cantidad superior a los 10 mil millones a proveedores.
Sólo por debajo del estado Nuevo León con 86 mil 900 millones; mientras que Sonora ocupa el tercer lugar nacional con 28 mil 400 millones.
Con esta deuda, el indicador de alertas de deudas estatales de Hacienda, Chihuahua mantiene un nivel insostenible, colocado en riesgo inminente de no cubrir sus pasivos con sus ingresos y en observación oficial, aún sin el nuevo crédito negado a Corral.
Sin embargo, los propios números del gobernador Corral dan cuenta de otras historias con peores escenarios.
A la llegada a Palacio de Gobierno, informó que había un boquete económico primero de cinco mil millones, luego lo elevó hasta los siete mil millones; ahora ese déficit se localiza en los 13 mil millones de pesos.
Esa cantidad, más los 50 mil 600 que reconoce Hacienda federal, ubicaría la deuda en 63 mil 600 millones en cifras cerradas.
La administración la recibió con una deuda de 42 mil millones más el déficit de los 7 mil dicho por Corral, lo que significaría que el gobernador ha endeudado al estado con 14 mil 600 millones.
La deuda de Chihuahua obedece a una administración errónea, fallida, en donde aquella idea de una auténtica austeridad, el adelgazamiento de la nómina, viáticos sólo indispensables y cero lujos, quedaron en la retórica corralista.
La deuda significa que Chihuahua está en la quiebra si el término se aceptara para una entidad federativa, por lo tanto provocará una semi parálisis en las próximas administraciones.
La irresponsabilidad de Corral, más con el descaro de acudir a un nuevo crédito, revela la inmoralidad y el desprecio por los chihuahuenses.
Si bien la deuda por sí misma no es un delito; heredarla evoca la impunidad, la hermana mayor de la corrupción.
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Las nuevas estrategias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuntan a que la institución necesita de todos, de otra forma no existen posibilidades de alcanzar los 320 mil votos que acopió en la pasada elección.
Es el colchón con el que parte la nueva dirigencia con Alejandro Domínguez y la precandidata a la gubernatura, Graciela Ortiz González.
Ahora el PRI abre las puertas a las corrientes excluidas por la anterior dirigencia y así por lo menos quedó en la percepción en el arropamiento que le concedieron los exgobernadores, Baeza, Martínez y Baeza Terrazas, más los ex dirigentes del partido durante el registro de Ortiz.
Domínguez busca la suma de los grupos y muestra interés por ir por las ovejas descarriadas, esas que se fueron o a las que de plano les cerraron las puertas.
Quiere de regreso a Marco Quezada, a Francisco Salcido, a Fermín Ordóñez, Lupita Pérez, Avril Gómez y hasta a Fernando Tiscareño.
Cierto es que son liderazgos que antes pertenecían al PRI y que representan la suma de muchos votos, pero también tienen o representan otros intereses que no necesariamente están en el tricolor.
Buena y hasta romántica intención de Domínguez, para los tiempos de campaña en donde las sumas son hacia el interior y las restas para los de enfrente.
Aunque la pre-candidata comparte la idea, ha establecido como regla que todos son bienvenidos, pero deberán comenzar desde abajo, gastando suela, pues se va a privilegiar a la militancia a los leales al ex partidazo.
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Ha llamado la atención entre el gremio notarial de Chihuahua la aparición de Luis Raúl Flores Sáenz como “certificador” de Palacio de Gobierno en documentos que presumiblemente forman parte de la nómina secreta y que implican a Maru Campos y César Jáuregui.
Dicen que (Javier Corral en su periódico local pero sin la firma correspondiente) que el notario Flores certificó la “autenticidad” de las firmas en documentos que serán presentados en próximas audiencias judiciales.
Algunos notarios de inmediato hicieron notar la relación del “certificador” (que no perito en grafoscopía) directo con el gobierno estatal, de donde obtuvo hace no poco tiempo una notaría para su hijo Luis Raúl Flores Sáenz. Le otorgaron la número cuatro con sede atrás de El Heraldo apenas en octubre del año pasado.
Muy pronto deben pagar los Flores la peonada… Aunque el revire puede ser desastroso para ellos a la hora de, precisamente, ser elaborados los auténticos peritajes.
