LA COLUMNA / de El Diario / lunes, 20 julio 2020
Lo que no se ha dicho es que González Tachiquín también ha logrado otro tipo de apoyo del consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza
• Fue cocinado como TP mediante tortura
• Negocian a espaldas de Morena
• Batallaron para convencer a “Lucha”
• Aferrados al relevo de magistrados duartistas
El exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, actualmente preso, duró alrededor de cuatro meses publicando quejas sobre el proceso penal que se le sigue. Lo hizo a través de sus redes sociales, que previamente había anunciado estarían bajo manejo de sus abogados. Sin embargo, desde el ocho de abril guardó silencio. Había anunciado 23 “episodios” con supuestas irregularidades.
Tortura, por delante. Sus denuncias iban desde decisiones judiciales hasta la súplica por su liberación debido a la pandemia de coronavirus. El silencio de Marcelo causó sospechas. Incluso hubo quienes creyeron que ya se encontraba libre desde el mes de junio, pero no. Lo que se sabe oficialmente es que la defensa del también exsecretario particular de César Duarte ha logrado dar la batalla en tribunales federales, en las dos causas que se le siguen: peculado y enriquecimiento ilícito.
No han logrado que se desestimen los delitos, pero sí se encaminan a que enfrente los procesos penales en libertad. Lo que no se ha dicho es que González Tachiquín también ha logrado otro tipo de apoyo del consejero jurídico estatal, Jorge Espinoza. Al funcionario le llegaron por el lado partidista y eso ha facilitado una negociación para flexibilizar las causas que enfrenta. Todo acuerdo con los presos del duartismo pasa por cantar en contra del exgobernador.
El de Marcelo parece que no será la excepción, pues por más que quieran ayudarle funcionarios del nivel de Espinoza, cualquier liberación o beneficio debe rendir resultados en el engrosamiento de las acusaciones contra Duarte.
Es así como el exfuncionario puede pasar al bando de los testigos que habrán de fortalecer los expedientes contra su exjefe. Todo sea por el añorado beneficio de volver a su casa, aunque deba dejar en prenda la dignidad, algo de dinero y su pasaporte.
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A espaldas de la bancada de Morena en el Congreso del Estado comenzaron a negociar la integración de la próxima Mesa Directiva. El coordinador panista, Fernando Álvarez Monje, fue quien inició la semana pasada el sondeo entre los legisladores de otras fuerzas políticas. Se supone que el siguiente año de la Legislatura corresponde a los morenistas –encabezados por Miguel Ángel Colunga–, dirigir los trabajos desde la Presidencia.
El año pasado les ganó René Frías de Nueva Alianza, por una vagancia de Álvarez Monje y el Palacio de Gobierno. Pues bien, ahora parece que se pretende repetir la dosis a los morenistas. Van a aprovechar la falta de acuerdos internos para cambiarles la jugada si no se ponen vivos los diputados que integran la segunda fuerza política. De entrada ya se pusieron los nombres Carmen Rocío González, panista del equipo de la alcaldesa capitalina Maru Campos; Rubén Aguilar, dueño y “diputado vitalicio” del Partido del Trabajo; y del Verde Ecologista, el juarense Alejandro Gloria. Ellos por encima de los morenistas Benjamín Carrera, Humberto Chávez y Ana Carmen Estrada.
De la panista es poco factible por dos cosas: su marcada tendencia anti-Corral, ya demostrada con la reforma electoral, y el hecho de que el PAN ya encabezó un año la Legislatura, el primero.
Eso la hace prácticamente inelegible, pero su nombre fue echado de relleno a la terna que baraja Álvarez Monje. Don Rubén es todo un caso dado que por décadas ha transitado por el Legislativo, local o federal, y sólo una vez para un extraordinario hace muchísimos años se le hizo presidir una sesión. Ni de lejos se ve posible, pero eso decían de un opositor como Frías que ahora encabeza el Congreso.
El verde Gloria es quien parece ir en serio a repetir el camino que ya dejó Nueva Alianza y con eso repetirle la dosis a los morenos. A ver si se dejan o qué son capaces de negociar para no hacer un nuevo papelón.
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Tuvo que salir la llamada de la Secretaría Particular del Tribunal Superior de Justicia, de parte del magistrado presidente Pablo Héctor González, para convencer a Luz Estela “Lucha” Castro de bajar un mensaje que había “posteado” en su cuenta de Facebook. Aunque lo borró media hora después de ponerlo el martes de la semana pasada al mediodía, la captura de pantalla circuló varios días en los chats panistas.
Puede verse en la versión digital de La Columna. “Javier Corral no miente, la nómina secreta existe, yo la tuve en mis manos (…)”, reveló la exconsejera de la Judicatura del Estado en su breve pero polémico mensaje. La abogada, “teóloga”, “jueza” y asesora del Palacio cometió el grave error de evidenciar que sabía de la supuesta nómina que ahora el gobernador usa políticamente contra sus adversarios. ¿En calidad de qué tuvo esa información “Lucha”? ¿Como asesora del gobernador o como consejera de la Judicatura? ¿Y por qué hasta ahora lo dice, con cálculo electoral, y no antes? Fueron las dudas que surgieron tras la publicación.
El daño del comentario estaba hecho a los pocos minutos, pero “Lucha” se resistió a borrarlo aunque le insistieron de la Fiscalía del Estado y la Consejería Jurídica, ante el evidente flaco favor que le hacía a su mecenas Corral. Se negó a borrarlo hasta que la petición le llegó del Poder Judicial, del que fue parte la activista que –ella misma lo confirmó– estuvo manoseando en algún momento de su paso por el servicio público una investigación exclusiva del Ministerio Público.
En fin, es más fácil obstruir órdenes judiciales, armar bloqueos y rapar jueces que de verdad conocer el derecho.
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Si se ponen vivos, los jueces Erick Alberto Parada Díaz y Alejandra Martínez Rosales, designados como especializados en extinción de dominio hace unos días, podrían ser candidatos a magistrados.
En el Poder Judicial hizo ruido la designación de ambos como jueces civiles y además especializados en la novedosa materia; tendrán de base la capital del estado pero conocerán de los casos no sólo en el Distrito Judicial Morelos sino en toda la entidad. Pues bien, no es casualidad que el Consejo de la Judicatura los haya seleccionado para comenzar los procesos de extinción por la vía civil, independientemente de los procesos penales que se sigan contra acusados de acumular propiedades con recursos procedentes de actividades delictivas. La proyección que reciben con ello los coloca como posibles integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Porque es un hecho, van por las sillas de los magistrados duartistas Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda. Dentro de la Judicatura se da por descontado que viene una última embestida contra Ramírez y una salida negociada con Sepúlveda. Es el objetivo, aunque en ello vaya lo que queda de la honra jurídica del Poder Judicial y del Ejecutivo.
En ese camino van los nuevos y flamantes jueces de extinción de dominio, el término que se ha puesto de moda no sólo por las reformas recientes que acaban de cobrar vigencia, también por la captura del exgobernador, aunque siga muy lejos de Chihuahua.
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Ayer distribuyó Víctor Quintana como invitaciones a fiesta de 15 Años un screen shot donde aparece su nombre registrado en grandes caracteres guindas como militante de Morena.
Dice la leyenda que el exfuncionario corralista “aparece registrado en el padrón nacional de protagonistas del cambio verdadero como afiliado a Morena en el Distrito 7 de Chihuahua”. Nos informan los expertos en jurisdicción morenista que es posible siga el nombre del precandidato a gobernador en la lista… pero en estrados sigue dado de baja. Falta pues tiempo para conocer con certeza el status de Quintana en el partido oficial federal.
